Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0153/2019-CA Sucre, 10 de julio de 2019
Expediente: 29419-2019-59-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución 08/19 de 16 de mayo de 2019, cursante de fs. 275 a 289 vta., pronunciada por el Juez Disciplinario Primero en suplencia legal de su similar Segundo de la Oficina Departamental de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Jaime Daniel Lurici Balcazar, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 30 y 50 del Acuerdo 20/2018 de 27 de febrero, por ser presuntamente contrarios a los arts. 13.I, 14.I, 109.I, 115.II, 116.I, 117.I, 119, 180.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1, 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y, 11.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el "29" de abril de 2018, cursante de fs. 99 a 119, el accionante manifiesta que, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra por la presunta comisión de la falta disciplinaria contenida en el art. 188.I.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), plantea esta acción de inconstitucionalidad concreta indicando que, la autoridad a cargo del proceso actúa como juez y parte al tener calidad de investigador, por lo que, no puede existir juicio justo, pues ni siquiera se tiene derecho a un tribunal imparcial. En cuanto al art. 50 del Acuerdo 20/2018, determina que la aplicación de una medida precautoria antes de la toma de declaración es vulneratoria al "...PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE DENUNCIA PREVIA..." (sic), pues para ello no se establece la existencia de una denuncia previa, ya que se puede aplicar la suspensión de la autoridad denunciada o su rotación, sin que exista una notificación o derecho a la defensa en el proceso disciplinario, porque luego de la declaración informativa recién ingresa el funcionario público como denunciado.
Agrega que, una vez notificado con la denuncia se tendría que poner en su conocimiento las pruebas sobre las cuales se sustenta la misma, empero no se actuó de esa manera, lo que impidió que el proceso disciplinario se lleve de acuerdo a las reglas del debido proceso; por otro lado, tampoco se establecen los plazos para la interposición de otros recursos, siendo los artículos ahora cuestionados transgresores de los derechos fundamentales.
Señala que, las disposiciones impugnadas violan la presunción de inocencia al quitar a la persona el derecho de plantear apelación contra la resolución que resuelva excepciones o incidentes; así también infringen los derechos a recurrir y a la doble instancia, los cuales deben circunscribirse a todos los actos, lo contrario significaría dejar en indefensión al denunciado frente a un eventual abuso y exceso de la autoridad sumariante; como también transgreden el derecho al debido proceso.
Finalmente indica que, el mencionado Acuerdo es inconstitucional porque ordena la realización de un proceso para dictar una sanción disciplinaria, sin admitir la interposición de todos los incidentes o excepciones, plazos para alegatos, recursos, derechos y garantías del proceso.
I.2. Respuesta a la acción
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