0143/2022-S3

El accionante por intermedio de sus abogados, en audiencia, ratificó in extenso los términos expuestos en el memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló que:

1. a)La empresa YPFB LOGÍSTICA S.A., no dio curso a su reincorporación y se tuvo que continuar con el proceso administrativo, verificando el Inspector de trabajo que "...el cargo del trabajador ha sido cubierto con otro personal y la desvinculación fue realizada bajo la anterior administración" (sic);
2. b)Respecto a la existencia de hechos controvertidos, no fueron legalmente notificados con el recurso de revocatoria, lo que vulnera su derecho al debido proceso para poder acudir a la instancia administrativa;
3. c)La parte accionada trata de dar a conocer que supuestamente no existiría el cargo, ya que presuntamente se lo contrató en circunstancias distintas, debido a una mala contratación, situaciones que resultan ajenas al trabajador, que corresponden a una responsabilidad a la parte administrativa que estaba a cargo en ese momento de la empresa, no pudiéndose desconocer las contrataciones que se realizó en el periodo comprendido de noviembre de 2019 a diciembre de 2020, pues implicaría no solamente desconocer los contratos de trabajo, sino todos los que realizó la empresa; y,
4. d)Se debe valorar de manera objetiva la documentación presentada, puesto que el trabajador cumplió con todos los procesos y los pasos para su contratación; por lo que, la desvinculación fue de forma intempestiva, sin establecer de manera coherente las circunstancias, dado que no se atribuye a su desempeño laboral, sino a cuestiones que no se han podido especificar.

Pablo Paul Zubieta Arce, Gerente General de la empresa YPFB LOGÍSTICA S.A., por informe escrito cursante de fs. 265 a 269, y en audiencia, a través de su abogado, refirió que:

