Volver a sentencias
TCP

0147/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0147/2026-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0147/2026-S3 Sucre, 10 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción popular

Expediente: 79022-2025-148-AP Departamento: Potosí

En revisión la Resolución 04/2025 de 7 de noviembre, cursante de fs. 142 vta. a 148 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por "Enrrique" López Bernal, Tata Curaca Comunal; Justina Salvatierra Mollo, Mama T´alla; Bony Alberto Calcina Esquivel, Tata Alcalde Originario; Celso Muraña Salvatierra, Corregidor; y, Edmer Salvatierra Bautista, Sindicato Comunal, todos autoridades originarias de la Comunidad Fronteriza Originaria Soniquera, provincia Nor Lípez del departamento de Potosí contra Edson Álvaro Villarroel Herrera, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcha "K" del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 28 de octubre y 4 de noviembre de 2025, cursantes a fs. 1 y 74 a 82 vta.; y, 88 a 92 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La colectividad que habita en la comunidad Soniquera pertenece orgánicamente a la Central Única Provincial de las Comunidades Originarias de Nor Lípez del departamento de Potosí, su gestión territorial se ejerce a través de normas y procedimientos propios que regulan los derechos de posesión y cualquier controversia que surja, es dilucidada a través de sus propias autoridades, su cosmovisión y su derecho a la libre determinación.

El 31 de diciembre de 2024, Ignacio Muraña Berna y Evangelina Cruz, esposos y miembros de la comunidad, sin autorización de la misma, realizaron el cercado y alambrado de terrenos de uso colectivo, infringiendo la prohibición del art. 44 núm. 2 de su norma comunitaria, sobre tierras de uso común; que establece lo siguiente: "...en las tierras de uso común, así como en los ciénegos y los campos de pastoreo se prohíbe realizar el cercado, enmallado, alambrado, peor aún de manera clandestina sin consulta y avasallamientos serán sancionados" (sic).

Por lo que, en ejercicio de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), a través de sus normas y procedimientos propios, dispusieron el 26 de enero de 2025 -según sus propias actas- que se notificara a los infractores con la orden de levantar todo el alambrado y los postes en un plazo de veinticuatro horas. Posteriormente, en una reunión extraordinaria de 29 de igual mes y año, decidieron el retiro definitivo del alambrado, determinación que fue ratificada el 8 de marzo del mismo año en su primera asamblea general; sin embargo, los referidos comunarios infractores no cumplieron dicha orden; por lo que, el 12 de agosto del mismo año, la comunidad y sus autoridades retiraron el alambrado, determinación jurisdiccional asumida en el marco de la JIOC.

Emergente de ello, los mencionados infractores los denunciaron -a los ahora accionantes- por la presunta comisión del delito de robo de mil doscientos postes y cuarenta y ocho rollos de alambre, por haber ingresado a sus lotes y lugar de pastoreo a sustraer el material señalado. Denuncia que pretende criminalizar el ejercicio de la JIOC; por ello a través de escritos, de 12 de septiembre y 1 de octubre de 2025, solicitaron al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcha "K" del departamento de Potosí -ahora demandado-, que se tenga presente que el caso ya fue resuelto en la JIOC de la comunidad, con el fin de evitar la criminalización de sus autoridades, quienes actuaron en el ejercicio legítimo de sus funciones jurisdiccionales; no obstante, el demandado, mediante proveído de 3 de octubre del mismo año, les pidió aclarar si estaban suscitando un conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la JIOC.

Los impetrantes de tutela, mediante escrito, aclararon que no existía un conflicto de competencias, en razón a que los hechos calificados como robo en la vía ordinaria, ya fueron resueltos por la JIOC de la comunidad de Soniquera, existiendo cosa juzgada; posteriormente, solicitaron el archivo de obrados; sin embargo, la autoridad demandada, mediante Auto Interlocutorio de 14 de octubre de 2025 rechazó su solicitud, disponiendo más bien la continuidad de la causa penal, acto jurisdiccional lesivo de su derecho colectivo a ejercer su sistema jurídico propio.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denuncian la lesión de sus derechos a ejercer su sistema jurídico; citando al efecto, los arts. 30.II núm 14 y 179.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales; y, 34 y 35 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

I.1.3. Petitorio

Mostrando 17 de 82 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional10 de marzo de 20260147/2026-S3Fuente oficial