0151/2022-S4

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que:

1. a)El Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI Norte del departamento de Cochabamba, deje sin efecto el Auto de 2 de febrero de 2021, en su caso, se autorice la instalación de cámaras en el inmueble para poder precisar si existe o no alguna agresión sea verbal o física y de parte de quién, que demostrará la necesidad o no de que se les desaloje de su inmueble, y dejarles ingresar a la vivienda en ejercicio de su derecho propietario; y,
2. b)José Milton, Gueysi Erika, ambos Almendras Cámara y Sabina Cámara Villarroel -ahora codemandados-, se abstengan de realizar actos o acciones para evitar que sus personas puedan ingresar a su vivienda para así poder realizar sus actividades cotidianas.

Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la EPI Norte del indicado departamento, mediante informe escrito de 1 de marzo de 2021, manifestó lo siguiente:

1. 1)Se debe considerar que su autoridad en estricto cumplimiento de lo determinado en el art. 389.1 del CPP, determinó adoptar la medida de protección al advertir materialmente y en audiencia pública que existían medidas de hecho en contra de una mujer en situación de violencia misma que es de la tercera edad; es decir, merecedora de la protección reforzada del Estado; y,
2. 2)Se debe tomar en cuenta que por expresa disposición del art. 279 de la norma procesal penal, las autoridades jurisdiccionales, no realizan actos de investigación como pretenden los accionantes a momento de justificar la demanda de acción de amparo constitucional; ya que, las características de la aplicación de las medidas de protección tienen alcances y una finalidad distinta. Por lo que, solicitó la denegatoria de la tutela impetrada.

José Milton, Gueysi Erika, ambos Almendras Cámara y Sabina Cámara Villarroel, a través de su abogado, en audiencia manifestaron que:

1. i)Que no se vulneró derecho alguno de los impetrantes de tutela, pues fueron citados por la fiscalía donde demostraron su actitud violenta al no dar cumplimiento a las medidas de protección; motivo por el cual, el investigador asignado al caso elevó un informe al Juez de la causa sugiriendo se ordene el desalojo de los denunciados del inmueble, en sentido de que ambos accionantes son agresivos y que a raíz de ello Sabina Cámara Villarroel, se fue al domicilio de su hermana para evitar las agresiones psicológicas y físicas;
2. ii)Con base a todas las entrevistas, declaraciones y prueba documental, la autoridad judicial obró de forma correcta y conforme a procedimiento, ordenando la salida de ambos denunciados del domicilio, velando por el interés superior de una persona de la tercera edad; y,
3. iii)En ningún momento se impidió que saquen sus pertenencias del domicilio el cual se tiene plasmado mediante videos donde se evidencia que los impetrantes de tutela sacaron algunas de sus pertenencias, y en cuanto al resto es posible acordar con sus representantes quedar en un día específico para efectuar el recojo de los mismos del domicilio. Por lo expuesto precedentemente, solicitaron la denegatoria de la tutela y sea con costas.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución de 1 de marzo de 2021, cursante de fs. 56 a 72 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Los accionantes no dieron cumplimiento a los requisitos establecidos para la procedencia de la acción de amparo constitucional, pues solo se limitó a realizar una relación fáctica de los hechos ocurridos, sin efectuar una correcta y adecuada fundamentación de la misma, señalando únicamente que sus derechos fueron vulnerados, sin precisar de qué manera se lesionaron los mismos con la emisión del Auto de 2 de febrero de 2021, pronunciada por la autoridad judicial demandada; así como tampoco refirió de qué manera los codemandados transgredieron sus derechos;
2. b)No se realizó una adecuada petición; por cuanto, primero se solicitó se deje sin efecto el citado Auto hasta que exista abordaje psicológico y social que demostraría la necesidad o no de que se los desaloje de su inmueble; que los codemandados José Milton, Gueysi Erika, ambos Almendras Cámara y Sabina Cámara Villarroel, se abstengan de realizar actos o acciones para evitar que sus personas puedan ingresar a su vivienda, petición al que la Sala Constitucional no puede acceder, ya que el mismo es propio de la jurisdicción ordinaria, siendo la labor de esta Sala la de restituir derechos fundamentales y garantías constitucional que hubiesen sido vulnerados, hecho que en el caso de autos no ocurrió; por lo que, bajo esos fundamentos no es posible conceder la tutela ante la carencia de fundamentación de la presente acción de defensa, así como la falta de enunciación del nexo de causalidad;
3. c)La jurisprudencia constitucional señala que, para que sea considerada vías de hecho, deben necesariamente concurrir lo siguiente: "?...1) Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho por justicia por mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción, la presentación de la acción de amparo, debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad...'" (sic); de la valoración de la documentación acompañada tanto por los demandados como por los solicitantes de tutela, por lo expuesto en audiencia virtual; se tiene que, no se está ante vías o medidas de hecho, ya que los demandados no actuaron con mano propia, sino que la autoridad judicial, aplicó simplemente la normativa legal vigente; por lo que, los codemandados particulares no actuaron por mano propia, sino conforme lo determinado por el Juez del control jurisdiccional;
4. d)Se señaló que la apelación hasta el presente no hubiese sido remitido y resuelto por el Tribunal de alzada, lo que amerita que en el caso exista subsidiariedad que aún debe ser agotada; y,
5. e)Así también, la jurisprudencia constitucional, señaló que: "?...2) Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales y acreditadas...'"(sic), situación que tampoco fue demostrado objetivamente por parte de los accionante, así como el daño irreversible e irreparable; por lo tanto, ante la falta de fundamentación y acreditación esta labor no puede ser suplida por esta Sala Constitucional; en consecuencia, tampoco concurren los presupuestos para que se considere vías de hecho; además, concurre aún la subsidiariedad que no puede ser desconocida, estando pendiente de resolución por el Tribunal de alzada la apelación interpuesta por los impetrantes de tutela.