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TCP

0151/2026-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de julio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Auto Const. P. 0151/2026-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0151/2026-O Sucre, 14 de julio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 39408-2021-79-AAC Departamento: La Paz

La queja por sobrecumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Patricia Luz Quezada Hernández contra Mauricio Gustavo Fernández Méndez, Director General Ejecutivo a.i. y Jeanette Bailey Aramayo, Autoridad Sumariante Interna, ambos del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por sobrecumplimiento

Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2024, cursante de fs. 1159 a 1169, Marcelo Ramón Valeriano Sivila, Director Nacional Jurídico del SEGIP, -entidad accionada en la acción de amparo constitucional, ahora activante de queja-, refiere que durante la fase de ejecución de la , emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció los Autos de 26 de septiembre y 10 de octubre de 2024, a través de los cuales hubiesen incurrido en un sobrecumplimiento de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, exponiendo al efecto varios agravios, que serían los siguientes:

En primer término, alegó la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa, señalando que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, hubiese resuelto la queja -por incumplimiento- planteada por la entonces accionante sin haber puesto en conocimiento de la entidad accionada -SEGIP ahora activante de queja- la providencia de 4 de septiembre de 2024, mediante la cual se requería la emisión de un informe detallado respecto al contenido de la Resolución Final Sumarial de Instancia 13/2024 de 7 de junio; circunstancia que impidió que la Autoridad Sumariante del SEGIP pueda asumir conocimiento de todos los actuados procesales y pronunciarse sobre las observaciones efectuadas por la entonces accionante respecto a la supuesta incorporación de nuevos hechos y tipos contravencionales en dicha Resolución Final Sumarial de Instancia, generándose así un estado de indefensión y una restricción al derecho fundamental a ser oído y a ejercer defensa en igualdad de condiciones dentro del proceso constitucional.

En segundo lugar, denunció la vulneración al principio de seguridad jurídica y al carácter de cosa juzgada constitucional de la , afirmando que la misma, adquirió firmeza y ejecutoriedad conforme al art. 16.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se encontraba obligada a ejecutar la decisión estrictamente en la medida de lo determinado en su parte resolutiva; no obstante, el Auto de 26 de septiembre de 2024, se apartó de manera arbitraria del contenido del citado fallo constitucional al dejar sin efecto la Resolución Final Sumarial de Instancia 13/2024 y disponer la reincorporación laboral de la entonces accionante, a pesar de que la decisión constitucional únicamente hubiese ordenado la nulidad de las resoluciones administrativas previamente emitidas en el proceso disciplinario y la emisión de una nueva resolución que resuelva el proceso interno administrativo seguido contra la nombrada, sin establecer en ningún extremo la reincorporación a su fuente laboral; ya que, la decisión asumida por esa Sala Constitucional habría modificado el alcance de la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, generando incertidumbre respecto al trámite administrativo que debía seguirse y contrariando el principio de ejecución estricta de las decisiones constitucionales.

Asimismo, la entidad accionada hoy activante de queja de sobrecumplimiento sostuvo que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cuestión hubiese realizado una incorrecta interpretación de la ratio decidendi de la , señalando que el Auto de 26 de septiembre de 2024, justificó la reincorporación de la entonces accionante en los fundamentos argumentativos contenidos en el citado fallo constitucional, bajo el entendido de que la motivación de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional permitiría deducir una protección reforzada de los derechos de la nombrada; sin embargo, argumentó que conforme a la jurisprudencia constitucional, particularmente a lo desarrollado en la , la obligatoriedad de las resoluciones constitucionales se encuentra determinada por la parte resolutiva o decisum, la cual produce efectos inter partes y delimita el alcance del cumplimiento del fallo, mientras que las razones jurídicas o fundamentos constituyen jurisprudencia vinculante para casos futuros, mas no habilitan a modificar o ampliar el contenido concreto de la decisión adoptada; en ese entendido, sostuvo que dicha Sala Constitucional habría alterado el contenido de la , al disponer medidas no previstas en la parte resolutiva, incurriendo en una actuación ultra petita.

