0137/2023-S1

Los accionantes a través de su representante legal, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliando, manifestaron que:

1. a)Se vulneró su derecho a la valoración de prueba pericial, debido a que, el incidente presentado contenía la descripción de los hechos y la suficiente carga probatoria para que pueda establecerse la cuantificación de daños y perjuicios por lucro cesante; no obstante a ello, tanto el Juez de la causa como los Vocales demandados no tomaron en cuenta los dictámenes periciales emitidos por un profesional arquitecto, informes que contienen todos los datos técnicos, análisis y conclusiones con relación a los daños y perjuicios, los que además del muro y de la puerta de garaje; recaen en el lucro cesante y frutos no percibidos, en razón a que transcurrieron quince años sin que sus personas puedan ingresar a su lote de terreno;
2. b)El profesional arquitecto que emitió el informe pericial, se encuentra plenamente calificado para realizar avalúos y cálculo de daños y perjuicios de toda índole, toda vez que cuenta con estudios de especialización en dicha materia; y,
3. c)El Juez de la causa tuvo la oportunidad de pedir aclaraciones y complementaciones respecto a la metodología aplicada por el perito, pero no lo hizo y de forma pura y simple emitió su Fallo sin considerar dicho dictamen pericial.

Isaías Jorge Vargas Chambi y Carmen del Rio Quisbert Caba, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. por informe escrito presentado el 16 de junio de 2021, cursante de fs. 188 a 190 vta. señalaron lo siguiente:

1. 1)Los accionantes acusan que no se habrían considerado los antecedentes del litigio, lo establecido en la Disposición Transitoria Octava del CPC, así como el alcance del art. 518 del CPC abrg.; argumentos de los cuales, se puede inferir que lo que plantean es el cuestionamiento de la interpretación de la norma procesal aplicada al momento de emitir el Auto de Vista I-364/2020 de 25 de septiembre; sin embargo, no explican por qué la labor interpretativa resulta ser insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, menos identifican las reglas de interpretación que hubieren sido omitidas;
2. 2)Los impetrantes de tutela, no precisaron qué derechos o garantías fueron supuestamente lesionados, estableciendo el nexo de causalidad entre dichos derechos y la interpretación impugnada, conllevando todo ello a que la problemática planteada carezca de relevancia constitucional; y,
3. 3)Se debe tener presente que el art. 90 del CPC, establece que los plazos transcurrirán en forma interrumpida y vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; en ese contexto, el buzón judicial no puede considerarse una ampliación o prórroga al plazo legal establecido, lo que demuestra que sus autoridades no vulneraron el derecho al debido proceso de los accionantes, debido a que ambas partes fueron sometidas a las mismas reglas de interpretación de la norma, tampoco consideran haber afectado el acceso a la justicia pronta y efectiva de los ahora accionantes y menos a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios a las víctimas, respecto a la vulneración de los principios pro homine y verdad material, señalaron que la acción de amparo no tutela principios. Con base a estos argumentos, solicitan se deniegue la tutela impetrada.

Raúl Alejandro Gutiérrez Quisbert, Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 16 de junio de 2021, cursante de fs. 196 a 198 vta., señaló que i) El peticionante de tutela identificó a la Resolución 347/2019 de 14 de agosto, como uno de los actos vulneratorios o lesivos por supuestamente no haber valorado el informe pericial, sin considerar que en virtud al principio de subsidiariedad no puede cuestionarse dicha Resolución, sino únicamente la última determinación emitida por el Tribunal de Alzada, como lo estableció la 0SCP 112/2014 de 10 de junio;

1. ii)Respecto al informe pericial elaborado por el arquitecto Ariel Huanca Rodríguez, en el apartado III.3.3 de la Resolución 347/2019 se efectuó una valoración de dicho documento, oportunidad en la que se explicó los motivos del porque no correspondía considerarse para la cuantificación de daños y perjuicios respecto al lucro cesante, tomando en cuenta que las autoridades jurisdiccionales no están obligadas a asumir las conclusiones arribadas por los peritos;
2. iii)La potestad de interpretación de la legalidad de las normas infra constitucionales y de valoración de la prueba, es privativa de las autoridades ordinarias, no pudiendo la jurisdicción constitucional reexaminar dicha labor, y si bien de forma excepcional puede hacerlo, deben concurrir los presupuestos establecidos en la jurisprudencia constitucional, aspectos que no fueron explicados por los accionantes;
3. iv)La notificación con la Resolución cuestionada fue practicada en Secretaría del Juzgado el 27 de agosto de 2019, actuado procesal que no fue efectuado en forma secreta como señalan los accionantes, puesto que se lo hizo en el marco de las previsiones establecidas en los arts. 82 y 84 del CPC;
4. v)De acuerdo a la Disposición Transitoria Sexta del Código Procesal Civil, en los recursos ante el Tribunal de apelación debe observarse la normativa contenida en el actual Código Procesal Civil, razón por la cual, los Vocales obraron de forma correcta al aplicar dicha normativa; y,
5. vi)Los accionantes para interponer el recurso de apelación respecto a la Resolución 347/2019 tenían hasta el día 30 de agosto de 2019 a horas 18:30, y su presentación en el Buzón Judicial no puede extender dicho plazo.

