Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0140/2024-S1 Sucre, 17 de mayo de 2024
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 63216-2024-127-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 70/2024 de 4 de abril, cursante de fs. 124 vta. a 127 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raquel Sánchez Arteaga y Loren Humberto Zelada Rea en representación de su hija menor AA contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1.Contenido de la demanda
A través de los memoriales presentados el 27 de febrero y 8 de marzo ambos de 2024, cursante de fs. 64 a 71 y 75 a 76, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 27 de junio de 2022, Luisa Aracely Fuchtner Rivas, profesora de la Unidad Educativa Clara Cuta -ahora tercera interesada-, agredió física y psicológicamente a su hija menor de edad AA, en razón a que encontró a sus alumnas jugando con silicona en sus cabellos; de igual forma, refiere que la citada profesora agrede a su hija constantemente -física y psicológica- y al existir suficientes indicios, se le abrió un proceso disciplinario ante el Tribunal Disciplinario Administrativo de la Dirección Distrital de Educación 1 de Santa Cruz, la cual emitió la Resolución Administrativa Final TDADESC1 05/2023 de 17 de febrero, declarando probada la denuncia en contra de la mencionada profesora; posteriormente, presentaron denuncia por el delito de lesiones graves y leves en contra de la citada profesora, el 25 de mayo de 2023 ante el Ministerio Público; por el cual, Gustavo Adolfo Bohórquez Trujillo, Fiscal de Materia, expidió la Resolución de Rechazo de Denuncia el 31 de agosto de igual año, ante ello presentaron objeción a la misma y la cual siendo valorada por Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de citado departamento -ahora demandado-, de manera atentatoria emitió la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-835/23 de 20 de octubre de referido año, confirmando la Resolución objetada, bajo argumentos nulos y atentando contra un grupo vulnerable como son los menores de edad.
La Resolución Jerárquica Fiscal -ahora impugnada- al establecer que si bien la declaración de su hija menor de edad goza de verdad y también toma en cuenta la declaración testifical de otras menores, pero no especifica que declaraciones, o cuales serían los testigos y si dichos testigos podrían haber sido manipulados a objeto de vertir sus declaraciones por parte de sus padres ya que su antagonismo fue manifestado en los actos investigativos.
Asimismo, en la misma Resolución impugnada, señala que la conducta cometida por la denunciada se encontraría como una conducta tipificada en el art. 153 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, y que por el hecho de que no existe días de impedimento no se debería tipificar como delito de lesiones graves y leves; sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso Algodonero vs México, de conformidad a los arts. 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), hace prevalecer el principio de veracidad más allá de cualquier formalidad y por esa situación se pretende hacer valer más un Certificado Médico que la declaración de una víctima menor de edad, cuando se tiene por entendimiento claro y evidente que el simple relato de una menor de edad es suficiente; asimismo, del citado artículo señala "TANTO DE PARES COMO NO PARES, SIN PERJUICIO DE QUE SE SIGA LA ACCION PENAL Y SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE TIPIFICADA EN LA NORMATIVA PENAL" (sic), de ello la misma autoridad refirió que se puede seguir la acción penal, si la agresión física se puede evidenciar hacia un menor de edad y determinarse una incapacidad física; por lo que, la agresión física pudo ser demostrada.
La Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-835/23, es ambigua y no pudo de manera suficiente y clara cumplir los parámetros establecidos en la , para lograr un convencimiento de las partes respecto al principio de congruencia; por lo que, dicha Resolución incumple todos los tratados internacionales, causando indefensión a una menor de edad y pone en duda el principio de veracidad y credibilidad del mismo.
De lo señalado, denuncian la lesión al debido proceso en su vertiente lesión al principio de legalidad, ya que la Resolución RRMM OR-835/23, ya que la autoridad ahora demandada causo indefensión y vulneración en condición de víctima con protección reforzada al ser su hija una menor de edad, incumpliendo los tratados internacionales de los cuales Bolivia es firmante como la Convención Belén Do Para, Consejo de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), tomando en cuenta el caso Campo Algodonero vs. México, toda vez que se puso en duda el principio de veracidad de la víctima poniéndole en estado de indefensión.
