0154/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0154/2023-S1 Sucre, 29 de mayo de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 41089-2021-83-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 44/21 de 29 de abril de 2021, cursante de fs. 93 a 94 vta. pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Reyna Jamilka Balladares Villamor contra Celier Aparicio Arispe Rosas, Director Ejecutivo a.i. de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 22 de abril de 2021, cursantes de fs. 27 a 33, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En noviembre de 2014, ingresó a trabajar como Encargada de Activos Fijos de la Jefatura Regional Santa Cruz de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); posteriormente, en abril de 2015, fue promovida al cargo de Responsable III de Licencias al Personal, dependiente de la Dirección de Seguridad Operacional de la indicada institución, percibiendo un haber mensual de Bs14 331.- (catorce mil trescientos treinta y un bolivianos); sin embargo, el 25 de enero de 2021, fue notificada con el Memorándum DGAC/RRHH-0055/2021 de 18 de enero, emitido por Celier Aparicio Arispe Rosas, Director Ejecutivo a.i. de la aludida institución -ahora demandado-; por el cual, se dispone el cambio de ítem a Secretaria III de Unidad, bajo dependencia de la citada Jefatura Regional, lo que conllevó una disminución de su haber básico a Bs6 683.- (seis mil seiscientos ochenta y tres bolivianos); por lo que, interpuso recurso de revocatoria y jerárquico; no obstante, dichos recursos no fueron resueltos conforme a procedimiento, debido a que no merecieron una respuesta fundamentada a través de las correspondientes resoluciones que determina la ley, siendo por el contrario que el 1 de febrero del indicado año, se le hizo entrega del Memorándum DAF/RRHH-139/2021 de 28 de similar mes, también proferido por el demandado, reasignándole el ítem a Secretaria III de AIG dependiente de Accidentes/Incidentes de la DGAC, disminuyéndole nuevamente su haber básico a la suma de Bs6 112.- (seis mil ciento doce bolivianos), y siendo inclusive que mediante el citado Memorándum se le hace conocer que "...en caso de presentarse algún requerimiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil, podre ser transferida a otro departamento del país u otra Dirección según normativa vigente" (sic); actos que se configurarían en una lesión flagrante a su derecho a la inamovilidad laboral por ser madre de un hijo con discapacidad muy grave, por lo cual se encuentra dentro de un grupo vulnerable.

Asimismo, no le dejan trabajar estable y dignamente en la DGAC, pues sufre constantes amenazas por parte del Director Ejecutivo de dicha institución, además a través de sus inferiores sufre maltrato psicológico y laboral "...hasta el grado de publicar en cuentas falsas de Facebook que mi persona seria una persona corrupta dentro de la DGCA, me amenazan constantemente con inicio de procesos administrativos y judiciales seguramente para que represente mi renuncia mi fuente laboral, el momento que les da la gana determinan mi cambio de funciones y la reducción de mi salario pese a que mi persona ha SIDO DEBIDAMENTE CAPACITADA COMO RESPONSABLE DE LICENCIAS AL PERSONAL, en todo momento existe ACOSO LABORAL (MOBBING LABORAL) en contra de mi persona y únicamente por reclamar mis derechos constitucionales y denunciar los abusos por parte del director de la entidad, además que continuamente me amenazan de enviarme a trabajar a otro departamento..." (sic).

De manera posterior a lo sucedido, el 9 de febrero de 2021, mediante Nota RR-HH 0418/2021 de 4 de febrero -en respuesta a su recurso jerárquico- le hicieron conocer que su persona no se encontraría entre el personal protegido por la Constitución Política del Estado por no constituirse en funcionario de carrera.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos "...a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad y de quienes tiene a su cargo a un hijo con discapacidad" (sic); al trabajo estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, y a gozar de una remuneración y/o salario justo, citando al efecto, los arts. 46.I, 48, 70, 71, 72 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual pública el 29 de abril de 2021, según consta en el acta cursante de 87 a 92 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 9 de junio de 2022, cursante a fs. 98, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 28 de marzo de 2023 (fs. 142); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Certificado de Nacimiento 0523738 emitido Pablo Cáceres Fernández, Oficial de Registro Civil del departamento de Santa Cruz, que certifica el nacimiento del menor NIVB, inscrito con fecha de 25 de septiembre de 2009, consignándose como madre del menor a Reyna Jamilka Balladares Villamor -ahora accionante-(fs. 1).

