0147/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, consiguientemente:

1. a)Se disponga la anulación del Auto de Sumario Administrativo RES.EDT 040/2019 de 24 de diciembre, para que sea la autoridad sumariante de YPFB Cochabamba la que determine, si corresponde, el inicio del sumario administrativo interno, en apego al juez natural;
2. b)Que la autoridad demandada remita la totalidad del expediente original correspondiente al sumario administrativo iniciado mediante el Auto Sumario Administrativo RES.EDT 040/2019, a la autoridad sumariante de YPFB del departamento de Cochabamba, para que la misma conozca la tramitación del proceso respectivo; y,
3. c)Se determine la responsabilidad civil de la autoridad demandada, condenándose al pago de costas y costos procesales, conforme al art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo.).

Wilson Felipe Zelaya Prudencio, ex Presidente a.i. de YPFB a través de su representante legal, por memorial presentado el 22 de febrero de 2021, cursante de fs. 1071 a 1080 vta., y en audiencia, informó que:

1. 1)Si bien el solicitante de tutela refiere que fue contratado para cumplir funciones en la ciudad de Cochabamba; empero, omitió señalar que por el Contrato de Trabajo PRS-DNRH-I-12063/2012 de 15 de noviembre, fue contratado por YPFB, para prestar sus servicios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como especialista en Upstream y Dowstream, dependiente de la Gerencia Nacional de Empresas Subsidiarias, con sede en Santa Cruz, y que como objeto de dicha contratación presentó una fotocopia de la libreta del servicio militar, que posteriormente fue observado porque no le correspondía ya que era de otro ciudadano, lo que motivó la apertura del proceso administrativo interno, aclarando que el ahora impetrante de tutela tuvo su domicilio en la indicada ciudad, de manera que la competencia para juzgar dichos actos era de la autoridad sumariante de YPFB Santa Cruz;
2. 2)Con anterioridad al 10 de enero de 2020 -en que el accionante solicitó a la autoridad sumariante la declinatoria-, el procesado se apersonó ante la autoridad sumariante de YPFB Santa Cruz, sin haber cuestionado su competencia, realizando así varios actuados desde el 31 de diciembre de 2019, entre ellos: La solicitud de que se realice su declaración informativa en la ciudad de Cochabamba; la presentación de un incidente de nulidad de notificación con la apertura del proceso sumario, alegando que no fue realizado en su domicilio real, desconociendo que su notificación con dicho actuado fue personal; la presentación de un recurso de reposición contra una supuesta denegatoria de solicitud de ampliación del término de prueba; la presentación de pruebas de descargo; y, la presentación de un incidente de prescripción y la presentación de pruebas de descargo;
3. 3)La disposición normativa citada por el accionante como incumplida al resolver la declinatoria de competencia por razón de territorio (art. 7.I del DS 27113 de 23 de julio de 2003), en parte alguna establece que el interesado o procesado puede requerir la declinatoria de competencia en cualquier etapa del proceso, al contrario, el art. 8 del indicado cuerpo normativo; es claro, al establecer que, la cuestión de competencia debe ser promovida por el interesado en su primera intervención en el procedimiento, lo que no ocurrió en el caso, donde la declinatoria de la competencia fue solicitada recién en el tercer actuado;
4. 4)No resulta cierto que, al solicitante de tutela se le hubiera vulnerado el derecho a la defensa; toda vez que, el mismo fue notificado con cada una de las actuaciones del proceso administrativo, de forma personal y en el domicilio procesal de su abogado; y en cuanto al Auto de Apertura de Sumario, este actuado le fue notificado de manera personal el 27 de diciembre de 2019; de la misma manera, es falso lo denunciado en cuanto a que no hubiera podido acceder al expediente original, tomando en cuenta por los antecedentes del proceso que, el impetrante de tutela presentó varios memoriales presentando sus pruebas de descargo, solicitando documentos y otras actuaciones, presentando recursos de impugnación, siete recusaciones y solicitud de excusa; sin que, en ningún momento se le hubiere negado su derecho a la defensa; aclaró que tampoco se le privó el acceso a la información, tomando en cuenta los antecedentes descritos y que el proceso sumario se encuentra en fase de resolución final al haberse concluido el periodo de prueba;
5. 5)No explica el accionante de qué forma se le hubiera vulnerado sus derechos por una posible emisión extemporánea del Auto de 29 de enero de 2020, o cual sería su relevancia constitucional en el caso; observación que también tiene lugar en relación al reclamo de notificación con una fotocopia legalizada de dicho actuado procesal;
6. 6)No corresponde que se anule el Auto de Apertura de Sumario Administrativo Interno RES.EDT. 040/2019, como pretende el solicitante de tutela, pues dicho actuado no fue demandado en la presente acción de amparo constitucional;
7. 7)En cuanto a la pretensión de pago de costas procesales, debe tomarse en cuenta que, el Estado está exento de aquello en el marco de lo dispuesto por el art. 39 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley 1178 de 20 de julio de 1990);
8. 8)No le corresponde a la justicia constitucional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, como es su pretensión a través de esta acción tutelar, pues el impetrante de tutela no cumplió con los requisitos establecidos constitucionalmente a dicho efecto; y,
9. 9)El accionante omitió señalar que dentro del referido proceso interno presentó solicitud a la Autoridad Sumariante de YPFB del departamento de Cochabamba, para que requiera a su par de Santa Cruz, se inhiba de conocer el proceso sumario seguido en su contra, bajo los mismos argumentos formulados en la presente acción de defensa; pretensión que si bien fue rechazada por Auto de 17 de diciembre de 2020, el interesado interpuso recurso de revocatoria contra dicha resolución, el que fue resuelto por Resolución 001/2021 de 3 de febrero, y contra la misma interpuso recurso jerárquico, que se encuentra pendiente de resolución, lo que conlleva a declarar su improcedencia por encontrarse pendiente de resolución un recurso formulado sobre dicho tema. Sobre la base de tales argumentos, solicitó se deniegue la tutela impetrada o se declare su improcedencia.