Asimismo, denunciaron la lesión al debido proceso en su vertiente de otorgar un valor omitido a la prueba, ya que la autoridad ahora demandada al no poder valorar el Informe Psicológico y la Resolución Administrativa Final TDADESC1 05/2023, vulnero el art. 115 de la CPE y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, las cuales protegen a la víctima debiendo brindar seguridad y confianza a la misma; sin embargo, en la Resolución impugnada confirma la agresión psicológica y que de la misma no se otorgó el valor correspondiente al principio de veracidad, poniendo en duda el testimonio de un menor de edad, manifestando que al no contar con días de impedimento no se subsume al tipo penal, lo cual lesiona al principio de veracidad.
De la misma forma denunciaron que se lesiono el debido proceso toda vez que la citada Resolución Jerárquica impugnada, les puso en indefensión al emitir una Resolución ausente de fundamentación y motivación simplemente de manera genérica, manifestando que se debe creer a los otros menores pero no especifica a quienes y de la misma manera no se resuelve porque no se habría subsumido a la conducta simplemente manifestando que es una falta de la Ley 548, poniéndonos en indefensión porque no estableció el valor que le otorga al principio de veracidad de la víctima.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte peticionante de tutela denunció la lesión de los derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, derecho a la defensa, tutela judicial efectiva, omisión valorativa y principio de legalidad; citando al respecto a los arts. 115.I y II; 119.II de la CPE; y, 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad ahora demandada emita una nueva Resolución, considerando correctamente el valor probatorio del Informe Psicológico de 22 de diciembre de 2022 y la Resolución Administrativa Final TDADESC1 05/2023 las cuales establecen que la menor AA sufrió agresión física; tomando en cuenta la y debiendo aplicar el principio de especialidad y el grado de vulnerabilidad.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 4 de abril de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 116 a 124 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte impetrante de tutela, mediante su abogado ratificó los términos de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo el mismo, señaló que:
- a)La Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-835/23, lesionó como segundo agravio el debido proceso por una carente ausencia de motivación en esa fundamentación causando justamente una incongruencia omisiva por parte del Fiscal Departamental;
- b)Del informe psicológico de la declaración de la niña de ocho años la cual es víctima, claramente relata que la profesora maltrató y jaloneó los cabellos provocando justamente una grave preocupación, presión psicológica, baja autoestima y una connotación de cuestiones que le afectan; por lo que, la Fiscalía admite y establece directrices e inicia una investigación con relación a un delito que cometido por una persona mayor; y,
- c)La Ley protege a la víctima menor de edad como establece la jurisprudencia de forma inmediata; por lo que, solicitó que se revoque la Resolución impugnada y que siga la persecución penal contra la agresora Luisa Aracely Fuchtner Rivas quien era la maestra de la menor AA.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante de fs. 87 a 98 vta., señaló que:
- 1)La Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-835/23, señaló en los antecedentes y consideraciones previas, que implica como se inició el proceso, hizo referencia a los fundamentos que expuso el Fiscal de Materia para emitir su Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia; posteriormente, realizó una fundamentación probatoria descriptiva, señalando los elementos de prueba, enumerándolos del 1 al 15; asimismo, realiza una fundamentación probatoria intelectiva otorgándoles un valor respectivo a cada prueba; respecto de la fundamentación Jurídica de la Resolución, realizó un análisis del caso en concreto refiriendo que la declaración de la menor goza de presunción de veracidad; sin embargo también refirió las declaraciones de menores de edad, compañeros de colegio de la víctima quienes estuvieron presentes en el momento de los hechos y las cuales refieren que no existió una agresión física o psicológica hacia la víctima; empero, al ser una niña la víctima, goza de protección reforzada, no pudiéndose poner en duda su declaración;
- 2)Sin embargo la conducta exteriorizada por la denunciada en su calidad de educadora se encuentra comprendida en art. 153 inc. i) de la CNNA -Infracciones por Violencia contra niñas, niños y adolescentes- lo cual es aplicable al caso ya que se tiene un Certificado médico forense que descartó días de impedimento y consta una entrevista de la menor en el cual se evidencia violencia entre no pares, así como la posible violencia por calificativos que utilizaría la profesora hacia la víctima; empero, no se tienen elementos sustentatorios, que demuestren que la denunciada hubiera causado una incapacidad en la victima conforme lo prevé y tipifica el art. 271 del Código Penal (CP), sea de manera física o psicológica;
- 3)Con respecto al debido proceso en su vertiente omisión y razonable valoración de los elementos de prueba, la Resolución RRMM OR-835/2023, en sus puntos II y III sobre los elementos de prueba colectados en el trascurso de las investigaciones, se realizó un análisis integral e intelectivo de cada uno de estos elementos colectados en la etapa preliminar otorgándoles un valor correspondiente con relación a los hechos denunciados;
- 4)Según la facultad de valoración de la prueba aportada en cualquier proceso corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios; empero, la , concluyo que dicha excepción se da, cuando en la valoración de la prueba existe apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsible para decidir o cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, circunstancias que deben fundamentarse, no siendo suficiente una simple relación o indicar que existió agravio;
- 5)Con relación al derecho al debido proceso en su vertiente lesión el principio de legalidad, al respecto las y la , en relación al principio de legalidad, en este caso el Ministerio Público, cumplió con su obligación de la persecución penal en los delitos de acción penal pública, actuándose de manera imparcial y objetiva, prevaleciendo el interés superior de la menor víctima que este caso merece doble protección; y,
- 6)El art. 225 de la CPE, reconoce al Ministerio Público la atribución de ejercer la acción penal pública en representación de la sociedad; por lo que, no existe la supuesta vulneración al derecho de acceso a la justicia, ya que se tomó en cuenta la , la cual se refiere respecto al principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, dicho criterio fue asumido también en la ; por lo que, los argumentos de la parte accionante se encuentran alejados de la verdad, de lo señalado solicitó denegar la tutela.
