Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0136/2019-CA Sucre, 24 de junio de 2019
Expediente: 29306-2019-59-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Pando
En consulta la Resolución de 31 de mayo de 2019, cursante de fs. 35 a 36, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de Pando, por la que, rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Rubén Fabio Ferreira Paz, demandando la inconstitucionalidad del art. 222 del Código Penal (CP) modificado por la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, por ser presuntamente contrario a los arts. 256.I, 257.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 29 de abril de 2019, cursante de fs. 11 a 12 vta., el accionante señala que, está siendo procesado por la probable comisión del delito de incumplimiento de contrato previsto en el art. 222 del CP, modificado por la Ley 004, precepto que refiere: "INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El que habiendo celebrado contrato con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años" (sic), del cual cuestiona su constitucionalidad por infringir los arts. 256. I, 257.I y 410.II de la CPE y 11 del PIDCP ratificado por la Ley 2119 de 11 de septiembre de 2000. Añade que, el art. 11 del PIDCP, establece que: "Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual" (sic), ratificado por la Ley 2119, en tal sentido el art. 410 de la Ley Fundamental, determina que el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenio Internacional, por lo que el art. 11 del PIDCP tiene aplicación preferente conforme el art. 256.I de la CPE, por tanto el art. 222 del CP contradice el principio de aplicación preferente que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Norma Suprema, según el art. 256.II de la CPE.
I.2. Respuesta a la acción
Corrido en traslado por decreto de 6 de mayo de 2019, Luis Aguilar Quispe, Fiscal de Materia, mediante memorial de 16 de igual mes y año, cursante de fs. 17 a 18, manifiesta lo siguiente:
- a)No se identifica una debida fundamentación en su pretensión, pues debió identificar la norma impugnada compatibilizándola con los valores, principios, derechos y normas reconocidas de la Constitución Política del Estado, lo que implica exponer los enunciados jurídicos concretos relacionados con el mandato, prohibición o permisión de conducta de la norma jurídica cuestionada de inconstitucional que vulnere específicamente el contenido de las disposiciones constitucionales; y,
- b)Es conveniente evocar la , que declara la constitucional del art. 222 del CP, debiendo rechazarse la acción por ser manifiestamente improcedente.
Nazira Flores Choque, Asesora Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, por memorial cursante de fs. 32 a 33, refiere que:
- 1)La disposición legal impugnada no guarda relación directa con los preceptos constitucionales identificados, ya que trata sobre contratos y las normas constitucionales señaladas tiene que ver con los tratados internacionales, por lo que, el accionante incumplió con la formulación de motivos inequívocos que demuestren de manera clara porqué el artículo impugnado es contrario a la Ley Fundamental, ante lo cual, corresponde el rechazo de esta acción inconstitucional; y,
- 2)El argumento utilizado en la acción de control normativo formulada es similar al analizado en la , ya que el acusado identificó como fundamento que: "Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual" (sic), por lo que, al existir una línea firme al respecto a un similar argumento, corresponde observar lo estipulado en los arts. 203 de la CPE y 78 y 84 del Código Procesal Constitucional (CPCo), siendo el mencionado precepto instituido en cosa juzgada constitucional, que conlleva a la inmutabilidad de la Sentencia Constitucional y restricción para considerar una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la norma ya declarada constitucional, menos aun cuando el fundamento en el que se basó es el mismo.
I.3. Resolución del Tribunal judicial consultante
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