Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0148/2019-S3 Sucre, 11 de abril de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expediente: 25729-2018-52-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución AC-09/2018 de 21 de septiembre, cursante de fs. 136 a 138, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Guillermo Pou Munt Serrano contra Sergio Bernardo Dávila Corrales, Subgerente de Análisis y Normas a.i.; Carlos Antonio Zubieta Aguilar, Subgerente de Asuntos Jurídicos a.i.; Roger Omar Mancilla Campero, Jefe del Departamento Legal, Civil y Comercial Primero a.i.; y, Fernando Germán Linares Peralta, Jefe del Departamento de Realización de Activos, todos del Banco Central de Bolivia (BCB).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 4 y 14 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 26 a 30 vta., 33 a 38, el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Dirección de Administración Territorial y Catastral, emitió la Resolución Administrativa (RA) 46/2015 de 19 de marzo, por la cual aprobó el Plan Integral de Área Alto Auquisamaña, con una superficie de 2 323 135,5 m2 y los planos de los conjuntos urbanos y áreas no urbanizables, dentro de estas últimas "LAS AREAS DE VIAS" como ser la calle "S/N 29", que conforme a ley es un bien de dominio público y resultó ser la única vía de acceso al lugar donde debió realizar trabajos de construcción de muros perimetrales y otros, para los cuales fue contratado el 14 de abril de 2018, firmando contrato de obra con Farid Rojas Villavicencio, para ejecutar trabajo de construcción.
El 23 y 24 de julio de 2018, pretendió llegar a los lotes vecinos del sector; pero, constató que la calle "S/N 29" estaba cerrada con callapos y alambres de púas (siendo notariado mediante el acta correspondiente), que fueron colocados por el BCB, a través de sus funcionarios demandados utilizando vías de hecho, para suprimir su derecho a la libre circulación por territorio nacional; de esta forma, al no permitirle circular por las calles del sector -que constituyen áreas públicas- amenazan gravemente con restringir su derecho al trabajo. Enfatizando respecto de que la normativa municipal prohíbe toda intervención de particulares y/o instituciones del Estado sobre los bienes que administran los municipios -como las calles- y al haber cerrado la calle "S/N 29", constituye justicia por mano propia, vía de hecho prohibida por ley.
Por último, del Acta de Notoriedad realizada por el Notario de Fe Pública 24, se identificó a Fernando Germán Linares Peralta, como el abogado que dio la orden de cierre de dicha calle y quien supervisó la custodia policial, los demás demandados son personal jerárquico, bajo cuya dependencia trabaja el funcionario referido.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante estimó lesionados sus derechos a la libertad de locomoción y al trabajo, citando al efecto los arts. 21.7, 46.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
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