Texto del fallo
Texto de la resolucion
-BIS Sucre, 6 de abril de 2026
Expediente: 80181-2025-161-RDN Recurso directo de nulidad Departamento: Chuquisaca
El recurso directo de nulidad interpuesto por Remberto Vicente Choque contra Rodrigo Paz Pereira, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; Sergio Mauricio Medinacelli Monrroy, Ministro de Hidrocarburos; y José Gabriel Espinoza Yañez, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, recurriendo de nulidad los arts. 75 y 76 del Decreto Supremo (DS) 5503 de 17 de diciembre de 2025.
I. SÍNTESIS DEL RECURSO
I.1. Antecedentes
Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2025, cursante de fs. 29 a 35 vta., el recurrente señala que el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus funciones administrativas y reglamentarias, emitió el DS 5503; mediante el cual, se dispuso medidas relacionadas con la eliminación, modificación o restricción de la subvención estatal a los hidrocarburos, particularmente en lo referido al precio y al régimen de financiamiento de dichos productos en el mercado interno.
Alega que sin embargo, el referido Decreto Supremo fue aprobado y promulgado sin la existencia previa de una ley formal emanada de la Asamblea Legislativa Plurinacional que autorice de manera expresa la supresión, o modificación de la subvención a los hidrocarburos, pese a que dicha política pública ha sido históricamente establecida, sostenida y regulada mediante normas con rango de ley, en atención a su impacto estructural en la economía nacional, el costo de vida de la población y el ejercicio de los derechos fundamentales; así, la subvención referida, no constituye una medida meramente administrativa ni de ejecución secundaria, sino una decisión de política económica de carácter estructural, que incide de manera directa en el régimen económico del Estado, en la redistribución de los recursos públicos en la estabilidad social y en la economía de los ciudadanos, razón por la cual su creación, modificación o eliminación se encuentra reservada al ámbito de la función legislativa; pese a ello el Órgano Ejecutivo, a través del DS 5503, recurrido, asumió competencias que no le han sido atribuidas por la Norma Suprema, sustituyendo de hecho a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en una materia que exige deliberación parlamentaria, representación popular y debate democrático, vulnerando así el principio de reserva de ley.
Así, la emisión del DS 5503, en los términos señalados, constituye un exceso de la potestad reglamentaria del Órgano Ejecutivo; toda vez que, los Decretos Supremos tienen como finalidad reglamentar y ejecutar las leyes, más no así crear, modificar o suprimir derechos, beneficios económicos o políticas públicas de rango legal; por lo que más allá de la afectación económica concreta, el agravio principal radica en el quiebre del principio de independencia y separación de poderes, pilar fundamental del Estado constitucional de derecho, generándose un precedente peligroso que debilita el equilibrio institucional y erosiona el sistema de frenos y contrapesos diseñado por la Constitución Política del Estado.
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