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TCP

0148/2015-VD.

Tribunal Constitucional Plurinacional
28 de julio de 2015SALA PLENA
Resumen del caso

Voto Disidente 0148/2015-VD.

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE Sucre, 28 de julio de 2015

SALA PLENA Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma Control previo de constitucionalidad de proyectos de estatutos y cartas orgánicas de entidades territoriales autonómicas Expediente: 10533-2015-22-CEA Departamento: La Paz

En la solicitud de control previo de constitucionalidad del proyecto de la Carta Orgánica presentado por Eraclio Mamani Machaca, Presidente del Concejo, del Gobierno Autónomo Municipal de Quiabaya, provincia Larecaja del departamento de la Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

El suscrito Magistrado, expresa el voto disidente, con relación a la ; ante la interpretación apartada de los preceptos constitucionales en el control previo de constitucionalidad de los arts. 2, 31, 32, 40, 42.5, y 83.1 que corresponde al proyecto de Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Quiabaya, provincia Larecaja del departamento de La Paz. En consecuencia, de conformidad al art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), se exponen los argumentos respectivos de orden constitucional.

II. FUNDAMENTACIÓN

Las directrices que sustentan los argumentos del presente voto disidente, se sintetizan en los siguientes puntos:

II.1. La democracia, Estado Constitucional de Derecho y sujeción de las leyes a la Constitución Política del Estado

La democracia plural, como uno de los principios esenciales del sistema constitucional boliviano, deriva del art. 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) que sustenta y promueve la construcción y consolidación del Estado Plurinacional. De este principio emerge la noción de la democracia política y social que orientan básicamente, la convivencia humana organizada en Estado.

Desde 1994, año en que se reformó la Constitución Política del Estado de 1967, normativamente, se dejó el Estado Legal de derecho, comprendido como una cultura donde predomina la aplicación de las leyes frente a la Ley Fundamental, conformada por principios, valores y normas constitucionales. Desde el año 2009, con el nuevo constitucionalismo boliviano de tipo plurinacional, sustentado en el principio de la supremacía de la Constitución, se ha adoptado el paradigma del Estado Constitucional de Derecho, cuyo contenido implica la sujeción de las autoridades judiciales al contenido de los preceptos constitucionales. En ese sentido, el art. 410 de la CPE establece que todas las personas, sean naturales o jurídicas, así como las funciones o atribuciones de los órganos públicos e instituciones, incluidas las entidades territoriales, se encuentran sometidos a la Ley Fundamental, en esta línea, la Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa.

II.2 El régimen electoral y entidades territoriales autónomas en el marco de una democracia plural

El régimen electoral, como conjunto de normas orientadas a regir la implementación y realización de procesos electorales en sus diferentes formas, ha sido distribuida por el Constituyente, entre el nivel central y las entidades territoriales autonómicas (ETA), con facultad legislativa, de la siguiente manera:

  1. a)El nivel central tiene competencia exclusiva sobre el "Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales, y consultas nacionales" (art. 298.II.1 de la CPE);
  2. b)las autonomías Municipales y Departamentales (art 299.I.1 de la CPE), tienen competencia compartida con el nivel central, sobre el régimen electoral Municipal y Departamental, respectivamente, por lo tanto en razón a esta competencia y ejerciendo el autogobierno previsto en el artículo 5.6 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), los estatuyentes tienen la potestad para desarrollar un régimen electoral acorde a la naturaleza y realidad de cada ETA, pero siguiendo los lineamientos generales y criterios rectores definidos por la Ley Básica (garantizando el ejercicio de los derechos políticos, democracia intercultural-plural), ampliando la mayor participación de la ciudadanía en el ejercicio del poder, por medio de representantes poblacionales, territoriales e Indígena Originario Campesino (IOC); y
  3. c)las autonomías IOC, tienen la exclusividad para desarrollar y ejercer sus instituciones democráticas conforme a sus normas y procedimientos propios.

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