Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0151/2026-RCA Sucre, 17 de abril de 2026
Expediente: 83110-2026-167-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 10/2026 de 16 de marzo, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Marcelo Estrada Arancibia contra Dalcy Banegas y Miguel Valverde, ambos representantes de la Empresa BATEBOL Sociedad Anónima (S.A.).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 16 de marzo de 2026, cursante de fs. 21 a 32, el accionante manifestó que, el 27 de febrero de citado año, bajo un contexto de presión y amenazas fue obligado a suscribir una carta de renuncia, siendo nula de pleno derecho por vicios del consentimiento, conforme lo establece la .
Si la renuncia, fuera un acto real y libre, la respuesta hubiera sido la remisión a proceso de liquidación y finiquito; más al contrario, la indicada empresa desmintió la autenticidad de la renuncia, confirmando que se trató de un documento erigido mediante fraude y coacción.
Sin embargo, el 28 de febrero de 2026, la empresa realizó el depósito de la suma de Bs10 416,28.- (diez mil cuatrocientos dieciséis 28/100 bolivianos), registrado maliciosamente como pago de planilla, en un acto de fraude laboral; la nombrada empresa, intentó bancarizar un despido bajo la apariencia de un sueldo ordinario para perfeccionar la desvinculación antes de que pueda ejercitar su defensa.
El 2 de marzo de igual año, remitió informe médico del Hospital Gineco Obstetra de la ciudad de santa Cruz de la Sierra, notificando el estado de gestación de su esposa, el 3 del mismo mes y año, remitió el carnet de salud a la empresa, a través de la Encargada de Planillas; por lo que, gozaba de inamovilidad laboral, estando plenamente notificado el ente patronal; sin embargo, persistió el hostigamiento y se ejecutó la extorsión el 13 de igual mes y año.
Posteriormente, el 9 de similar mes y año, presentó la primera nota formal, exigiendo el respeto a su inamovilidad laboral; al día siguiente -10 de dicho mes y año-, el Jefe de Desarrollo Humano -hoy codemandado-, se comunicó con el impetrante, bajo una aparente cordialidad en la relación laboral, con la finalidad de que compareciese a su oficina, para luego ejecutar la extorsión.
El 10 de marzo de 2026, fue remitida por el área de planillas, la boleta de pago del mes de febrero, por un monto de Bs3 904,78.- (tres mil novecientos cuatro 78/100 bolivianos), evidenciando la nulidad de la supuesta renuncia; el 11 de idéntico mes y año; presentó la segunda nota formal en la que ratificó su calidad de progenitor y la nulidad de cualquier desvinculación forzosa; asimismo, remitió un estado de cuentas actualizado, donde se cuantificó su liquidación, subsidios y sueldos devengados por Bs213 758,48.- (doscientos trece mil setecientos cincuenta y ocho 48/100 bolivianos).
Finalmente, el 13 de referido mes y año, en la reunión programada con el Jefe de Desarrollo Humano, se ejecutó la extorsión laboral, habiéndosele amedrentado, bajo amenaza de una persecución penal, para evitar la inamovilidad, negando la verdad material y despreciando la seguridad social.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
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