Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2019-S2 Sucre, 24 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 23567-2018-48-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 1 de 11 de abril de 2018, cursante de fs. 437 vta. a 439, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José María Gonzales Limadin contra Norka Natalia Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina; Edwin Aguayo Arando y Olvis Eguez Oliva, ex y actuales Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, ex Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Andrés Ademar Rueda Esquivel, Julio Nelsón Alba Flores y Susana Zabala Dávila, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del mencionado departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 7 y 20 de marzo de 2018, cursantes de fs. 192 a 201; y, 215 a 223 vta., el accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asociación delictuosa y confabulación y otros; el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, mediante Sentencia 05 de 6 de mayo de 2016, le declaró autor y culpable de los delitos de asociación delictuosa y confabulación; y, concusión propia, previstos en los arts. 53 y 68 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L1008) -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, imponiéndole la pena de diez años y seis meses de presidio, absolviéndole de los ilícitos de allanamiento de domicilio y transporte de sustancias controladas.
Ante ello, planteó recurso de apelación restringida contra la referida Sentencia condenatoria, argumentando que el Tribunal a quo, efectuó una errónea interpretación e inapropiada aplicación de la ley; toda vez que, le absuelven del supuesto ilícito de transporte de sustancias controladas prescrita en la Ley 1008 que le acusaba el Ministerio Público y se lo sanciona por la misma ley con otros artículos; si no fue partícipe del delito indicado, cómo puede el Tribunal determinar la existencia de asociación delictuosa, no hay conjunción ni confabulación, éste existe sólo cuando se haya probado el hecho principal; sin embargo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista 08 de 12 de octubre de 2016, convalidó la aplicación de normas distintas al caso, al declarar admisible e improcedente la aludida apelación. Posteriormente, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia por , realizó una errónea e incompleta interpretación de los hechos y valoración de la prueba, al declarar infundado el recurso de casación que interpuso.
El no fundamentó de forma clara y expresa las razones por las cuales consideran que la Sentencia se encuentra debidamente fundamentada ni el por qué de la aplicación de la norma especial (Ley 1008), pues, el Tribunal a quo le condena por los ilícitos previstos por los arts. 53 y 68 de la L1008, al considerar la consumación de los delitos, sin analizar y menos razonar que, al haberle absuelto del delito de transporte de sustancias controladas, el hecho definido en el art. 68 de la L1008 -concusión propia- ya no se encontraba relacionado al delito mencionado, sino al ámbito del Código Penal, debiendo en consecuencia lógica subsumir el hecho identificado al tipo penal descrito en esa norma general, vulneración que impugnó en la apelación restringida, que lesiona los principios de legalidad y taxatividad de la ley, limitándose a señalar escuetamente que el fallo de alzada, no es contradictorio a la doctrina legal invocada por su parte.
Refiere que, al haberse negado el acceso a la justicia, a una respuesta pronta, oportuna y fundamentada a su petitorio, tanto en alegatos para la Sentencia, pidiendo su absolución, así como en apelación restringida y casación, la revocatoria y declararle absuelto bajo la garantía de la presunción de inocencia, agotó la vía ordinaria.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante alega como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia de las resoluciones, a la valoración razonable de las pruebas, a la presunción de inocencia y de acceso a la justicia; y, los principios de legalidad, probidad y verdad material citando al efecto, los arts. 13.I; 14.III, IV y V; 115; 116; 119.I; 180.I; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela invocada, disponiendo lo siguiente:
- a)La nulidad del , pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y que dicha Sala emita una nueva resolución, en congruencia y fundamentada, adecuada a los términos del art. 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y,
- b)Se ordene a Mirael Salguero Palma y Victoriano Morón Cuellar, ex Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en observancia del art. 413, última parte del Código referido, evidenciando que el Tribunal a quo incurrió en lo previsto por el art. 370.1 del citado cuerpo legal, emita nueva sentencia, conforme a los datos del proceso, adecuando correctamente la conducta del imputado al tipo penal que corresponda, en aplicación del principio iura novit curia y el art. 124 del CPP.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Efectuada la audiencia pública el 11 de abril de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 434 a 437 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
El accionante por medio de sus abogados, ratificó y reitero la acción de defensa interpuesta.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Olvis Eguez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe alguno ni se apersonaron a la audiencia programada, pese a su legal citación mediante exhorto suplicatorio que cursa a fs. 387 y 430, respectivamente.
Norka Natalia Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina ex-Magistradas de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no adjuntaron ningún informe tampoco se presentaron a la audiencia señalada, siendo citadas por cédula y exhorto suplicatorio, cursante a fs. 290 y 335.
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