II.2. Consta Carnet de Discapacidad 164375 a nombre del menor NIVB, en el cual se registra el grado discapacidad como "MUY GRAVE", y cuya vigencia es INDEFINIDO (fs. 3).

II.3. Por Carnet de Afiliación del menor NIVB; evidenciado su registro en el Instituto Boliviano de la Ceguera, por tener cierto grado de ceguera (fs. 4). II.4. A través de la Resolución Administrativa 156 de 18 de marzo de 2015, Luis Coimbra Busch, Director Ejecutivo a.i. de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), resuelve aprobar la solicitud de inamovilidad laboral de Reyna Jamilka Balladares Villamor -ahora impetrante de tutela- en el cargo de Técnico V Encargada de Activos Fijos de la Jefatura Regional Santa Cruz de predicha institución, siempre y cuando la prenombrada cumpla con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su despido el cual se encuentra condicionado a un previo proceso interno (fs. 21 a 22).

II.5. Mediante Resolución Administrativa 004 de 7 de enero de 2021, Celier Aparicio Arispe Rosas, Director Ejecutivo a.i. de la DGAC -ahora demandado- aprueba la escala salarial de dicha institución, a partir de enero de 2021 (fs. 64 a 65).

II.6. Cursa Memorándum DGAC/RRHH-0055/2021 de 18 de enero, por el cual, Celier Aparicio Arispe Rosas, Director Ejecutivo a.i. de la DGAC -ahora demandado- comunica a la impetrante de tutela el cambio de ítem de Responsable III de Licencias al Personal dependiente de la Dirección de Seguridad Operacional a Secretaria III de Unidad bajo dependencia de la Jefatura Regional de Santa Cruz, ambos de la aludida institución; con un haber mensual de Bs6 683.- (seis mil seiscientos ochenta y tres bolivianos). Memorándum que fue recibido por la accionante el 25 de enero de igual año (fs. 5).

II.7. Mediante Memorial presentado el 25 de enero de 2021 ante la DGAC, la ahora accionante interpone recurso de revocatoria contra el Memorándum DGAC/RRHH-0055/2021 de 18 de igual mes, solicitando se garantice la inamovilidad y estabilidad laboral; y, por consiguiente se revoque el indicado Memorándum (fs. 6 a 9).

II.8. Consta Memorándum DAF/RRHH-139/2021 de 28 de enero (fs. 19) a través del que, Celier Aparicio Arispe Rosas, Director Ejecutivo a.i. de la DGAC -ahora demandado- comunica a la peticionante de tutela que:

"En cumplimiento a lo dispuesto en Ley No. 1356 de fecha 28 de diciembre 2020 que aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2021, artículo No. 9 (Política de Austeridad); Resolución Administrativa No. 004 de fecha 07 de enero de 2021 de la dirección General de Aeronáutica Civil que dispone la aplicabilidad de lo previsto en la citada Ley y Resolución Ministerial No. 074 de fecha 28 de enero de 2021 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba la escala Salarial para la DGAC aplicable a partir del mes de enero 2021, mediante el presente se comunica a austed que conforme lo establecido en el Capítulo IV del Decreto Supremo No. 26115 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y Artículo No. 14, inciso 12) del Decreto Supremo No. 28478, a partir del mes de enero 2021, es asignado al cargo de SECRETARIA III DE AIG dependiente del (la) ACCIDENTES/INCIDENTES con un haber mensual de Bs6112.00 (Seis Mil Ciento doce 00/100 Bolivianos) correspondiente al Nivel Salarial 17 (TECNICO IV/SECRETARIA III) de nuestra escala salarial(...)

Asimismo, se comunica que en caso de presentarse algún requerimiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil, usted podrá ser transferido a otro departamento del País u otra Dirección según normativa vigente" (sic).

Así, conforme consta en dicho Memorándum, el mismo fue recibido el 9 de febrero de 2021.

II.9. A través de Nota RR-HH 2008/2021 de 28 de enero, Wilfredo Manfred Fernández Peñaranda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la DGAC, se dirige a la impetrante de tutela, manifestando que la figura de retiro indirecto no se aplica a los funcionarios públicos que están sujetos a la Ley del Estatuto del Funcionario Público; además que, la inamovilidad por discapacidad o por tener en custodia a una persona con discapacidad es relativa, siendo necesaria la presentación del carnet de discapacidad, único documento que acredita tal condición, mismo que caduca a los cuatro años y debe ser renovado dos meses antes que caduque; por lo que, no se vulneró su derecho (fs. 10).