Willy Cristóbal Silva Mamani, mediante escrito presentado el 16 de junio de 2021, manifestó lo siguiente:

1. a)Los accionantes no cumplieron con el principio de inmediatez, en razón a que la acción de amparo constitucional contra el Auto de Vista I-364/2020 de 25 de septiembre, debió haber sido interpuesta en el plazo de seis meses, dicho plazo precluyó el 25 de marzo de 2021 y la referida acción tutelar fue presentada tres meses después; y,
2. b)Los accionantes a través de la presente acción tutelar, pretenden modificar una resolución mediante una nueva valoración de pruebas, aspecto que no está permitido. Teodora Silva Aduviri, Davir Heriberto Silva Mamani, Miguel Ángel Silva Mamani, Gregorio Mamani Saico, Pablo Conde Gihuacuti, Pablo Pinto Guampo y Remigio Pinto Siñani, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 179, 180, 183, 184.

La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 131/2021 de 8 de julio, cursante de fs. 219 a 226 vta., concedió en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista I-364/2020 de 25 de septiembre, disponiendo que se emita nueva Resolución en el plazo procesal correspondiente, conforme a los razonamientos expuestos en dicho Fallo, sin costas ni costos procesales; con base a los siguientes fundamentos,

1. 1)En cuanto al cumplimiento del principio de subsidiariedad, señalaron que solo debe considerarse el último acto lesivo, identificado como el Auto de Vista I-364/2020, el cual fue emitido dentro de un trámite incidental, y siendo que el procedimiento civil no prevé alguna instancia superior que pueda revisar dicha Resolución, procede la presentación de la acción de amparo constitucional;
2. 2)Respecto a la inmediatez, el Auto de Vista en cuestión fue notificado a la parte accionante el 18 de noviembre de 2020 y la presente acción fue presentada el 18 de mayo de 2021, dentro del plazo establecido de seis meses;
3. 3)Si bien el art. 344 del CPC, establece que las resoluciones que resuelven incidentes solo admitirán el recurso de reposición con alternativa de apelación, y el recurso de apelación de acuerdo a los arts. 256 y siguientes de la misma norma adjetiva civil, procederá contra sentencias y autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la ley; sin embargo, debe considerarse que el derecho a la impugnación se encuentra por encima del principio de legalidad, debido a que el mismo no puede estar sujeto a formalismos que ni siquiera la propia ley lo establecen, de ahí que, tomando en cuenta que el derecho a la impugnación es amplio, la presentación directa del recurso de apelación sobre una decisión que resolvió un incidente, no puede dar lugar a la declaratoria de inadmisibilidad sino que es obligación de las autoridades que conocen el recurso ingresar a su consideración de fondo, por lo que, corresponde conceder la tutela de forma parcial; y,
4. 4)En relación a Raúl Alejandro Gutiérrez Quisbert, Juez Público en lo Civil y Comercial Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, corresponde denegar la tutela, debido a que la Sentencia emitida por dicha autoridad es modificable por el Auto de Vista ahora cuestionado.

Los impetrantes de tutela, alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna, a la reparación y resarcimiento de daños y perjuicios a las víctimas, y valoración de la prueba pericial; toda vez, que el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Quinto al emitir la Resolución 347/ 2019, no consideró la prueba pericial para determinar el lucro cesante; y, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista I-364/2020, declararon inadmisible el recurso de apelación, con el argumento de que el mismo resulta inidóneo al haber sido planteado de forma directa, debido a que, por disposición del art. 344.I del CPC, contra los autos interlocutorios que resuelven incidentes solo procede el recurso de reposición con alternativa de apelación, sin considerar que el trámite de ejecución de sentencia fue iniciado con el procedimiento civil abrogado y que el recurso planteado fue presentado de forma extemporánea. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. i)Respecto al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional;
2. ii)La norma procesal contenida en el art. 518 del Código de Procedimiento Civil abrogado y el derecho a la impugnación de los fallos judiciales;
3. iii)El derecho a la defensa e impugnación como componentes del debido proceso; y,
4. iv)Análisis del caso concreto.