Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0144/2019-CA Sucre, 2 de julio de 2019
Expediente: 29409-2019-59-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución DIR-SEDES 012/2019 de 11 de junio, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada por el Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz, por la que promovió la solicitud formulada por Nélida Quispe Poma, demandando la inconstitucionalidad del art. 42.4 de la Ley de Fiscalización y Transparencia -Ley Departamental 177 de 28 de febrero de 2019-, por ser presuntamente contrario a los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2 incs. c) y d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 4, 7, 8 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 10 de junio de 2019, cursante de fs. 1 a 7, la accionante argumentó que el 14 de mayo del mismo año, fue notificada con el "...Memorándum MR - 037/19, de Agradecimiento de Servicios..." (sic), emitido por el nombrado Director, quien dio por concluida su relación laboral con la institución alegando cumplir con la Resolución 203/2018-2019 -referente a la Resolución de Acto Interpelatorio ALDLP/CLJRE/002/2018-2019- que resolvió en su Artículo Segundo aprobar la moción de censura en su contra, ordenando al Gobernador del citado departamento destituirla de manera inmediata del cargo de Jefa de la Unidad de Gestión Administrativa de Recursos Humanos del SEDES de La Paz, determinación que fue remitida a dicho Gobernador por la Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, mediante nota cite: ALDLP/DIR/UGJ/EXT - 522/2018-2019 de 3 de mayo y puesta a su conocimiento el 6 de mayo de 2019.
Consiguientemente, el 14 del citado mes y año, al considerar vulnerados sus derechos, interpuso recurso de revocatoria contra aquel memorando, dictándose el Auto de Admisión al día siguiente, aperturándose de esa manera el proceso administrativo, cuya resolución depende de la constitucionalidad del art. 42.4 de la Ley de Fiscalización y Transparencia.
Por ese motivo, solicitó al Director Técnico del SEDES de La Paz, que promueva acción de inconstitucionalidad concreta contra el precitado artículo que determina: "En caso de ser censurados los Secretarios y Secretarias del Ejecutivo Departamental, así como máximas autoridades de las instituciones descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas públicas departamentales se procederá a su destitución inmediata", argumentando que dicha Ley está siendo ejecutada por la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz en procesos de fiscalización y moción de censura contra funcionarios del Gobierno Autónomo Departamental, tal como ocurre en su caso, por lo que el mencionado artículo vulnera derechos constitucionales, concretamente al debido proceso y a la defensa reconocidos por la Constitución Política del Estado y por las normas que integran el bloque de constitucionalidad, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese orden, las , y , refieren que el debido proceso implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se adecuen a lo determinado en las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos los que se hallen en una situación análoga, comprendiendo también el conjunto de requisitos a observarse en las diferentes instancias procesales para que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto que emane el Estado y que afecte a sus derechos. Por otra parte, según la , el debido proceso está compuesto por varios elementos, como ser el derecho al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a la presunción de inocencia, entre otros. Asimismo, los derechos al debido proceso y a la defensa son aplicables al ámbito administrativo, de acuerdo a lo referido por las , ; y "775-R de 2 de julio", resultando que la sanción de destitución debe necesariamente imponerse después de haberse seguido un proceso administrativo en el que se establezca la responsabilidad del servidor sujeto al proceso en el ejercicio de sus funciones, en ese sentido fue pronunciada la , siendo asimismo exigible que los servidores públicos, sin importar su categoría y cuando la causa para su destitución esté relacionada a faltas en el ejercicio de sus funciones, tengan derecho a un previo y debido proceso en el cual ejerzan su derecho a la defensa y la señalada garantía, conforme establece la .
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