0137/2019-CA

AUTO CONSTITUCIONAL 0137/2019-CA Sucre, 24 de junio de 2019 Expediente: 29320-2019-61-RDN Recurso directo de nulidad Departamento: Potosí El recurso directo de nulidad interpuesto por Víctor Ezequiel Borda Belzu y Marco Tipolo Mamani contra Remberto Gareca Prada, Ex Alcalde Municipal de Potosí y Williams Cervantes Beltrán, actual Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, demandando la nulidad del Testimonio 064/2015 de 24 de marzo. I. ANTECEDENTES DEL RECURSO I.1. Síntesis de la demanda Por memorial presentado el 7 de junio de 2019, cursante de fs. 131 a 139, los recurrentes, el primero Diputado Uninominal de la circunscripción 34 de la provincia Tomas Frías del departamento de Potosí; y, el segundo, Presidente de la Junta Vecinal "Barrio Lindo", Distrito Municipal 12 de la ciudad de Potosí; aseveran, que por efectos de la migración, desde 1985 varias familias provenientes de diversas regiones rurales del departamento de Potosí, como Tinguipaya, Yocalla y Belén de Urmiri, se asentaron en terrenos baldíos de las afueras de la ciudad de Potosí, construyendo viviendas precarias, sin contar con los servicios básicos, lograron organizar entre tres mil personas la Junta Vecinal "Barrio Lindo" asentado en el Distrito municipal indicado de la zona Bracamonte de Potosí, tramitando su Personalidad Jurídica reconocida mediante Resolución Municipal 033/2008 de 19 de agosto y Resolución Prefectural 164/2008 de 5 de septiembre; afirmando, que pese a las mejoras que obtuvieron en los últimos años, a la fecha no pueden regularizar su derecho propietario, porque originalmente los terrenos donde están asentados eran de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí (GAMP), conforme la Ordenanza Municipal (OM) 046/2012 de 5 de julio, promulgada el 9 de igual mes y año; que en su artículo tercero prohibía la asignación de códigos catastrales y la aprobación de planos a favor de terceros. En ese sentido, añaden que conforme la Escritura Pública 453/2012 de 13 de julio, de protocolización de los documentos relativos a la minuta 063/2012 -no se indicó fecha-, se ratificó la propiedad de dominio público del GAMP sobre las áreas de equipamiento, forestación, áreas verdes y vías del Distrito Municipal 12, ubicado en la zona Bracamonte, urbanización Chapini Bajo, de la ciudad de Potosí, presentado por Zenón Gutiérrez Gutiérrez en su condición de Alcalde Municipal de Potosí ante el Notario de Gobierno y Hacienda del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; bienes que, fueron registrados en Derechos Reales (DD.RR.) con asignación de matrículas, evidenciándose que el GAMP es propietario de 810 434,32 m2 por concepto de áreas de equipamiento, forestación y vías como se indicó. Asimismo aclaran que, el Testimonio 453/2012, confirmó la Escritura Pública 097/2003 de 26 de abril, afirmando la propiedad de las áreas de equipamiento, forestación, áreas verdes y vías, otorgado por el entonces Presidente y Secretario del Concejo del GAMP Jorge Vidaurre Orsolini y Santos Achá Castro, respectivamente; del mismo modo, la Minuta 063/2012 -tampoco se indica la fecha- de reconocimiento expreso de propiedad pública municipal sobre las referidas áreas de equipamiento, forestación, áreas verdes y vías del Distrito Municipal 12, suscrita por Zenón Gutiérrez Gutiérrez, en su condición de Alcalde Municipal de Potosí ante Notario de Gobierno y Hacienda, elevado a rango de instrumento público. Sin embargo, durante la gestión del ex-Alcalde del GAMP Remberto Gareca Prada, mediante Testimonio 064/2015, se transfirieron terrenos municipales a título gratuito a personas particulares, sin autorización de la instancia legal, toda vez que el art. 158.I. núm. 13) de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 4.I y II, 16.21 y 22 de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014, prevén que el Concejo Municipal, mediante resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, debe autorizar la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional. Asimismo, el precitado documento, estipuló que el Municipio potosino, en cumplimiento al acuerdo transaccional, aceptó disponer el cambio de uso de suelo de la totalidad del 100% del área de forestación de 562 072,24 m2 consignado en el plano aprobado de la urbanización Chapini Bajo, de área de forestación, por área residencial o urbanizable, actualmente zona de Barrio Lindo, incumpliendo con ello la Ley precitada; puesto que, el Alcalde Municipal nunca solicitó formalmente al Concejo Municipal, la propuesta de reasignación del uso de suelo, siendo modificadas las matriculas registradas en de DD.RR. a favor de particulares, usurpando con ello las funciones que no le correspondían. Concluyen que, el aludido burgomaestre, no podía autorizar la transferencia de predios a particulares, por cuanto el dueño legítimo o titular era y sigue siendo el Estado Boliviano a través del Municipio de Potosí; sosteniendo que, con dicho proceder la autoridad edil, vulneró el art. 158.I. núm. 13 de la CPE, al ser una de las facultades específicas de la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de la enajenación de los bienes de dominio público del Estado; consecuentemente, el mencionado ex-Alcalde, de manera unilateral y sin autorización del Órgano Legislativo como órgano fiscalizador y deliberante, protocolizó un documento relativo a una minuta de reconocimiento de derecho propietario a favor de particulares, dando lugar a la cancelación del registro de bienes de dominio municipal en la oficina de DD.RR., desconociendo con ello sus competencias y usurpando funciones que no le corresponden. I.2. Argumentos jurídicos del recurso Fundamentan que, el art. 202 de la CPE, determina las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre ellas, según el numeral 12 del mismo artículo que, conozca y resuelva los recursos de nulidad; al respecto, el art. 122 de la Norma Fundamental establece que: "Son nulos los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley", recurso que, al encontrarse dentro del Capítulo Primero del Título IV, se considera una garantía constitucional. Añaden, que el recurso directo de nulidad: "...es una acción jurisdiccional de control de legalidad sobre los actos o resoluciones de las autoridades públicas, cuya finalidad es la de declarar expresamente la nulidad de los actos invasivos o usurpadores de las competencias delimitadas por la Constitución y las leyes; val decir, que es un medio jurisdiccional reparador" (SC 0043/2007 de 20 de agosto). Invocando jurisprudencia constitucional, agregan que la SC 0037/2007 de 2 de agosto, estableció que el recurso directo de nulidad procede en dos supuestos jurídicos: "...

