Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0153/2026-S3 Sucre, 12 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 56483-2023-113-AL Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 001/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 162 a 168, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Aníbal Aponte Ribera contra Ricardo Torres Echalar, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berríos Albizu, Olvis Eguez Oliva, Edwin Aguayo Arando, Esteban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Eguez Añez, todos Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 13 de junio de 2023, cursante de fs. 94 a 99, el accionante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 5 de julio de 2022 fue detenido en la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, por funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), en mérito a una notificación roja de búsqueda internacional por el Gobierno Español, de 19 de enero de 2018, con número de control A-688/1-2018, por el delito de tráfico de sustancias controladas y/o delito contra la salud pública, previsto en el art. 368 del Código Penal Español, por el que pesa sentencia condenatoria en su contra; razón por la que, se solicitó su extradición hacia el Gobierno Español; y mediante Auto Interlocutorio 277/2022 de 6 de julio, expedido por el Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del señalado departamento, se dispuso su detención preventiva por el término de cuarenta y cinco días hábiles, con fines de extradición; empero, lo mantuvieron detenido por más de nueve meses, sin que se realizaran los trámites correspondientes; no obstante, que se había notificado a las autoridades competentes del Gobierno Español.
Posteriormente, el 25 de marzo de 2023, fue notificado con nuevo mandamiento de detención preventiva, emitido por la Jueza de Instrucción en lo Penal Segunda de la capital del departamento de Chuquisaca, en cumplimiento del , que ordenó su detención preventiva por el mismo proceso identificado, por el lapso de cuarenta y cinco días más, sin considerar que ya se encontraba privado de su libertad por más de nueve meses, computables desde su aprehensión; y, sin que el trámite de extradición hubiere sido efectuado por las autoridades competentes.
Al ser la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia competente para determinar su situación jurídica y/o libertad, pese a solicitar se expida mandamiento de libertad, alegando estar detenido durante casi un año y haber superado el plazo previsto para su detención preventiva, no recibió respuesta alguna; no obstante, que de acuerdo a lo previsto en los arts. 18 y 24 del Tratado de Extradición suscrito entre Bolivia y España, correspondía lo impetrado, al no existir hasta entonces, pedido expreso o formal por parte del Gobierno Español.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció como lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, acceso a la justicia pronta, oportuna, y al debido proceso; citando al efecto los arts. 22, 23.I, III, IV y V, 109, 110.I, 113.I, 115, de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:
- a)El cese de su privación de libertad de forma inmediata, otorgando el correspondiente mandamiento de libertad; y,
- b)El pago de costas procesales con relación al pago de honorarios de sus abogados, conforme a iguala profesional; así como, los daños y perjuicios ocasionados.
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