0144/2023-S4

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia:

1. a)Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2022, emitido por el Juez Décimo de Instrucción Penal del departamento de La Paz, dentro del proceso CUD 201102012005679;
2. b)Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 104/2021 de 3 de septiembre, emitido por el Juez Segundo Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer del departamento de La Paz, dentro del proceso CUD 20110201205245;
3. c)Se deje sin efecto el Auto de Vista 310/2021 de 7 de octubre, emitido dentro del CUD 201102012005679 y el Auto de Vista 385/2021 de 3 de diciembre, emitido dentro del CUD 20110201205245, ambos pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y,
4. d)"EN SU INCIDENCIA SE PROCEDA A LA ACUMULACION DE OBRADOS DEL PROCESO PENAL IDENTIFICADO BAJO EL CUD 20110201205245 HACIA EL PROCESO PENAL BAJO EL CUD 201102012005679 (PROCESO PRIMIGENIO DONDE SE INVETSIGA Y SE JUZGAN LOS MISMOS HECHOS), CONFORME A LOS ARTICULOS 67 Y 68 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL" (sic).

La impetrante de tutela, a través de sus abogados, ratificó los fundamentos de la acción de amparo constitucional y ampliándola manifestó que:

1. 1)A través del Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2021, se decidió fraccionar las facultades que tiene el Estado de ejercer la acción penal, y darle una segunda oportunidad para que pueda perseguir doblemente a una persona, optando por remitir antecedentes ante la existencia de una ampliación de denuncia por los ilícitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes ante el Juez de turno, con competencia en materia anticorrupción, razón por la que se interpuso recurso de apelación, a lo cual no fue resuelto en audiencia sino de oficio ante la solicitud de dos de las partes, emergiendo el Auto de Vista 310/2021 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró firme y subsistente el fallo apelado, por tanto improcedente su recurso "alejado" de una adecuada motivación y fundamentación, y del cumplimiento constitucional que prohíbe el art. 117.II de la CPE, respecto a la persecución penal múltiple ante la apertura de dos procesos por el mismos hecho, independientemente que se modifiquen los delitos, ocurriendo similar situación en el proceso desdoblado "vale decir que ante el Juez Segundo de Instrucción en Materia Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, sobre el cual se fraccionó y derivó esta presenta causa se le ha puesto en conocimiento a través de los incidentes correspondientes, en este caso un incidente de nulidad por conexitud de causa y vulneración del principio non bis in ídem" (sic), autoridad que no consideró la existencia de conexitud de causas señalando que su competencia fue aperturada a raíz de la emisión del Auto de 12 de julio de 2021 "vale decir, que solamente estaría cumpliendo una disposición de un Juez, de una autoridad Judicial de su mismo rango" (sic), competencia que se aperturaría porque los hechos corresponden a la jurisdicción especial anticorrupción, ello sin ejercer un adecuado control jurisdiccional, menos cumplir con lo establecido en la norma, disfrazando esta situación bajo el hecho de que se denuncian diferentes delitos pero son promovidos por los mismos hechos, donde lo que se discute es la sucesión presidencial, existiendo la identificación de la misma prueba e iguales fechas;
2. 2)Al encontrarse doblemente procesada existe el riesgo que pueda ser condenada a dos penas distintas e incluso acumulativas por las arbitrariedades cometidas por el Ministerio Público y el Gobierno que se presenta en calidad de denunciantes; y,
3. 3)Todos los fallos emitidos por las autoridades demandadas son faltos de fundamentación y motivación como componentes del debido proceso, pues "nos han dicho estos Sres. Vocales y los jueces a quo, nos han dicho miren no vamos nosotros a dar ninguna viabilidad a lo que ustedes están impetrando porque simplemente son dos diferentes delitos" (sic), además de tratar de esquivar la fundamentación de su incidente para no ingresar a sus consideración, obviando el principio iura novit curia, "entonces nosotros de forma escrita si es que tal vez se expresó oralmente mal, claramente señalamos que aquí había un doble procesamiento" (sic); lo cual fue demostrado con pruebas; no obstante, se salieron por la tangente, aspecto que no puede ser permitido en un Estado Constitucional de Derecho por lo que solicitaron se conceda la tutela dejándose sin efecto el Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2021, emitido por el Juez Décimo de Instrucción Penal que precisamente es el que motivó el desdoblamiento indebido inobservando el non bis in ídem y la Resolución 104/2021, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción Segundo ante quien se interpuso el incidente de la persecución indebida y doble; y las resoluciones emitidas por los Vocales demandados, por falta de fundamentación y motivación, quienes no observaron de manera adecuada su petitorio; y en consecuencia se disponga la acumulación de obrados del primer caso, identificado como CUD 20110201205245 que es el de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes e incumplimiento de deberes hacia el proceso primigenio que es el CUD 201102012005679 vinculado a terrorismo, el primero que fue iniciado y motivó su detención preventiva, vinculando y observando la conexitud acorde a los arts. 67 y 68 del CPP.

