0138/2021-S1

Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante a fs. 18 señaló que:

1. a)Conforme consta en la Resolución de 20 de marzo de 2020 se ordenó la remisión de antecedentes ante el Tribunal de apelación; a pesar de la conminatoria efectuada durante el periodo de cuarentena al Secretario Abogado de su despacho judicial; esto con el fin que ponga en su conocimiento las actas faltantes con especial atención de detenidos preventivos, situación que fue de conocimiento de Recursos Humanos así como de Control y Fiscalización; y,
2. b)Resultó necesario la notificación con la presente acción tutelar para que dicho funcionario cumpla con sus obligaciones, cumpliéndose con lo extrañado conforme se acredita de la nota de remisión de 3 de agosto de 2020 ante la Sala Penal Cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba constituido en Tribunal de garantías mediante Resolución de 4 de agosto de 2020, cursante de fs. 20 a 23 vta.; concedió la tutela solicitada ampliándola contra Carlos Ariel Rojas Bustamante Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Segundo del referido departamento bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)Efectivamente se constata que la audiencia de cesación a la detención preventiva observada se realizó el 20 de marzo de 2020 -no así el 30 de similar mes y año-, interponiéndose apelación incidental contra la resolución dictada, ordenando la autoridad jurisdiccional hoy demandada la remisión de dicha resolución ante el Tribunal de Alzada;
2. 2)Orden judicial que no fue cumplida hasta después de cuatro meses y quince días, tiempo que constituye un grosero atentado al principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad; y,
3. 3)Si bien se tiene verificado que la autoridad jurisdiccional ordenó la remisión de antecedentes; empero, en razón a su condición de titular del Juzgado, revestida de jurisdicción, competencia y en su calidad de directora del proceso debió verificar la efectivización de aquella determinación, obrando de manera diligente; toda vez que, en obrados no cursa ninguna nota o disposición de la referida autoridad dirigida al Secretario Abogado exigiendo el cumplimiento de dicha actuación; y,
4. 4)Dentro del marco del informalismo reconocido por la SC 0241/2010-R de 31 de mayo corresponde analizar también las actuaciones del personal de apoyo jurisdiccional puesto que la labor en este caso tuvo como emergencia la repercusión negativa en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del solicitante de tutela. Así en el marco del art. 94.15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- se le impone al Secretario Abogado la obligación de labrar las actas de audiencia y dar cumplimiento de las instrucciones impartidas por su superior en grado, consecuentemente al no labrar oportunamente dicho actuado menos remitir el cuadernillo de apelación ante la autoridad competente en el plazo de veinticuatro horas conforme al art. 251 del CPP se evidencia que emergió la legitimación pasiva para asumir responsabilidad ante dicho incumplimiento.