II.10. Mediante Resolución Ministerial 074 de 28 de enero de 2021, Marcelo Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas resuelve aprobar la escala salarial de la DGAC, con vigencia a partir de enero de igual año, compuesta por doscientos ochenta y siete ítems, distribuidos en veinticuatro niveles de remuneración básica (fs. 63 y vta.).

II.11. En mérito a la Nota RR-HH 2008/2021 de 28 de enero; el 2 de febrero de igual año, la accionante interpone recurso jerárquico solicitando se garantice inamovilidad y estabilidad laboral y por consiguiente se revoque el Memorándum DGAC/RRHH-0055/2021 (fs. 11 a 17).

II.12. Cursa Nota RR-HH 0418/2021 de 4 de febrero; a través de la que Wilfredo Manfred Fernandez Peñaranda, Jefe de Unidad de Recursos Humanos de la DGAC, manifestó a la peticionante de tutela que no es una funcionaria pública de carrera administrativa; por lo que, no cuenta con las prerrogativas determinadas en el art. 7.II de la Ley del Estatuto del Funcionario Público; y, debe adecuar sus solicitudes de acuerdo a normativa (fs. 18).

II.13. Mediante Resolución Administrativa 029 de 19 de febrero de 2021, Celier Aparicio Arispe Rosas, Director Ejecutivo a.i. de la DGAC; en consideración del memorial presentado el 25 de enero de igual año (interposición de recurso de revocatoria), y "...el cite H.R. 0103 RRHH/2008 de fecha 28 de enero de 2021, Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, responde a su nota señalando que no se vulnero ningún derecho y que conforme a procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado y a la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro de los plazos establecidos, su recurso de Revocatoria será atendida. Asimismo por nota RR-HH 0418/2021 H.R. 3043 de fecha 4 de febrero de 2021, también se le pone en conocimiento que su persona no es funcionario de carrera y que su solicitud de Recurso Jerárquico no corresponde a la etapa que se encuentra su trámite, debiendo adecuar su solicitud acorde a la norma vigente" (sic), resuelve rechazar el recurso de revocatoria presentado por la ahora impetrante de tutela (fs. 47 a 48 vta.).

II.14. Consta Nota Interna DAF/RRHH-0744/DGAC-12237/2021 de 16 de abril (fs. 45); por la que, Wilfredo Manfred Fernández Peñaranda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la DGAC, refiere que la ahora accionante desempeñó los siguientes cargos:

N° FECHA DE DESIGNACIÓN FECHA DE CONCLUSIÓN CARGO UNIDAD ORGANIZACIONAL 1 17/11/2014 31/03/2015 TECNICO V EN ACTIVOS FIJOS REGIONAL SANTA CRUZ 2 01/04/2015 09/05/2018 RESPONSABLE III DE LICENCIAS AL PERSONAL DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 3 10/05/2018 05/12/2019 SECRETARIA III DE UNIDAD REGIONAL SANTA CRU 4 06/12/2019 24/01/2021 RESPONSABLE III DE LICENCIAS AL PERSONAL DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 5 25/01/2021 A la fecha SECRETARIA III DE UNIDAD REGIONAL SANTA CRUZ

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1 De la excepción del principio de subsidiariedad en acciones de amparo constitucional en casos de personas con discapacidad

La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: "La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley"; asimismo, en su art. 129.I, señala:

"La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados" (las negrillas son nuestras).

En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad dispone:

I. "La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.

II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

1. La protección pueda resultar tardía.

2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela."

Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional, constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:

Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.

Ahora bien, a pesar del carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, se fue siguiendo una línea de razonamiento estableciendo que siempre debe buscarse el entendimiento que más optimice un derecho constitucional, basándose para ello en principios constitucionales como el pro homine, interpretación progresiva, favor libertatis y favor debilis, en tal sentido, la SC 0989/2011-R de 22 de junio, sostuvo que:

"Siguiendo este razonamiento, la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante "acciones afirmativas" busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado." (las negrillas fueron adicionadas)

En esa línea, en la ingente jurisprudencia constitucional se fue desarrollando algunas excepciones que se constituyen en situaciones que posibilitan ingresar directamente el análisis de fondo de la causa sin necesidad de agotar los medios idóneos previstos en la normativa; estableciendo la excepción a la subsidiariedad cuando se demandan derechos de personas pertenecientes a grupos de prioritaria atención, como lo son las personas con discapacidad; en tal sentido, la SC 1483/2011-R de 10 de octubre, reiterada por la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre, entre otras, sostuvo que:

"...en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado (...) Esta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada (las negrillas son agregadas).

