0155/2023-S2

La accionante a través de sus abogados ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que:

1. a)En reiteradas oportunidades presentó solicitudes -notas de 30 de julio, 3 de agosto, 12 y 28 de octubre, 3 de noviembre; y, 7 de diciembre, todas de 2021 ante la Jefatura de RR.HH. y Gerencia General del Seguro Social Universitario de Cochabamba, pidiendo el bono de antigüedad; ante la no respuesta a las notas presentadas y la negativa de pago del referido bono, pidió que le notifiquen de manera expresa con la Resolución 39/2021, suscrita por el Gerente General y el Asesor Legal, que autoriza de manera expresa el pago del bono de antigüedad; sin embargo, no lo hicieron y sólo vía personal de Asesoría Legal le hicieron llegar copia de la Resolución aludida, en consecuencia se denuncia la vulneración al derecho de petición, ya que no se le ha atendido de manera oportuna, con una respuesta motivada y material respecto a la solicitud del mencionado bono y las quejas formuladas; se tiene el acta de verificación notarial del 9 de febrero de 2022, en la cual se ratifica que hasta esa fecha no existió respuesta material, ni motivada a las solicitudes y quejas presentadas en RR.HH. del Seguro Social Universitario, existe evidentemente una respuesta posterior a la verificación notarial; empero, es una respuesta contradictoria, incongruente e infundada del Jefe de RR.HH., indicando que no se le paga el bono de antigüedad porque no habría presupuesto, lo cual sería contradictorio ya que la Resolución 39/2021, de manera expresa autorizó el pago de bono por la Unidad señalada y sería también incongruente porque no atiende ninguna de las solicitudes, ni las quejas formuladas al pago de bono de antigüedad y a la notificación con la mencionada Resolución, es infundada ya que no adjunta un informe técnico financiero de la Unidad de Gerencia Administrativa de Contabilidad que especifique que no existe o que la entidad no cuenta con los recursos económicos; y,
2. b)Conforme a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional en sentido que, a través de la SCP 0057/2020-S2 de 17 de marzo, establece que la respuesta al derecho de petición debe ser motivada y que la autoridad accionada debe responder de manera proporcional, material y sustantiva al problema planteado, extremo que no se cumple en el caso concreto ya que el demandado jamás dio una respuesta a la fecha, ni notificó con la Resolución 39/2021, mediante la cual se califica expresamente los años de antigüedad de la accionante y se comisiona a la Jefatura de RR.HH. al pago de bono, con ello existe incongruencia y contradicción con la respuesta emitida por el Jefe de esa unidad, en consecuencia solicita se otorgue la tutela solicitada y se le notifiquen con las respuestas, la predicha Resolución Gerencial y se pague el bono de antigüedad conforme a normativa, por cuanto no es su responsabilidad que la entidad no cuente con recursos económicos.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 0018/2022 de 7 de marzo, cursante de fs. 180 a 183, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Seguro Social Universitario representado por el Gerente General a.i. José Alfredo Jaldín Quiroz, en el plazo de cuarenta y ocho horas se pronuncie de manera precisa, concreta, objetiva atendiendo a cada uno de los puntos solicitados en las cartas de 30 de julio, 3 de agosto, 12 y 28 de octubre; y, 3 de noviembre, todas de 2021, y ponga en conocimiento de la accionante conforme lo establece la normativa, bajo conminatoria de ley y denegó en cuanto al pago de costas por no ser la instancia correspondiente. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Consideraron vulnerado el derecho fundamental y garantía constitucional de petición de la impetrante de tutela, al no merecer una respuesta material y objetiva a las pretensiones solicitadas, en primera instancia al Jefe de RR.HH. del Seguro Social Universitario de Cochabamba, quien supuestamente ya emitió una resolución y no le fue comunicada, volviendo a reiterar su pedido, esta vez al Gerente General a.i. de la indicada entidad, denunciando la queja y solicitando el pago inmediato del bono de antigüedad bajo responsabilidad;
2. 2)La primera nota data de 30 de julio de 2021, luego de agosto y reiterativamente efectuó queja, volviendo a solicitar el pago inmediato del bono de antigüedad mediante notas de 12 y 28 de octubre de ese año insistiendo una vez más, para posteriormente repetir el 3 de noviembre de igual año, con el mismo tenor, dirigida al demandado, denuncia y pide resolver la queja formulada con anterioridad y además notificársele con la Resolución 39/2021 u otra disposición adoptada por la autoridad para el pago del bono reclamado, bajo responsabilidad de la indicada gerencia y la reparación del daño civil en caso de dilaciones por día de retraso;
3. 3)Pese al tiempo transcurrido la peticionante de tutela, no mereció una respuesta material a sus pretensiones, tal como acreditó mediante acta de verificación notarial elaborado por Gilma Pereira Águila Notaria de Fe Pública 3 de Cochabamba, acompañando también la nota del Jefe de RR.HH. de 3 de febrero de 2022, en respuesta a la solicitud de pago de bono de antigüedad, la cual no atendió de manera precisa, concreta y material los puntos solicitados en las reiteradas cartas y que responde a los puntos solicitados, por todo ello considera que hasta la fecha aún persiste la vulneración a su derecho de petición;
