Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0142/2004 Sucre, 17 de diciembre de 2004
Expediente: 2004-08969-18-RDI Distrito: La Paz Magistrado Relator: Dr. René Baldivieso Guzmán
El recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad interpuesto por Ricardo Alberto Díaz, Diputado Nacional, demandando la inconstitucionalidad del art. 62 de la Ley 2496 de 4 de agosto de 2003 (Ley de Creación del Servicio Nacional de la Defensa Pública) en la parte impugnada por ser contrario a los arts. 2, 30, 69, 115, 116, 122, 123, 146, 228 y 229 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido del recurso
El recurrente en los escritos de 4 y 26 de mayo de 2004 (fs. 7 a 16 vta. y 20 y vta.), manifiesta que el Servicio Nacional de Defensa Pública se encuentra bajo dependencia estructural y funcional del órgano Ejecutivo, por cuanto el art. 10 de la Ley de su creación consagra únicamente la autonomía e independencia funcional, individual, de los defensores públicos y no así su independencia orgánica, por el contrario, su art. 20 refiere que la máxima autoridad del SERVICIO NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA será designado por el Presidente de la República de terna propuesta por la Cámara de Diputados, dependiendo jerárquicamente del Ministro de la Presidencia, por lo tanto es un servicio público implementado y dirigido por el Poder Ejecutivo, sin ningún vínculo con el Poder Judicial, máxime cuando la Constitución en ninguno de sus artículos referidos este Poder contempla al SERVICIO NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, como tampoco la Ley de Organización Judicial (LOJ).
Afirma que la disposición legal impugnada transgrede el principio de coordinación y equilibrio de los órganos del Gobierno, pues si el Poder Judicial cumple a cabalidad el mandato constitucional de garantizar el acceso gratuito a la justicia y por su parte el Poder Ejecutivo implementa un servicio público destinado a garantizar el derecho a la defensa en materia penal, sabiendo que esa es una función propia del Poder Judicial, pretendiendo que éste subvencione al SERVICIO NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, cuando menos debió coordinar para asignarles siquiera la tuición y otras atribuciones, no siendo racional que un organismo dependiente del Ejecutivo sea subvencionado con los ingresos propios de otro Poder, tratándose de una clara intromisión del Poder Ejecutivo en las funciones propias del Poder Judicial que comienza al implantarse un servicio público paralelo al establecido por la LOJ, atribuyéndose la tuición, dirección y hasta la designación de sus funcionarios.
Sostiene que la Constitución consagra la unidad del Poder Público y la división de su ejercicio en tres órganos, declarando expresamente su independencia, por lo que el Legislativo no puede conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias que pongan en riesgo el equilibrio de Poderes, siendo que el art. 59.3) de la CPE no otorga al Congreso la potestad de disponer del presupuesto del Poder Judicial a favor del Ejecutivo; mientras que el art. 116.I, V y VIII al definir los órganos del Poder Judicial, refiere el carácter administrativo del Consejo de la Judicatura, destacando la autonomía económica y administrativa del Poder Judicial, que fueron violadas flagrantemente por la disposición impugnada. Pide en consecuencia se declare inconstitucional el art. 62 de la Ley del Servicio Nacional de Defensa Pública.
I.2. Admisión y citaciones
Por (fs. 18) se ordenó se subsanen deficiencias formales observadas, cumplido lo cual, por (fs. 21 a 23) se admitió el recurso y se ordenó sea puesto en conocimiento del personero legal del órgano que generó la norma impugnada, lo cual se cumplió el 28 de junio de 2004 (fs. 42).
I.3. Alegato del personero del órgano que generó la norma legal impugnada
Por memorial de 22 de julio de 2004 (fs. 52 a 57 vta.), Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Presidente del Congreso Nacional, formuló alegatos señalando que la reforma procesal penal no se agota con la vigencia del Código de procedimiento penal (CPP), sino pasa también por el establecimiento de todas las condiciones necesarias para que el sistema acusatorio funcione como tal, siendo una de ellas la institucionalización de la defensa estatal de imputado, que constituye una obligación ineludible, resultando inadmisible reputar de inconstitucional el esfuerzo y cooperación entre el Ejecutivo y Judicial para cumplir el mandato constitucional de inviolabilidad de la defensa y de la obligación que tiene el Poder Judicial de dotar defensa legal gratuita, la cual hasta hace poco prácticamente no tuvo vigencia real, sobre todo respecto de los imputados carentes de recursos, pues hasta 1992 la defensa de oficio era entendida como un acto meramente asistencial y simple formalidad, lo que fue superado con la creación del Programa de Defensa Pública, a partir de lo cual se cuenta con funcionarios públicos dedicados exclusivamente a la defensa gratuita de los imputados.
La separación de poderes no es rígida ni establece barreras infranqueables de un órgano hacia el otro, sino más bien flexible, lo que implica que los tres órganos están obligados a coordinar e interrelacionarse, siendo que el art. 2 de la CPE se refiere a las funciones específicas de cada uno de los órganos de poder que conforman el Estado, y en el caso en particular, en ningún momento puede establecerse la injerencia de parte del Poder Ejecutivo en las tareas esenciales del Poder Judicial, razón por la que éste no puede tener tuición sobre el SERVICIO NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, menos en la designación de su personal, pues ello significaría el control del derecho inviolable de defensa y dar justicia, rompiéndose el equilibrio de todo proceso penal: acusación-defensa-juez.
Indica que el Órgano Legislativo tiene la atribución constitucional de crear el SERVICIO NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA en virtud al art. 59 de la CPE, atribuciones 1ª, 3ª y 17ª, mientras que el Ejecutivo tiene la función de organizarlo, ponerlo en marcha y controlarlo, conforme al art. 96, atribuciones 1ª, 6ª, 7ª y 15ª, por lo que en ningún momento se pretendió delegar las facultades esenciales de un órgano a otro, ni el Poder Ejecutivo recibió facultades extraordinarias que pongan en peligro la vida, libertad y los bienes de los habitantes; además, que el SERVICIO NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA esté bajo tuición del Ministerio de la Presidencia no significa dependencia y mucho menos que esté dentro de su estructura orgánica, tratándose de una institución descentralizada, lo que implica autonomía de gestión administrativa, legal y técnica.
Por último, respecto a la autonomía económica y administrativa del Poder Judicial señala que ésta implica que el Consejo de la Judicatura puede formular y ejecutar su presupuesto, consignándose una partida anual en el Presupuesto General de la Nación, cuya aprobación corresponde al Legislativo, encargándose por su parte de la organización y dirección de su estructura administrativa, tareas que en la práctica son plenamente ejercidas por el Órgano Judicial.
Con estos fundamentos solicita se declare constitucional el art. 62 de la Ley 2496.
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