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda y Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 12 de febrero de 2022, cursante de fs. 211 a 212 vta., precisaron que:

1. i)Los fallos emitidos se encuentran debidamente fundamentados con aspectos de hecho, derecho y jurisprudenciales;
2. ii)La accionante, en la acción tutelar interpuesta se limitó simplemente a realizar una relación de hechos inherentes al caso, sin identificar ningún acto u omisión generada efecto de las resoluciones emitidas;
3. iii)La jurisdicción constitucional no es un tribunal ordinario o de otra instancia para revisar las decisiones de la justicia ordinaria, por lo que la actividad interpretativa realizada que involucra la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos y del derecho, no es labor propia de la jurisdicción constitucional; no obstante, para que analice la actividad interpretativa del Tribunal de alzada, la accionante debió realizar una sucinta y precisa relación de la vinculación ente los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa argumentativa, requisito que no fue cumplido; y,
4. iv)No existió vulneración alguna de derechos ni garantías constitucionales, pues los fallos cuestionados son claros y precisos, aspectos en torno a los cuales solicitaron se deniegue la tutela impetrada.

Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 195 a 197, manifestó que:

1. a)Carece de legitimación pasiva para ser demandado, debido a que el fallo que emitió fue sometido a control y revisión ante el superior en grado;
2. b)El 23 de julio de 2021, se dio a conocer mediante el SIREJ al Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer del departamento de La Paz, el CUD signado 201102012105245, conociéndose dentro del control jurisdiccional el escrito presentado por la hoy accionante con la suma: "interposición de Incidentes y Excepciones" en cuyo efecto fue emitida la Resolución 104/2021 de 3 de septiembre, que resolvió la excepción de falta de acción, incidente de actividad procesal defectuosa, incidente de nulidad por conexitud, incidente de actividad procesal defectuosa por falta de control jurisdiccional, que fueron declarados infundados, lo que motivo la interposición del recurso de apelación habiéndose en consecuencia remitido antecedentes al superior en grado, recayendo en la Sala Penal Segunda, donde fue ratificado, por cuanto el derecho a recurrir fue activado sin que exista vulneración a ningún derecho o garantía procesal;
3. c)La accionante pretende dejar sin efecto una resolución de primera instancia cuando existe pronunciamiento en alzada, la cual causa estado al ser una instancia de la jurisdicción ordinaria, además solicita que la justicia constitucional disponga la acumulación de obrados dentro del proceso penal, olvidando que dicha instancia no puede ingresar a razonar o modificar una determinación asumida en la vía ordinaria; y,
4. d)Sus actuaciones se enmarcaron dentro del respeto de las garantías constitucionales, como de los derechos al debido proceso en su vertiente seguridad jurídica y publicidad, en consecuencia solicitó se deniegue la tutela impetrada.

Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 199 a 200, manifestó que:

1. 1)El 4 de diciembre de 2020, se puso a su conocimiento el inicio de investigaciones con CUD 201102012005679 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Luis Fernando Camacho y otros por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, ampliándose dicha denuncia el 11 de marzo de 2021 contra la hoy accionante, presentándose el 13 de igual mes y año, imputación formal contra la prenombrada por los delitos referidos, emitiéndose la Resolución 106/2021, a través de la cual se dispuso su detención preventiva, proceso que el 12 de mayo del mismo año, fue ampliado por el Ministerio Público contra la hoy solicitante de tutela por el ilícito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y el 24 del mismo mes y año, se comunicó otra ampliación por el delito de incumplimiento de deberes, presentándose ampliación de imputación formal por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes e incumplimiento de deberes el 5 de julio de 2021; por otro lado, el 9 del citado mes y año, la Procuraduría General de Estado alegó que los hechos delictivos denunciados en la ampliación de investigación de 12 y 14 de mayo, son por delitos de corrupción, existiendo juzgados especializados y competentes para su tramitación, por lo que solicitó el sorteo y remisión del mismo a un Juzgado Anticorrupción a partir del informe de ampliación de 12 de mayo de 2021, bajo ese contexto es que al amparo de la Ley 004, emitió el Auto Interlocutorio de 12 de julio de 2021, mediante el cual se declaró incompetente y dispuso la remisión de obrados al Juzgado de Instrucción Anticorrupción de turno de la ciudad de La Paz, determinación que fue apelada por la parte imputada, la cual fue confirmada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo que si dicho Tribunal hubiera observado algún aspecto del fallo apelado, hubiera sido modificado o revocado, lo que al no ocurrir da a entender que fue debidamente fundamentado y motivado; por lo que, se procedió al sorteo y remisión correspondiente, recayendo en el Juzgado Primero Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer del departamento de La Paz, por lo que su actuación fue conforme a derecho; y,
2. 2)En cuanto al doble procesamiento señaló que, el proceso con CUD 201102012105245 es por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, y el proceso con CUD 201102012105245 por los ilícitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes e incumplimiento de deberes, lo cual denota que es procesada por dos hechos distintos y no así por el mismo, como alega la hoy accionante, por lo que al no existir vulneración alguna a derechos o garantías constitucionales, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, a través de sus apoderados legales Daniela Norma Zabala Alvarez, Directora General de Asuntos Jurídicos, Julisa Irene Duran Serrano, Jefa de Unidad y Hernan Kiffer Aranda, Abogado de la Unidad de Gestión Jurídica, mediante informe presentado el 11 de febrero de 2021, cursante de fs. 205 a 209 vta. señaló que:

1. i)De la revisión de la acción tutelar intentada, se evidencia que no cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Constitucional, para que sea admitida; asimismo, en el fondo realiza una serie de relatos sobre hechos que no se entienden en su real dimensión;
2. ii)Existe contradicción en el primer memorial y el de subsanación, "en el entendido de que NO SE TIENE ESPECIFICIDAD RESPECTO A LOS ACTOS VULNERADOS, por las autoridades accionadas, es decir, hacer conocer cómo habría vulnerado dichas autoridades accionadas" (sic);
3. iii)Para que una acción constitucional sea atendida, la parte accionante deberá exponer una definición clara, precisa y concisa del hecho, acto u omisión denunciado y los derechos y garantías vulnerados, en la cual deberá explicarse claramente como el acto u omisión vulnera derechos y garantías constituciones, estableciendo de manera precisa cual es el efecto, los que a su vez deben estar relacionados con el petitum, ya que no es posible solicitar la tutela en contra de actos, hechos u omisiones inexistentes, no explicados o que no tengan relación con los derechos y garantías supuestamente vulnerados;
4. iv)Las resoluciones emitidas por las autoridades demandadas se encuentran debidamente fundamentadas, cumpliendo con las estructura de forma y de fondo, y el art. 124 del CPP, ya que el Auto de Vista 385/2021, expresó que no existe non bis in ídem y consecuentemente no evidencio ningún perjuicio ni vulneración, no procediendo dicho principio al ser hechos y causas distintas;
5. v)No puede alegarse la existencia del non bis in ídem cuando no existe doble juzgamiento, menos doble sentencia, ya que en el caso lo que sucedió es que existió un desdoblamiento de la investigación inicial y preliminar perfectamente posible, ya que uno va por terrorismo, sedición y conspiración iniciada previamente incluso al hecho eleccionario del 2019 y el otro solo comprende tres días en los que la ex senadora fue la autora principal, el 10, 11 y 12 de noviembre de igual año;
6. vi)No existe doble sanción ni doble juzgamiento, ya que el Juez de Instrucción Penal Décimo del mencionado departamento, ahora demandado, al percatarse que la imputación recaía sobre un delito catalogado de corrupción derivó la causa al Juzgado Anticorrupción de turno; y,
7. vii)Si la accionante creía que los Autos de Vista emitidos por los Vocales demandados no se encontraban debidamente fundamentados, debieron solicitar explicación, complementación y enmienda, aceptando tácitamente las mismas, por lo que debe declararse su improcedencia; argumentos en base a los cuales solicitaron se deniegue la tutela impetrada.

Juan Kaleff Clemor Vargas, en representación de la Procuraduría General del Estado, durante su intervención en audiencia, argumentó que:

1. a)La parte accionante no identificó de forma clara cuál es la vulneración a sus derechos, ya que si bien hacen mención a varios componentes del debido proceso, pero no explicó de forma clara, jurídica con fundamentos de hecho y derecho como es que fueron vulnerados, pues en su desarrollo tampoco se comprende la relación de causalidad, careciendo de explicación lo cual generará que no pueda ser concedida la tutela que se solicita, pues no se puede plantear una acción de amparo constitucional en términos generales, ya que la hoy solicitante de tutela tenía la obligación de exponer de manera clara en que parte o que parte de la resolución vulnera su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación;
2. b)Respecto al non bis in ídem citó las SCP 210/2013² y 03/2013 de 3 de enero, que hacen referencia a varios aspectos que tienen que ver con dos elementos, la prohibición del doble procesamiento y la prohibición de la doble sanción, porque "entendemos" que no existe sentencia aún en ninguno de los casos, contando dicho principio con tres elementos que la constituyen, la identidad de hecho, a la cual refirieron de manera suscita tergiversando los hechos, cuando es evidente que se trata de dos procesos completamente diferentes, no habiéndose dado cumplimiento en cuanto a este primer elemento, pues el primer caso fue iniciado por terrorismo, sedición y conspiración que tiene que ver con acontecimientos anteriores al 11 y 12 de noviembre de 2019, con un hecho diferente al de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes e incumplimiento de deberes, que tienen que ver con fechas específicas 11 y 12 de noviembre de 2019; tampoco se cumple el segundo elemento que es la identidad de fundamentos, que se refiere a la lesión de un mismo bien jurídico o interés protegido, ya que los ilícitos de terrorismo, sedición y conspiración protegen el bien jurídico de la seguridad del Estado y tranquilidad política, a diferencia de los bienes jurídicos que protege el segundo proceso, que tiene que ver con la función pública o como en doctrina se conoce con el correcto funcionamiento de la administración pública; y,
3. c)El desdoblamiento de los procesos tiene que ver con la garantía del juez natural cuya competencia le asiste al juez Anticorrupción; fundamentos en base a los cuales solicitó se deniegue la tutela solicitada.