En ese marco, cuando una persona con discapacidad o quien tenga bajo su dependencia a personas con discapacidad que planteen una acción de amparo constitucional, dada la protección reforzada que gozan por pertenecer a grupos denominados vulnerables cuando se vulneran derechos fundamentales vinculadas a un inminente daño irreparable, es previsible la aplicación de una excepción al principio de subsidiariedad.

III.2. La estabilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad

En lo concerniente al presente punto, de manera previa, resulta pertinente referir que la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en su art. 1 estableciendo el propósito de dicho instrumento internacional determinó que "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás"; así, bajo ese comprendido, el trabajo no solo significa la posibilidad de obtener un salario para el sustento de las necesidades básicas, sino también es el principal mecanismo de inclusión social, por el cual se desarrolla la dignidad humana, resulta imperante analizar el marco normativo y jurisprudencial de protección de las personas con discapacidad; en tal sentido, refiriéndonos a la normativa, debemos señalar que la Constitución Política del Estado a lo largo de sus disposiciones prevé:

"Artículo 14.

(...)

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona." (el resaltado nos corresponde).

"Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado.

2. A una educación y salud integral gratuita.

3. A la comunicación en lenguaje alternativo.

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Artículo 71

I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.

III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.

Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley".

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su art. 27 refiriéndose al trabajo y empleo, determinó:

1. "Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio".

Por su parte, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, denominada Ley General Para Personas con Discapacidad, refiriéndose al derecho al trabajo, prescribe:

"Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades.

Artículo 34.- (Ámbito de Trabajo)

I. El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido.

III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad.

IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo" (negrillas añadidas).

En ese entendido, la Ley 223 de 2 marzo de 2012, hace un amplio desarrollo de los derechos de las personas con discapacidades o personas con capacidades diferentes, promoviendo ante todo su efectiva inclusión social y el respeto de su dignidad, asimismo, por la Disposición Transitoria Única se dispone la vigencia de los derechos para las personas con discapacidad, establecidos en la Ley 1678 de 15 de diciembre de 2015, hasta que se aprueben los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado, por ello y siendo aún aplicable la normativa que no es contraria a la indicada ley, se toma en cuenta, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, mediante su art. 3, refiere:

"Artículo 3°. - (Principios rectores) La aplicación del presente Decreto Supremo estará regida por los siguientes principios:

Principio de preferencia. - Por el que las instituciones públicas y privadas deben considerar con carácter preferente a personas con discapacidad para el acceso, promoción y capacitación laboral, proporcionándoles las condiciones de trabajo necesarias para facilitar su desempeño en tareas para las que sean aptas, evitando todo tipo de discriminación fundada en su discapacidad o deficiencia.

Principio de integración. - Por el que se deben adoptar los mecanismos más adecuados para posibilitar la activa incorporación material, laboral y social de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, a través de procedimientos idóneos que permitan su integración plena.

Principio de estabilidad laboral. - Por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno.

Principio de normalización. - Por el que las instituciones deberán contar con condiciones materiales y físicas apropiadas en cuanto a infraestructura, transporte que, cuando sea posible para la institución, deberá servir para llevar y recoger a las personas desde sus domicilios hasta las fuentes de trabajo, equipamiento y seguridad, que permitan a las personas con discapacidad desenvolverse con normalidad.

Principio de Calificación. - Por el que las personas con discapacidad podrán participar en exámenes y calificación para ascensos en las instituciones y entidades públicas y privadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades físicas y mentales, en igualdad de condiciones y respetando el derecho preferente en la decisión" (el subrayado y negrillas nos corresponden).

"Artículo 5°.- (Inamovilidad)

I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley.

II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente" (el resaltado es ilustrativo).

Por otro lado, el DS 28521 de 16 de diciembre de 2005, determina que para que el trabajador con familiares con discapacidad a su cargo sea beneficiario del derecho a la inamovilidad laboral, se debe cumplir con la presentación del Certificado Único de Discapacidad, sobre tal requisito, en su normativa pertinente reguló lo siguiente:

"Artículo 3º.- (Del certificado único de discapacidad) El Certificado Único de Discapacidad es el documento que califica el tipo y grado de discapacidad de una persona. Es otorgado por los establecimientos de salud, reconocidos por el Ministerio de Salud y Deportes, para tal fin, previa evaluación de la persona solicitante por el equipo profesional acreditado. Se actualizara cada tres años".