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TCP

0138/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0138/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0138/2026-S3 Sucre 10 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 75081-2025-151-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 5-124 de 13 de junio de 2025, cursante de fs. 178 a 181, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Flora Cecilia Dorado Dorado contra Raquel Arana Aparicio, Directora de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 27 de mayo de 2025, cursantes de fs. 124 a 140 y 143 a 146, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Durante varias gestiones seguidas y sin interrupción, prestó servicios como Veterinaria Responsable del Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD) como "Profesional 3" del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Santa Cruz, cumpliendo la función de supervisar y controlar a los animales del centro; sin embargo, el 26 de junio de 2023, al percatarse que los chanchos de monte o troperos, rompieron la malla de división de su ambiente, al tiempo de ir a contenerlos, fue atacada por uno de ellos, sufriendo mordeduras en ambas piernas y en su brazo derecho, y como consecuencia de este accidente laboral, fue sometida a seis cirugías y otros tratamientos médicos, con la finalidad de recobrar su salud y la movilidad de este brazo; empero, quedó dañada su motricidad, resultando inutilizable, afectando sus labores diarias y laborales, con secuelas permanentes y daño irreversible; por lo que, adolece de una discapacidad motora del brazo derecho.

No obstante ello, continuó prestando sus servicios hasta el 30 de diciembre de 2024, fecha en la cual concluyó su contrato; en consecuencia, esperó ser recontratada como todos los años anteriores; más aún, a sabiendas que la Entidad conocía de su accidente y de las secuelas que le generó; empero, no fue incorporada a su fuente laboral, a pesar de haber solicitado el reconocimiento de su inamovilidad laboral por discapacidad en varias ocasiones.

Consiguientemente, durante la gestión 2024, presentó diferentes notas, tanto al Gobernador como a la Directora de Recursos Humanos del GAD de Santa Cruz, y finalmente el 13 de marzo de 2025, informó sobre su discapacidad y solicitó se tome en cuenta su inamovilidad laboral, a efectos de su reincorporación; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, no recibió respuesta alguna; por lo que, considera que la autoridad demandada se encuentra omitiendo el reconocimiento de sus derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral, sin considerar que se encuentra en situación de vulnerabilidad por su discapacidad.

Aún no cuenta con el carnet de discapacidad; y a pesar que el art. 22 inc. m) de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- establece que la persona con discapacidad debe cumplir con el registro, calificación y carnetización; sin embargo, sobre la base de los principios: pro homine, pro actione, favoris debilis, justicia material, progresividad y aplicación directa de los derechos, debe realizarse en su caso una interpretación material sobre la aplicación formal de esta norma, como lo hicieron la y la , estableciendo que el certificado de discapacidad es una garantía para el ejercicio de los derechos de este grupo vulnerable, pero de ninguna manera puede constituirse en una exigencia que imposibilite la protección de las personas con discapacidad notoria y evidente, pero que formalmente, no obtuvieron aún el mencionado certificado que lo acredite.

La existencia o no de un certificado de discapacidad, no se constituye en un requisito para la protección material de los derechos de las personas con discapacidad notoria y evidente, tal cual es su caso, que puede ser evidenciado por otros medios de prueba; debiendo ponderarse la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, a efectos de lograr la inamovilidad y estabilidad laboral; toda vez que, al ser una persona con discapacidad requiere de tratamientos médicos para mejorar su calidad de vida; empero, al no contar con una fuente laboral, automáticamente se corta el seguro de salud, así como sus recursos económicos emergentes de un salario, sin los cuales no podrá costear su recuperación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad y estabilidad laboral, al trabajo, a la vida, salud, seguridad social y petición; citando al efecto los arts. 9 núm. 5, 15, 18, 24, 45, 46 y 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)Su inmediata reincorporación laboral al mismo cargo o a otro similar, con igual nivel salarial, en reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, estableciendo su ejecución a la autoridad demandada en un plazo de setenta y dos horas;
  2. b)El reconocimiento a su inamovilidad laboral por discapacidad; y,
  3. c)La conminatoria a la autoridad demandada, a efectos de ordenar el pago de sus derechos sociales y salarios devengados, a ser calculados hasta su efectiva reincorporación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 13 de junio de 2025, según consta en acta cursante de fs. 172 a 178, se produjeron los siguientes actuados:

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