4. 4)El demandado no se presentó en audiencia, pese a su legal citación y tampoco remitió informe escrito en el desarrollo de la audiencia;
5. 5)De los documentos adjuntos a la demanda se demostró las reiteradas solicitudes efectuadas, primero la carta de 30 de julio de 2021 dirigida al Jefe de RR.HH. del Seguro Social Universitario, con la suma "presenta queja y solicita pago de bono de antigüedad, bajo su entera responsabilidad" (sic), al tener una antigüedad mínima de cuatro años, pidiendo sea de forma mensual y consignarse en su boleta de pago, a cuyo efecto adjuntó su calificación de años de servicio;
6. 6)De igual forma, cursó la carta de 3 de agosto del mismo año, dirigida al Gerente General a.i. José Alfredo Jaldín Quiroz -ahora demandado-, con similar contenido a la anterior, volviendo a solicitar pago de bono de antigüedad, amparada en la Constitución Política del Estado como en la Ley de Procedimiento Administrativo, señalando que le corresponde el bono de antigüedad por ley, por el tiempo de trabajo y la experiencia de más de cuatro años; petitorio que reiteró el 12 y 28 de octubre y el 3 de noviembre de 2021, anunciando queja y además pide se le notifique con la Resolución 39/2021 u otra disposición adoptada para el pago de su bono de antigüedad;
7. 7)Demostró que ejerció su derecho de petición mediante la presentación de las diferentes cartas a la autoridad demandada, así como el acta Notariada de verificación que corroboró la falta de respuesta; por el contrario mereció una respuesta insuficiente, que no se encuentra debidamente fundamentada, motivada, pues de manera eventual vierte algunos puntos bajo su criterio, sin atender los puntos solicitados;
8. 8)Por otro lado se tiene la nota del Jefe de RR.HH., del Seguro Social Universitario de Cochabamba de 9 de noviembre de ese año, respondiendo a sus solicitudes reiteradas bajo el siguiente tenor '"como ya le fue comunicado verbalmente con anterioridad con la presente ratifica que dicha institución no cuenta con recursos asignado para el pago de bono de antigüedad al personal no permanente'" (sic); analizada esta se advierte que no constituye una respuesta motivada, fundamentada y congruente a los puntos solicitados en las diferentes misivas dirigidas a la autoridad administrativa accionada; así mismo en la última nota vuelve a denunciar los mismos puntos y a pedir que se le notifique con una supuesta Resolución 39/2021, sin que se dé cumplimiento a cabalidad; no correspondiendo ingresar a otros aspectos que no sean los pertinentes a los denunciados en la presente demanda;
9. 9)Esta Sala Constitucional advirtió la solicitud reiterada por la accionante desde el 30 de julio de 2021 y a la presente fecha transcurrieron más de siete meses sin recibir una respuesta de manera precisa, concreta, oportuna y objetiva, atendiendo materialmente los puntos solicitados;
10. 10)Pese a la legal citación del demandado no se hizo presente en audiencia, quien debió haber desvirtuado los puntos denunciados, renuencia e inasistencia que es considerada una aceptación tácita, lo que conlleva la transgresión del derecho de la accionante al privarle de recibir una respuesta, oportuna, pronta que atienda cada punto solicitado, y con su resultado pueda hacer valer sus derechos y acudir a la vía llamada por ley;
11. 11)El Tribunal Constitucional Plurinacional en la línea jurisprudencial dejó establecido que el ejercicio del derecho supone que, una vez planteada la petición cualquiera que sea el motivo de la misma, el peticionario tiene el derecho de obtener pronta resolución, lo que quiere decir que, el Estado está obligado a resolver la petición; sin embargo, el sentido de la resolución dependerá de la circunstancia de cada caso en particular en esa medida podrá ser positiva o negativa; en resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando la respuesta no se pone en conocimiento del peticionario, se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza la presentación o habiéndose presentado la petición respetuosa la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable, o la solicitud no es atendida de manera clara, precisa, concreta y congruente; y,
12. 12)En el caso presente de la documental adjuntada y lo vertido por el abogado de la parte accionante quien se ratificó en audiencia, se tiene demostrado que a la fecha aún persiste la vulneración denunciada, pese al tiempo transcurrido; esta Sala Constitucional verificó y constató que es evidente la vulneración alegada sólo con referencia a su derecho de petición; respecto a la vulneración denunciada al percibir un salario justo y el bono de antigüedad vinculado al derecho al trabajo, previamente se debe obtener la respuesta a su petitorio y tener conocimiento de la Resolución 39/2021, que alega desconocer y con su resultado recién la parte accionante tomará las acciones pertinentes.