Finalmente, denunció que el Auto de 10 de octubre de 2024, emitido en atención a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda planteada por la "parte accionando", hubiese profundizado el referido sobrecumplimiento al disponer el pago de sueldos devengados y otros derechos sociales en favor de la entonces accionante, sustentando dicha determinación en una supuesta "...Resolución Doctrinal 001/2024 de 16 de junio..." (sic), cuya existencia fue cuestionada por la entidad accionada ahora activante de queja, señalando además que incluso en el supuesto de tratarse de la "Resolución Doctrinal 001/2021", esa no hubiese sido considerada en la Resolución 181/2020 de 7 de diciembre, ni en la ; por lo que, no correspondería su aplicación al caso concreto; del mismo modo, sostuvo que la jurisprudencia referida se encontraría vinculada a procesos de reincorporación laboral dispuestos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en aplicación de los Decretos Supremos (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y 0495 de 1 de mayo de 2010, normas que hubiesen sido modificadas o dejadas sin efecto por la Ley de Procedimiento para la Restitución de Derechos Laborales, resultando inaplicables al presente caso. En ese contexto, concluyó que las decisiones adoptadas por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al disponer la reincorporación laboral y el pago de sueldos devengados habrían excedido el contenido y alcance de la decisión constitucional, modificando de hecho una determinación con calidad de cosa juzgada constitucional y reabriendo aspectos que ya hubiesen sido resueltos por la jurisdicción constitucional, lo que configuraría un sobrecumplimiento de la y generaría afectación al principio de seguridad jurídica.

I.1.2. Petitorio

Por lo expuesto, solicita que analizado sus razonamientos se declare ha lugar su queja de sobrecumplimiento de los Autos de 26 de septiembre y 10 de octubre de 2024, disponiendo su nulidad y en consecuencia se emita un nuevo auto.

I.2. tramite de denuncia por sobrecumplimiento

I.2.1. Contestación a la queja por sobrecumplimiento

Patricia Luz Quezada Hernández -accionante- mediante memorial presentado el 30 de junio de 2025, cursante de fs. 1183 a 1185 vta., manifestó que:

  1. a)La entidad accionada hoy activante de queja hubiese incurrido en un error de técnica recursiva, al objetar directamente la "Resolución" emitida dentro de la queja por incumplimiento, cuando en todo caso correspondía interponer una queja por sobrecumplimiento, conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese marco, citó el Auto Constitucional Plurinacional (ACP) 0009/2018-O de 12 de marzo, que interpretó el art. 16 del CPCo, señalando que la ejecución de las resoluciones constitucionales corresponde al juez o tribunal que conoció la acción, mientras que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene competencia para conocer las quejas por demora o incumplimiento, precisando además que las decisiones constitucionales deben cumplirse a cabalidad, sin que su ejecución sea inferior ni exceda lo dispuesto por la jurisdicción constitucional, criterio también desarrollado por el ;
  2. b)Sostuvo que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, actuó correctamente al disponer su reincorporación laboral en aplicación del juzgamiento con perspectiva de género y del principio de protección reforzada del trabajo, señalando que al haberse dejado sin efecto la Resolución Administrativa (RA) SEGIP/DGE/NORM// 011/2020 de 20 de julio, que dispuso su desvinculación, correspondía restituir plenamente los efectos del vínculo laboral, manteniendo incólumes los derechos que le fueron indebidamente restringidos mediante un despido considerado ilegal. En esa línea, indicó que la determinación de reincorporación laboral y pago de sueldos devengados se encuentra respaldada en la Resolución de Doctrina Constitucional 001/2021 de 16 de junio, que establece que, cuando se acredita la vulneración de derechos fundamentales, corresponde su restitución integral, en aplicación del art. 113 de la Constitución Política del Estado (CPE), pudiendo dicha restitución ser dimensionada tanto por el tribunal de garantías como por el Tribunal Constitucional Plurinacional para garantizar una tutela efectiva de los derechos afectados;
  3. c)La ejecución de una Sentencia Constitucional Plurinacional no debe limitarse a una interpretación meramente formal de sus términos, sino que debe realizarse en función de la protección efectiva de los derechos fundamentales, evitando que las autoridades demandadas emitan nuevas resoluciones que reproduzcan o agraven la vulneración previamente declarada, lo que generaría un ciclo indefinido de impugnaciones que impediría la restitución real de los derechos reconocidos por la jurisdicción constitucional; y,
  4. d)Finalmente, enfatizó que en su caso concurría además el principio de estabilidad e inamovilidad laboral; por lo que, al haberse dejado sin efecto la Resolución Final Sumariante Administrativa 06/2020, que dispuso su desvinculación, correspondía necesariamente restablecer el vínculo laboral, siendo la reincorporación una medida legítima dentro del ámbito de la queja constitucional, al tener esta naturaleza restitutiva y de dimensionamiento. En ese entendido pide se rechace o se declare no ha lugar a la impugnación interpuesta por el SEGIP ahora activante de queja.

I.3. Resolución de la Sala Constitucional

Los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no pronunciaron auto ni proveído alguno sobre la queja de sobrecumplimiento, habiéndose remitido el cuaderno procesal directamente a este Tribunal Constitucional Plurinacional por Nota TDJ/SC4/OFI 07/2024 de 7 de enero (fs. 1178).

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