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TCP

0152/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
17 de abril de 2026
Resumen del caso

Auto 0152/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0152/2026-RCA Sucre, 17 de abril de 2026

Expediente: 83107-2026-167-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 28/26 de 27 de febrero de 2026, cursante de fs. 58 a 60, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Alfredo Romero Yepez contra Iván Javier Echalar Antelo, ex Administrador; Johanes Soliz Torres, Administrador; Cinthya Graciela López Alba, Jefa Regional de Recursos Humanos, Fanny Pedraza Ayala, Jefe Regional de Servicios Generales todos de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 26 de febrero de 2026, cursante de fs. 44 a 57; y remitido a la Comisión de Admisión de este Tribunal el 9 de abril del mismo año, cursante a fs. 68 y vta., el accionante manifestó que fue designado mediante Memorándum ADM-VILLA 151/2025 de 6 de mayo de 2025 para desempeñar funciones como ujier o personal manual en el Hospital Villa Primero de Mayo, dependiente de la CNS Regional Santa Cruz. Refirió que, posteriormente, dentro de un proceso disciplinario interno, fue notificado con el Auto Inicial de Sumario 30/2025 de 1 de septiembre, por presuntas inasistencias injustificadas y otros cargos; concluida la tramitación de dicho procedimiento, la autoridad sumariante emitió la Resolución Final de Sumario 30/2025 de 23 de septiembre, que le impuso la sanción de destitución sin goce de beneficios sociales, resolución que le fue notificada el 5 de noviembre del mismo año. Sostuvo que, dentro del plazo legal y en ejercicio de su derecho a la defensa, el 10 de noviembre presentó memorial de aclaración y complementación contra dicha resolución final ante la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) de la entidad; sin embargo, dicho memorial no fue remitido a la autoridad competente ni mereció pronunciamiento alguno. Pese a ello, la entidad demandada emitió el Memorándum de RR.HH. 1856/2025, notificado el 14 de noviembre, mediante el cual declaró ejecutoriada la resolución final del sumario y dio curso a su destitución, dejándolo sin la posibilidad material de activar los mecanismos de impugnación previstos por ley. Finalmente, añadió que no consintió dicha determinación; pues, posteriormente expresó su rechazo a la desvinculación y al pago de beneficios sociales, al considerar que la sanción fue ejecutada sin que previamente se resolviera su solicitud de aclaración y complementación. I.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, a la impugnación, a la petición, al trabajo y a la garantía de debido proceso, citando al efecto los arts. 24, 46.I.1, 115, 117.I, y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)Dejar sin efecto el Memorándum RR.HH. 1856/2025 de 14 de noviembre de 2025;
  2. b)Ordenar a las autoridades demandadas y a la autoridad sumariante emitir un pronunciamiento fundamentado y motivado sobre el memorial de aclaración y complementación presentado el 10 de noviembre del mismo año;
  3. c)Su reincorporación inmediata a su fuente laboral, en el mismo cargo o en otro de similar jerarquía y nivel, con igual remuneración y condiciones laborales; y,
  4. d)El pago de los salarios y demás derechos laborales devengados y no percibidos hasta su efectiva reincorporación. I.4. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 28/26 de 27 de febrero de 2026, cursante de fs. 58 a 60, declaró la improcedencia de la acción de amparo constitucional, por la causal contenida en los arts. 128 y 129 de la CPE, así como en los arts. 30.I.2, 53.3 y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), bajo los siguientes fundamentos:

  1. 1)La acción de amparo constitucional es un mecanismo de tutela de carácter subsidiario y supletorio, improcedente cuando la parte accionante no agotó previamente los medios ordinarios de defensa previstos por el ordenamiento jurídico;
  2. 2)De la revisión de la demanda y la documental adjunta, se advirtió que el accionante, luego de haber conocido la Resolución Final de Sumario 30/2025, presentó solicitud de aclaración y complementación el 10 de noviembre de 2025; sin embargo, dicho actuado no fue activado de forma idónea por la vía administrativa impugnatoria, siendo el mecanismo pertinente el recurso de revocatoria;
  3. 3)No se agotó adecuadamente la vía legal previa, configurándose la causal de improcedencia por subsidiariedad, al no corresponder a la justicia constitucional suplir ni sustituir los mecanismos ordinarios de defensa; y,
  4. 4)Respecto a la excepción al principio de subsidiariedad, sostuvo que, si bien la jurisprudencia admite su flexibilización en supuestos de daño inminente, grave e irreparable, en el caso, no se acreditaron elementos objetivos que justifiquen prescindir del agotamiento de la vía administrativa.

Con dicha Resolución el accionante, fue notificado el 27 de marzo de 2026 (fs. 61), formulando impugnación el 31 de marzo de 2026 (fs. 62 a 66 vta.), dentro del plazo establecido en el art. 30.I.2 del CPCo. I.5. Síntesis de la impugnación

El accionante manifiesta que:

  1. i)La Sala Constitucional, aplicó erróneamente el principio de subsidiariedad, al sostener que debió interponer recurso de revocatoria contra la Resolución Final de Sumario 30/25 de 23 de septiembre, sin considerar que dentro del plazo legal, presentó solicitud de aclaración y complementación el 10 de noviembre de 2025, el cual no fue resuelto ni notificado;
  2. ii)No podía exigirse la activación del recurso de revocatoria; pues, la autoridad sumariante declaró ejecutoriada dicha resolución mediante Memorándum RR.HH. 1856/2025, sin previo pronunciamiento sobre la referida solicitud, cerrando indebidamente la vía impugnatoria y lesionando sus derechos a la defensa, a la impugnación y al acceso a la justicia;
  3. iii)El Auto impugnado carece de fundamentación y motivación suficientes al limitarse a glosar jurisprudencia sobre subsidiariedad sin justificar su aplicabilidad al caso concreto ni explicar por qué correspondía acudir al recurso de revocatoria;
  4. iv)La resultaba aplicable al caso, por reconocer la viabilidad de la aclaración, complementación y enmienda en procesos administrativos sancionadores y su efecto de suspender el plazo para impugnar; y,
  5. v)La falta de respuesta al memorial presentado y la emisión directa del acto de ejecutoria configuraron una actuación arbitraria que incluso calificó como medida de hecho, por lo que correspondía revocar el Auto de improcedencia y disponer la admisión de la acción tutelar.

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