1. 1)La usurpación de funciones que no le competen a la autoridad pública recurrida, debiendo entenderse por tal el ejercicio de una función sin tener título o causa legítima; es decir, el ejercicio ilegitimo por parte de un funcionario o autoridad de una función que le está reconocida a otra autoridad o funcionario; y
2. 2)El ejercicio de una jurisdicción o potestad no asignada por la Constitución Política del Estado o la Ley, debiendo entenderse por tal, el que un funcionario o autoridad asuma una jurisdicción o ejerza una competencia que no le fue asignada por el ordenamiento jurídico; es decir, ejerza una función inexistente; o en su caso estándole asignada la función o reconocida la competencia, ya expiró su periodo de funciones o está suspendido del ejercicio de sus funciones por algún motivo legal". Asevera que, a los efectos de una coherente argumentación jurídica es menester recalcar que el recurso directo de nulidad tiene como sustento jurídico, los arts. 122 de la CPE y 143 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que señala: "El recurso directo de nulidad tiene por objeto declarar la nulidad de los actos de órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no les competen, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emane de la Ley" y del art. 144 del mismo Código, que define como acto a: "...toda declaración, disposición o decisión, con alcance general o particular de autoridad u órgano público, emitida en violación de la CPE o las leyes". Finalmente, el art. 4 de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales que, el Alcalde Municipal para proceder a cualquier acto jurídico, debe pedir la aprobación y autorización al Concejo Municipal y éste a través de una Resolución, Ordenanza o Ley Municipal aprobar lo que se solicitó; agregan que, el art. 16 de la referida ley, con relación a las atribuciones del Concejo Municipal en sus numerales 21 y 22 disponen: "Autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el Numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado". I.3. Petitorio Los recurrentes, solicitan se declare fundado el recurso interpuesto y se determine la nulidad del acto recurrido, inmerso en el Testimonio 064/2015 de 24 de marzo, suscrito entre Raymundo Malfert Prieto, Julián Coro Ayarichi, Román Pastor Coro Ayarichi, Saturnino Ayarichi Coro y Toribio Yucra Gallardo; y, de la transferencia a título gratuito de terrenos a particulares por parte del ex-Alcalde Municipal Remberto Gareca Prada, realizado sin tener facultad para ello, usurpando funciones que no le competen, nulidad que debe abarcar hasta la inscripción y registro en la matricula emitida por la oficina de DD.RR. II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN II.1. Marco normativo constitucional y legal del recurso directo de nulidad El art. 122 de la CPE, dispone que: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley". Por su parte, el art. 143 del CPCo, determina que: "El Recurso Directo de Nulidad tiene por objeto declarar la nulidad de los actos de Órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no les competen, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emane de la Ley". Del mismo modo, el art. 144 del citado Código, establece que: "Se entenderá por acto, toda declaración, disposición o decisión, con alcance general o particular, de autoridad u Órgano Público, emitida en violación de la Constitución Política del Estado o las leyes". Empero, el art. 27.II de la referida norma procesal de la materia, señala que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos o subsanadas las observaciones efectuadas: "La Comisión de Admisión rechazará las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos:

1. a)Cuando concurra la cosa juzgada constitucional.