I.2.3. Intervención de la tercera interesada
Luisa Aracely Fuchtner Rivas, apersonándose en audiencia, a través de su abogado defensor, señaló que:
- i)De los argumentos expuestos por la parte accionante quienes le iniciaron un proceso disciplinario en la Dirección Distrital de Educación del municipio de Santa Cruz y la cual concluyo con una Resolución Administrativa Final TDADESC1 05/2023, donde se le sanciona por la infracción tipificada en el art. 10 inc. p) del Reglamento de faltas y sanciones administrativas del escalafón administrativo educativo de los maestros -RS 212414-, el cual establece los procedimientos para sancionar infracciones cometidas por los profesores dentro de sus actividades, en ese sentido existiendo una sanción en contra de la profesora, no porque hubiese provocado lesiones físicas y psicológica en su alumna, sino por emplear castigos corporales dentro de la aula, por el hecho de que sacó la silicona del cabello de la niña y la cual habría sentido dolor y esa habría sido la queja ante los padres de la niña;
- ii)Se debe tener en cuenta de que dentro del sistema penal boliviano rige el principio de legalidad y dentro del cual está inmerso el principio de taxatividad y que establecen que para que un hecho sea considerado delito debe estar debidamente descrito en un tipo penal y además debe de cumplirse con cada uno de los presupuestos exigidos que establece el tipo penal, en el presente caso se tiene que el hecho denunciado por los ahora peticionantes de tutela en la vía penal no constituyó delito y al no ser de su agrado la Resolución de rechazo y su ratificación tratan de exigir de que se adecue un hecho atípico a un tipo penal que no corresponde;
- iii)El derecho penal protege bienes jurídicos considerados lesionados no significa que todo bien jurídico reclamado como lesionado tenga que ser protegido por esta por la vía penal; asimismo, según la , refiere que cuando el hecho denunciado no constituye ningún delito, el Estado no está obligado a ejecutar una sanción a hechos que puedan ser parecidos pero que no constituyen ningún tipo de delito, en ese sentido sus autoridades deben valorar y en resolución negar la tutela bajo la supuesta vulneración del principio de legalidad que argumenta la parte impetrante de tutela; y,
- iv)En relación al argumento de que existiría una ausencia de motivación e incongruencia en la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-835/23, porque supuestamente no habrían valorado las pruebas que consideran pertinentes, como la Resolución Sancionatoria y la declaración de la niña víctima -hija de los accionantes-, no es objetiva, pero de la lectura se puede evidenciar que el Ministerio Público valoro todos y cada uno de los elementos de prueba en especial los que ellos manifiestan, y sobre del porque no se habría identificado cuales serían las otras entrevistas psicológicas realizadas a los menores de edad, dicho argumento es falso porque en la Resolución Fiscal se enumera los informes realizados a los menores de edad alumnos de la profesora y compañeros de la niña hija de los ahora peticionantes de tutela que fueron testigos presenciales del hecho, quienes manifestaron de manera contundente y clara de que en un momento la profesora ejerció violencia física o psicológica en los alumnos menos en la niña, sino que fue consecuencia de las acciones que iniciaron estos señores en contra de la profesora producto de una enemistad como bien lo manifestó la representante del Ministerio Público los demandantes tendrían antecedentes en la Unidad Educativa Clara Uta de ser personas conflictivas, personas que tuvieron Votos Resolutivos de declaración de personas no gratas en dicha Unidad Educativa, siendo en consecuencia los argumentos vertidos por la parte accionante falsas y temerarias, por lo que se debe denegar la tutela.
