Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0138/2019-S1 Sucre, 17 de abril de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad
Expediente: 26631-2018-54-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 83/2018 de 22 de noviembre, cursante a fs. 78 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rommel Mateo Paredes Quisbert contra William Eduard Alave Laura, ex vocal y Adán Willy Arias Aguilar, actual Presidente de la Sala Penal Segunda e Yvan Noel Córdova Castillo, Vocal de la Sala Penal Cuarta, todos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2018, cursante de fs. 48 a 52 vta., el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y receptación de delitos de corrupción, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera del departamento de la Paz en suplencia de su similar Primero; respectivamente, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 10 de junio, mediante Resolución 210/2018 dispuso la subsistencia de medidas de carácter personal y de los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.1 y 2; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y desvirtuó el numeral 1) de esta última disposición.
Señala que contra la referida Resolución planteó recurso de apelación, por falta de fundamentación y motivación en relación a los arts. 234.1, 235.2 y "237.2" del referido Código, por ausencia de arraigo natural, por no haber efectuado un análisis racional y valoración integral de la prueba.
Por lo que, señala que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió la apelación incidental planteada mediante "Resolución" 363/2018 de 24 de octubre, -siendo lo correcto Auto de Vista- revocando en parte la Resolución 210/2018 de 10 de julio; empero, manteniendo subsistente la detención preventiva, así como los riesgos procesales del art. 235.1 y 2 del CPP, vulnerando su derecho a la libertad personal, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación porque no cumplieron con lo establecido en el art. 236 del CPP; toda vez que, no contiene los hechos, la prueba, ni mucho menos los fundamentos jurídicos en los cuales basaron su decisión; por cuanto, como imputado no puede ejercer su derecho a la defensa, existiendo lesión a sus garantías del debido proceso y a la tutela judicial efectiva; tomando en cuenta que las autoridades demandadas al considerar que los riesgos procesales del art. 235.1 y 2 del citado Código se mantendrían latentes, y que por ello no se le pudiera conceder su libertad u otra medida sustitutiva, no realizaron el contraste con su solicitud, con la concurrencia de los requisitos, prueba y el marco de normas previstas, sino una simple enunciación.
Los Vocales demandados en el Auto de Vista aludido señalaron que se quiso enervar el art. 235.1 del Código citado, pero que la documentación que presentó no sería la idónea ante los antecedentes primigenios de su decisión; por cuanto, persistiría el riesgo procesal señalado en dicha disposición y que al encontrarse el proceso en etapa de investigación como imputado había la probabilidad que altere la prueba; a cuyo mérito, tal ambigüedad vulneró sus derechos a la defensa y tutela efectiva; sin indicar a qué documentación idónea se refiere y si habría sido contrastada con los antecedentes y tampoco los motivos por los que concluyeron que podría destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, y mantener el riesgo procesal referido, sustentando su decisión en una simple suposición, con una apreciación subjetiva por la característica del delito que se le atribuye, lesionando también sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de inocencia.
De igual forma, indica que en relación al art. 235.2 del CPP, las autoridades demandadas en el Auto de Vista aludido señalaron que era importante considerar las "... y ..." (sic), las cuales señalan que el riesgo procesal persistiría hasta que la sentencia tenga calidad de cosa juzgada, cuando ningún riesgo procesal debería estar sostenido solamente en base a suposiciones, debiendo el juzgador asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal, y efectuarse a su vez un análisis y valoración de los medios de prueba y tampoco limitarse a mencionar solamente la jurisprudencia, para determinar que como imputado influiría negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, considerando que con tal análisis se define su libertad.
Por su parte, también señala que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a fin de lograr una decisión a su favor refirió que la Resolución 293/2018 de 23 de agosto, revocó la Resolución 190/2018 de 14 de junio; sin embargo, la primera fue emitida por una apelación planteada por Eduardo Pinto Vargas contra la Resolución 207/2018 de 23 de agosto, mientras que a la que se refirió fue a la Resolución 245/2018 de 8 de agosto, que fue emitida en virtud a la apelación contra la Resolución 190/2018 de 14 de junio dictada a favor de Nelson Manuel Quisbert Medina, en la que se desvirtuaba el riesgo procesal del art. 235.1 del CPP, para que bajo el principio de igualdad y favorabilidad se considere esos aspectos también a su favor; empero, lo mencionado por la ASFI generó confusión que fue denunciado en la audiencia de cesación de la detención preventiva; sin embargo, a pesar de ello, las autoridades demandadas no valoraron ni mencionaron ello en el Auto de Vista aludido, sin señalar el motivo por el que no fue valorado, además conforme se tiene de la revisión de antecedentes, la referida Resolución 245/2018 no fue aparejada al expediente; por lo que, los Vocales demandados decidiendo mantener su detención preventiva sin haber realizado un análisis completo de los elementos de prueba mencionados por su defensa, traduciéndose en una omisión indebida y vulneración del debido proceso, por falta de valoración de una prueba vital como la señalada, vinculado a su libertad personal.
Finalmente manifiesta que en audiencia de 15 de octubre de 2018 se le comunicó que existiría un voto disidente y que por ello se convocó al Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para tener voto dirimidor, el cual fue plasmado en el Auto de Vista 363/2018 de 24 de octubre; empero, limitándose dichas autoridades a realizar una transcripción resumida del argumento de las partes que intervinieron, como si fuera un acta de audiencia, olvidándose que dicha Resolución al definir sobre su libertad debió tener un detalle tanto de la valoración, el criterio utilizado y de la decisión fundamentada de cada uno de los Vocales, lo cual le dejó en indefensión.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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