1. 1)La empresa a la que representa es una persona jurídica en la que participa el Estado, regida como tipo organizacional societario por los arts. 339.II, 351.I y 361.I de la CPE; y, 4 de la Ley de la Empresa Pública -Ley 466 de 26 de diciembre de 2013-, conforme Instrumento Público 335/2011 de 3 de marzo, en aplicación de los Decretos Supremos (DDSS) 29542 y 29554 de 1 y 8 ambos de mayo de 2008 y Decreto Supremo (DS) 28071 de 1 de mayo de 2006 de Nacionalización de los Hidrocarburos '"Héroes del Chaco"'; en ese entendido, la entidad hoy accionada, cuenta con un Estatuto Societario donde establece que su máxima autoridad es la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo el accionista mayoritario YPFB con relación a "YPFB TRANSPORTE S.A." y "YPFB REFINACIÓN S.A.", como se evidencia del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de YPFB LOGÍSTICA S.A., estableciéndose en el art. 45 numerales 2, 5, 7 y 17 del Estatuto Societario que la Junta de Accionistas delegará a la Administración de la Empresa a un Directorio, el cual tiene la facultad de designar al personal ejecutivo de la empresa señalada, así como de aprobar el Plan Anual Empresarial (PAE), documento que contiene el presupuesto de la empresa y su respectivo organigrama, habiéndose aprobado mediante Acta de Directorio 10/2019 de 31 de diciembre, el PAE para la gestión 2020, en la que la proyección para la contratación de personal era de once nuevas contrataciones con su respectivo presupuesto definido y aprobado;
2. 2)Durante la gestión de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, la administración transitoria a cargo de la empresa hoy accionada, procedió a la irregular contratación de noventa y cuatro funcionarios, incumpliendo las normas administrativas, financieras, técnicas y legales de la misma, utilizando dolosamente recursos del capital social de la empresa que estaban destinados específicamente a actividades operativas; empero, los mismos fueron transferidos para la contratación irregular y el pago de salarios de noventa y cuatro personas contratadas a plazo fijo y por contratos indefinidos que no estaban aprobados en el presupuesto de la gestión 2020, transgrediendo el procedimiento de reclutamiento y selección de personal "PRS-UTH-03", además del Reglamento Corporativo de Presupuesto; por lo que, no se cumplieron las normas internas referidas al proceso de contratación del personal y las normas presupuestarias, ocasionando una pérdida económica para la empresa de Bs3 035 613.- (tres millones treinta y cinco mil seiscientos trece bolivianos);
3. 3)El 2 de marzo de 2020, contrataron los servicios del accionante de forma irregular mediante un contrato indefinido en el cargo de Apoyo de ÁREA con un salario mensual de Bs3 500.- (tres mil quinientos); no obstante, de manera inaudita el 30 de julio de igual año, le asignaron un nuevo cargo como soporte de administración con una remuneración exorbitante de Bs6 000.-, que posteriormente cambió al denominativo de Auxiliar Administrativo, de lo que se advierte que no se cumplieron a cabalidad los requisitos para ser contratado; es decir, no cuenta con una solicitud a la '"unidad solicitante"'; asimismo, el mencionado cargo de '"Apoyo de Área"', '"Soporte de Administración y Auxiliar Administrativo"' (sic), no se encuentra en el organigrama del personal -no existe el puesto-; no cuenta con la certificación presupuestaria; vale decir, no están garantizados los recursos económicos para asegurar su haber mensual, no estando legalmente aprobados por el directorio, tampoco cuenta con el manual de funciones;
4. 4)El 16 de octubre de 2020, culmina la relación laboral con el accionante, siendo que las autoridades transitorias rescinden el contrato de trabajo bajo la causal prevista en la cláusula primera inc. c) en concordancia con el art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 9 de su Reglamentación, por incumplimiento de las normas y reglamentos internos de la empresa y violación del acuerdo de confidencialidad; es decir, que el despido fue debido al incumplimiento de sus obligaciones laborales, considerando que su contratación carece de legitimidad y legalidad, conforme el informe de auditoría interna YPFBL-UAI-OFC-EC-001/2020 de 30 de diciembre, sobre el proceso de contratación de personal y el informe complementario YPFBL-UAI-OFC-EC-001/2021 de 8 de enero;
5. 5)La presente acción de defensa no cumple con lo previsto por el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), puesto que, se interpuso recurso de revocatoria en contra de la Conminatoria de Reincorporación, habiendo sido notificados el 17 de febrero de 2021 con la Resolución Administrativa (RA) JDTSC/JCCHS/R.R. 009/21 de 4 de febrero de 2021, mismo que dispone declarar procedente el recurso de revocatoria, revocando en su totalidad la referida Conminatoria, determinando declinar competencia ante la instancia jurisdiccional competente para que defina la correspondencia o no de la reincorporación planteada, teniendo el accionante la posibilidad de interponer el recurso jerárquico; por lo que, no se agotó la vía administrativa, más aun cuando la Conminatoria de Reincorporación ha sido revocada, lo que implica un hecho contradictorio, pues existe dos resoluciones emitidas por la autoridad administrativa con referencia a un solo hecho; es decir, existen hechos controvertidos respecto a los derechos y obligaciones emergentes de la relación laboral de la parte accionante con la empresa YPFB LOGÍSTICA S.A. que corresponden ser dilucidados en la judicatura laboral, no pudiendo ser tutelado por la justicia constitucional al no encontrarse consolidado;
6. 6)Conforme lo dispuesto por el art. 9 del Código Procesal del Trabajo (CPT), la judicatura laboral es la instancia competente para decidir las controversias emergentes de los contratos individuales y colectivos, no pudiéndose pretender que la vía administrativa resuelva ese tipo de problemáticas, por no enmarcarse dentro de sus competencias, las cuales están delimitadas en el "DS 28669", citando a dicho efecto la SCP 2054/2013 de 28 de noviembre, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada, considerando que el derecho colectivo "Estado" está por encima del derecho individual;
7. 7)La finalidad de la presente acción constitucional es demorar la ejecución y eficacia de la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 009/21, atentando contra la seguridad jurídica incumpliendo los principios de inmediatez y subsidiariedad, debiendo interponer el recurso jerárquico; sin embargo, no lo hizo dentro el plazo de diez días conforme al art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); y,
8. 8)El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al haber emitido una resolución tiene la calidad de tercero interesado; por lo que, el accionante tenía la obligación de identificarlo al mismo como tal; por otro lado, no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales del prenombrado.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 38 de 8 de marzo de "2020" -siendo lo correcto 2021-, cursante de fs. 274 vta. a 276 vta., denegó la tutela solicitada, sin la imposición de costas por ser excusable; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Constituye un hecho no controvertido que el accionante trabajaba para la empresa YPFB LOGÍSTICA S.A., siendo desvinculado el 16 de octubre de 2020, por tal motivo acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, denunciando su despido ilegal en el marco de lo establecido en el art. 10.III del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, habiéndose emitido Conminatoria de Reincorporación, la misma que es de cumplimiento obligatorio; por lo que, en el caso de que a la fecha estuviera vigente correspondería hacer cumplir dicha determinación; sin embargo, ante el recurso de revocatoria planteado por la parte ahora accionada se revocó en su totalidad la Conminatoria de Reincorporación emitida; razón por la cual, la misma ya no se encuentra vigente;
2. ii)Si bien se acusa que la Resolución de recurso de revocatoria no habría sido notificada a las partes, bajo el principio de verdad material, no sería justo que no se tome en cuenta el documento en el cual se evidencia que la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz dejó sin efecto la Conminatoria de Reincorporación Laboral, declinando competencia ante la instancia jurisdiccional;
3. iii)En consecuencia, ante la existencia de hechos controvertidos la justicia constitucional está impedida de ingresar a tutelar el derecho al trabajo, dado que habiéndose declinado competencia a la vía ordinaria, es donde se tiene que demostrar si hubo o no despido injustificado, ello a través de pruebas documentales, testificales, periciales e inspecciones, no pudiendo definirse dentro de esa audiencia sumarísima dentro las cuarenta y ocho horas, cuáles son los hechos ciertos y no controvertidos; por cuanto, los arts. 4 y 9 del CPT contemplan ello a través de un proceso laboral; y,
4. iv)Al no estar vigente la Conminatoria de Reincorporación Laboral y existir hechos controvertidos, no se evidencia que se hubiesen vulnerado los derechos fundamentales del accionante.