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz por Resolución 70/2024 de 4 de abril, cursante de fs. 124 vta. a 127 vta., concedió la tutela, dejando sin efecto la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-835/23 de 20 de octubre, a objeto de que el ahora demandado en el término de tres días dicte una nueva Resolución, con base a los siguientes fundamentos:
- a)De la revisión de la Resolución Fiscal Departamental RRMM OR-835/23, la autoridad ahora demandada refiere los antecedentes de la denuncia interpuesta por Raquel Sánchez Arteaga y Loren Humberto Zelada Rea -ahora accionantes- donde hubiese existido cierto hecho de violencia por parte de Luisa Aracely Fuchtner Rivas en contra de su hija menor AA y de acuerdo al informe médico forense el que no da días de impedimento y de las declaraciones de otros menores que hacen ver de que no existió esos hechos de violencia considerando además que no aportaron pruebas suficientes para considerar la comisión del delito de lesiones graves que está tipificado por el art. 271 del CP;
- b)De la verificación del informe psicológico elaborado por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), recibido el 22 de diciembre de 2022, manifestó la psicóloga de acuerdo al relato textual de la menor se evidencia violencia entre no pares, ejercido por parte de la profesora Luisa Aracely Fuchtner Rivas, asimismo refiere "...no obstante también existe violencia psicológica bullying por parte de la profesora Luisa Aracely Fuchtner Rivas hacia la menor ya que en reiteradas ocasiones utiliza adjetivos calificativos de burla para referirse a la mencionada menor como ser tardadita, tardada, payasa, sonsa, loca, tal como refirió la menor textualmente en uno de sus fragmentos también a mi mamá le dio que yo era una sonsa yo estaba atrás de mi mamá llorando y me asusté mucho, eso fue porque mi mamá fue donde la profe para saber si yo me porté bien y ahí fue una tremenda pelea porque la profe se agarraba la cabeza y le gritaba a mi madre como si fuera una loca, le dijo que yo era una loca, que era una tardadita le dijo que me puso a primero y por eso yo no sabía nada. Dentro de la interpretación de los resultados de la prueba psicológica en la menor se evidencia credibilidad, presenta signos indicadores emocionales de que se denota en tiempo y espacio y presenta angustia y tensión y baja tolerancia a la frustración y manifiesta también de que virtud a estos hechos es que recomienda terapia psicológica y asumir acciones legales porque la menor no estuviera asistiendo a la unidad educativa por el maltrato físico y psicológico que se está vulnerando su derecho a la educación." (sic);
- c)El ahora demandado evaluó uno de los parámetros que le da el art. 271 del CP, referido a la violencia física que al no contar con días de impedimento, pero también establece dos posibilidades, la violencia física o la violencia psicológica, refiriendo "...se sancionará con privación de libertad de 3 a 6 años al que de cualquier modo ocasionare a otra persona un daño físico o psicológico no comprendido en las causales anterior de la cual deriva incapacidad para el trabajo de 15 hasta 90 días. Si la incapacidad fuera hasta 14 días se impondrá una sanción de trabajos comunitarios, cuando la víctima sea Niña Niño o Adolescente la pena será agravada en dos tercios, tanto en el mínimo como en el máximo" (sic); dicha norma establece el daño físico y el psicológico;
- d)Empero, el ahora demandado evalúa de que no existe un daño físico, omitiendo pronunciarse sobre el daño psicológico y la cuestionante es que si habría daño psicológico y decirle a una menor sonsa, loca, esos no son palabras adecuadas para referirse a una menor; la autoridad demandada habría leído solamente una parte de lo que le manifiesta el informe psicológico, pero al irse a un extremo de decirle loca a una niña y que producto de eso se recomiende terapia psicológica, además que la niña no quiera ir a clases, se debe considerar que tienen que evaluarse las secuelas que se le estarían dejando a esa menor, por eso la autoridad demandada tiene que revisar el informe psicológico para verificar si es que no existe evidencia de que sea contradictorio, o si existieron secuelas o no en la menor, no se puede dejar pasar de que por un certificado médico forense no existan lesiones, entonces en que quedaría la terapia psicológica; y,
- e)La razonabilidad implica decir de que no se pueden emplear esos términos a una menor; por lo que, no se puede permitir la utilización de esos calificativos, por eso se considera que el ahora demandado, no revisó íntegramente los antecedentes, por lo tanto se conceda la tutela a efectos de que la autoridad demandada evalúe correctamente y en su integridad el informe psicológico cursante en el cuadernillo de investigación al evidenciarse la vulneración al derecho a la tutela social efectiva y al derecho al debido proceso.
