Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0141/2019-S3 Sucre, 11 de abril de 2019
SALA TERCERA Magistrado Relator: Orlando Ceballos Acuña Acción de amparo constitucional
Expediente: 25711-2018-52-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 481/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 144 a 145 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sergio Iván Bonilla Torrico contra Elisa Exalta Lovera Gutiérrez e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 22 y 31 de agosto de 2018, cursantes de fs. 19 a 25 vta. y 28 a 36 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra a querella de la empresa KIMBERLY BOLIVIA SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.), por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsificación de documento privado, interpuso incidente de extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso, habiéndose declarado probado solo el primero por Auto Interlocutorio 13/2016 de 24 de febrero dictado por el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, el mismo fue apelado por la empresa querellante.
Al respecto, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 103/2017 de 28 de noviembre revocaron la decisión del Tribunal de Sentencia señalado, declarando infundado e improcedente la extinción de la acción penal por prescripción promovida por el procesado -accionante-, Resolución que carece de fundamentación; toda vez que los demandados:
- a)Incurrieron en incongruencia aditiva puesto que, el límite de la decisión debía enmarcarse en los agravios expresados por la parte apelante que no expresó la "...falta de precisión del momento exacto en el que fue cometido el ilícito" (sic);
- b)Indicaron que la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Penal (LDEP) -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, determina que no solo los incidentes o excepciones temerarios interrumpen la prescripción, sino también la declaratoria de rebeldía,
- c)Afirmaron que habiendo radicado la causa el 13 de enero de 2015, en el Tribunal Primero de Sentencia de la Capital del departamento señalado, la Ley antes citada ya se encontraba en vigencia; por lo que, debió haber sido aplicada obligatoriamente por las autoridades judiciales, desconociendo radicalmente la prohibición de aplicación retroactiva prevista en la Disposición Final Segunda de LDEP con relación a las modificaciones del art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en concordancia además con lo desglosado en la ; y que, la imputación formal en su contra data del 16 de agosto de 2010;
- d)Generaron incongruencia interna al señalar que "...es la parte imputada quien debe fundamentar y además presentar prueba idónea..." (sic); empero, transcribieron textualmente lo mencionado por el Tribunal Primero de Sentencia, "'NO CURSA ALGUN ANTECEDENTE DE DECLARATORIA DE REBELDÍA, QUE INTERRUMPA EL PLAZO DE LA PRESCIPCIÓN'", afirmación emergente de la revisión de todo el expediente, sin llegar a una determinación asertiva por negación de la existencia de prueba en contra, pero concluyeron que no existió prueba valorada y que se trasladó la carga al acusador particular y al Ministerio Público; es decir, la primera premisa es falsa puesto que si existió prueba producida por la defensa que es el expediente judicial que fue valorado por el Juez de la causa; y,
- e)Con relación al supuesto concurso de delitos, se ha demostrado que este instituto solo tiene efecto para la imposición de la sanción penal, no así para aspectos procesales que se rigen por diferentes principios a los exigidos por la parte general del Código Penal, para determinar la culpabilidad o su eventual sanción penal. Las mismas que están en las Conclusiones "4.3", "5.1" "6" y "7" del fallo impugnado.
I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados
El accionante consideró lesionado el debido proceso en sus componentes de congruencia, fundamentación y a la igualdad ante la ley, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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