Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0144/2026-S1 Sucre, 26 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 51574-2022-104-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 12 de 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 49 a 61, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Patricia Peredo Gallo en representación sin mandato de Carmela Ruiz Escobar contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, cursante de fs. 21 a 30, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carmela Ruiz Escobar -accionante- por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252. 1 y 3 del Código Penal (CP), le iniciaron de manera forzada un proceso penal el 16 de noviembre de 2011, como supuesta "'autora intelectual"'; sin embargo, dos varones confesaron su participación en la muerte de "'Juan de Dios Miranda"', a pesar de ello fue sentenciada a treinta años de privación de libertad, sin que se hubiese demostrado con elementos probatorios suficientes que acredite su participación; por lo cual, planteó recurso de apelación restringida ante el Tribunal de alzada solicitando se restituyan sus derechos vulnerados; empero, "a la fecha" -se entiende de interposición de esta acción de defensa-, no existe resolución al citado recurso, habiendo transcurrido más de seis años de su planteamiento encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Sacaba del departamento de Cochabamba; por más de diez años, sin que se hubiese emitido sentencia condenatoria ejecutoriada contra su persona.
Su detención preventiva fue dispuesta mediante Auto Interlocutorio 111 de 16 de noviembre de 2011, ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1, 2 y "10"; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que en su mayoría fueron desvirtuados a través del Auto Interlocutorio de 29 de julio de 2019, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, quedando subsistente únicamente el peligro de fuga determinado por el art. 234.2 del CPP, tomando los criterios de favorabilidad, le otorgaron medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en su arraigo nacional, dos fiadores personales, presentación cada quince días y la prohibición de acercarse a los familiares de la supuesta víctima; empero, se le hizo imposible conseguir dos fiadores para efectivizar su libertad, por encontrarse detenida preventivamente.
Solicitó al -Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba- señale audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva a objeto de enervar el único riesgo procesal concurrente, al amparo del art. 239.1 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, pedido que fue resuelto en audiencia de 7 de septiembre de 2022, denegándose su solicitud, con el argumento que en la referida etapa ya no podía enervar riesgos procesales; el cual fue apelado, siendo resuelto por Auto de Vista de 27 de dicho mes y año, emitido por la Vocal hoy accionada anulando el Auto Interlocutorio de 7 de ese mes y año, conminando a que se emita nuevo auto interlocutorio ingresando al análisis de fondo de los riesgos procesales aún vigentes. Por consiguiente el citado Tribunal de Sentencia Penal, en cumplimiento del señalado Auto de Vista, mediante Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, ingresó al análisis de la prueba a objeto de enervar el único riesgo procesal vigente en su causa, conforme previene el art. 234.2 del citado Código; empero, valoró de manera incorrecta la prueba, a pesar que esta prueba acreditaba sus arraigos naturales; por lo cual, formuló recurso de apelación incidental contra ese Auto Interlocutorio; aclarando que el mismo no fue apelado por el Ministerio Público ni por el acusador particular.
En -audiencia de consideración del recurso de apelación incidental- interpuesta contra el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, denunció la incorrecta valoración de la prueba con relación al riesgo procesal determinado por el art. 234.2 del CPP; así como, la subjetividad en la que incurrió el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, indicando que, en uso de su derecho de locomoción, podía mantenerse oculta o abandonar el país, consideración que aplicó sin ninguna prueba documental, argumento que resultó ser subjetivo; en consecuencia, la Vocal ahora accionada emitió el Auto de Vista de 27 de igual mes y año, que resulta ser arbitrario y lesivo de sus derechos; ya que:
- a)Incorporó elementos que no fueron objeto de debate para "'REFORZAR"' el art. 234.2 del mencionado Código, al indicar que, es preciso determinar que al existir sentencia condenatoria de treinta años de presidio por el delito de asesinato tendría razones suficientes para abandonar el país y permanecer oculta, aspecto que no fue jamás motivo de la construcción del referido riesgo procesal conforme acredita el acta de aplicación de medida cautelar, no pudiendo ir más allá de los agravios expuestos, menos aún, subsanar los errores del Ministerio Público; puesto que, si el mismo consideraba que se incorpore algún riesgo procesal "deberá" solicitarlo mediante una audiencia; y,
- b)El Ministerio Público y la acusación particular no plantearon recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022. Por lo tanto, la Vocal hoy accionada al incorporar el elemento de la sentencia condenatoria, agravó la "construcción" del art. 234.2 del CPP, e inobservó el principio de prohibición de reforma en perjuicio determinado por el art. 400 del indicado Código.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de congruencia y el principio de prohibición de reforma en perjuicio; citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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