Asimismo, la autoridad ahora demandada pidió aclaración y complementación, en relación a la valoración del Informe Psicológico de la menor víctima, ya que también debieron valorar los informes psicológicos de los otros menores; asimismo, la tercera interesada, también realizo la misma observación aclarando que la denunciada ya no es profesora de la víctima, dejando de tener un acercamiento y que la menor está en un grado superior; por lo que, no existe un daño psicológico.
La Sala Constitucional, aclaró que no existen otros elementos para desvirtuar el informe psicológico de la menor; por lo que, se otorgó la totalidad del debido proceso en su vertiente falta de fundamentación, motivación, congruencia; y, en relación al motivo ya que no se valoró las declaraciones de los otros menores testigos, eso es una atribución del Fiscal Departamental quien tendría que realizar una valoración integral.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursan en el expediente se establece las siguientes conclusiones:
II.1. Cursa Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia de 27 de julio de 2023, emitida por Gustavo Adolfo Bohorquez Trujillo, Fiscal de Materia, disponiendo el rechazo de denuncia presentada por Raquel Sánchez Arteaga y Loren Humberto Zelada Rea -ahora accionantes- en representación de su hija menor AA seguida en contra de Luisa Aracely Fuchtner Rivas -tercera interesada- por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; bajo los siguientes fundamentos:
"Ahora bien, como parte de los elementos de convicción es de relevancia contar con la valoración médico legal forense, puesto que el bien jurídico protegido que se ha vulnerado según la denuncia es la integridad de la persona, sin embargo, mediante el informe médico forense...
(...)
...Al momento en el que se procede a realizar el presente reconocimiento y con los medios que se dispone en este examen no se evidencia lesiones traumáticas al exterior o signos de violencia. No amerita otorgar incapacidad médico legal.
CONCLUSIONES Menor de edad sin lesiones o signos de violencia física al momento el examen. Asimismo, se le otorgo Requerimiento forense para la entrevista del psicólogo de turno del instituto de investigación IDIF recibido por la denunciante RAQUEL SANCHEZ ARTEAGA mismo que no fue realizado.
(...)
Que, al no haberse aportado elementos suficientes para fundar la acusación en contra del denunciado corresponde aplicarse lo establecido en el art 304 núm. 3 del Código de Procedimiento Penal. (sic [fs. 2 a 13]).
II.2. Mediante Memorial de 30 de agosto de 2023, presentado en el sistema virtual del Ministerio Publico, los accionantes objetan la Resolución fiscal de rechazo de denuncia de 27 de julio de igual año; bajo los siguientes argumentos:
- 1)Que en la Resolución de Rechazo refiere que no existen elementos suficientes de convicción y que no se hizo el seguimiento de la investigación;
- 2)Se dio a conocer a la autoridad que su hija menor de edad sufrió un daño emocional, lo cual fue determinado por el Informe Psicológico el mismo fue remitido en calidad de prueba y que el daño emocional es causante de una lesión;
- 3)Su autoridad debió valorar el grado de vulnerabilidad de la menor AA y realizar el diligenciamiento conforme el enfoque interseccional;
- 4)"Donde queda el cumplimiento que debe hacer su autoridad al juzgamiento desde la perspectiva de género, el enfoque interseccional, la protección reforzada de la víctima, según el art. 15 de la CPE, la Convención Belem Du Para y CEDAW, el art. 47 de la Ley 348" (sic);
- 5)"Los hechos no se subsumen de manera cierta, concreta y real y evidente al verbo rector del tipo penal de lesiones graves y leves, son hechos de naturaleza dolosa que buscan un resultado demostrándose por las declaraciones de los testigos de cargo que son uniforme en tiempo y lugar, espacio, hechos y personas, donde reconocen que su hija es la víctima y la principal autora es Luisa Aracely Fuchtner Rivas, que quiere librar responsabilidad, debiéndose tomar en cuenta la afectación psicológica" (sic);
- 6)"No se ha especificado el porqué de su decisión cuando en las Resoluciones no debe estar ausente la fundamentación según lo razonado por la que ha establecido que una debida fundamentación no debe ser ampulosa, sino simplemente debe gozar de fundamentación; bajo ese entendimiento su autoridad no fue clara respecto a que elementos fueron insuficientes, siendo completamente ambigua su fundamentación, no especificó qué elementos fueron insuficientes cuando cursa simplemente la verdad y máxima prueba que es el relato de su hija menor de edad, que demuestran que se debe valorar dichos elementos, es por cuanto el Ministerio Publico ha incumplido lo modulado por el art. 73 del CPP" (sic); y,
- 7)"DE LA MISMA MANERA SE PUEDE VALORAR QUE EL FISCAL ASIGNADO AL PRESENTE CASO SIENDO EL FISCAL GUSTAVO ADOLFO BOHORQUEZ TRUJILLO TIENE UN ANTAGONISMO CON MI ABOGADO PATROCINANTE Y TAMBIEN HA SIDO LA CAUSAL PARA LA PRESENTE DENUNCIA (sic [fs. 14 a 37]).
II.3. Consta Resolución Fiscal Departamental OR-835/23 de 20 de octubre de 2023, emitida por Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, a través de la cual se dispuso confirmar la Resolución de Rechazo de 27 de julio de 2023, emitido por Gustavo Adolfo Bohórquez Trujillo, Fiscal de Materia en consideración a que al no haberse aportado elementos suficientes para fundar la acusación en contra del denunciado corresponde aplicarse lo establecido en el art. 304.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), rechazando la denuncia; determinación asumida en consideración a los siguientes fundamentos:
- i)En su acápite denominado "ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS" realizó una descripción de los hechos denunciados agregando que en el proceso se emitió la Resolución de Rechazo el 27 de julio de 2023 y que dicha determinación fue objetada el 31 de agosto del citado año, en la cual se identificó los puntos de la objeción planteada por los ahora impetrantes de tutela: "Menciona sobre la protección a su hija que es menor; Refiere sobre un maltrato en un daño emocional; Menciona que el fiscal no valoro íntegramente la documental y elementos de pruebas consistentes dentro de la denuncia omitiendo la protección reforzada la cual ostenta su hija menor de edad; Solicita se revoque la resolución de rechazo de denuncia" (sic); en su "CONSIDERANDO" se determina si es procedentes o ratificar el rechazo de denuncia; y,
- ii)En su acápite "FUNDAMENTACION PROBATORIA DESCRIPTIVA" en el cual refiere que dentro del proceso penal, se acumularon un total de quince elementos probatorios; posteriormente, en su acápite "III. FUNDAMENTACION PROBATORIA INTELECTIVA" sobre la valoración de los elementos de prueba describió:
"Que, en fecha 25 de mayo del 2023, formaliza denuncia RAQUEL SANCHEZ ARTEAGA Y LOREN HUMBERTO ZELADA REA (ESPOSOS), en contra LUISA ARACELY FUCHTNER RIVAS) por la comisión del presunto delito de LESIONES GRAVES Y LEVES, a una menor A.Z.S. de 8 años hecho suscitado en la Unidad Educativa CLARA CUTA ... hecho suscitado en fecha 27 de junio del año 2022 ... se procedió con los actos investigativos las directrices y se le otorgo requerimiento médico legal forenses para la valoración de la menor. Que cursa captura de pantalla del grupo Whatsap "Curso 2 C" en el cual presuntamente la denunciada en su calidad de profesora habría enviado un mensaje en la cual indica textualmente lo siguiente "Buenos días Sres. Padres de Familia. Hoy un grupo de niñas estaban vaciando las siliconas de los otros niños a sus manos para jugar en un lapso de 2 minutos que fui al baño antes de la salida. Entonces con las disculpas del caso las mechonee. Pregunta de quien fue la idea y todas dijeron Alexandra. A todas las clinee."
Imagen referencial con relación a una conducta violenta en áreas escolares realizadas, sin embargo se debe considerar que se denuncia un hecho de violencia física tipificado en el Art. 271 del Código Penal, y que estas conductas deben encuadrarse conforme lo prevé la norma penal, en días de impedimento caso contario se estaría ante una infracción establecida en el Art. 153 Inc. I de la Ley 548.
Que, cursa fotocopia del informe psicológico emitido por la DNA/SLIM de fecha 22 de diciembre de 2022, realizado a la víctima A.Z.S. de 08 años de edad
(....)
5. CONSIDERACIONES PSICOLOGICAS
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