Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0155/2026-O Sucre, 11 de agosto de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 38498-2021-77-AAC Departamento: La Paz
En la queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mateo Huáscar Mauricio Cardona Bojanic en representación legal de la Compañía Industrial de Tabacos Sociedad Anónima (CITSA) contra Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, ex Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la queja
Por memorial presentado el 18 de julio de 2025 ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 380 a 397 vta.), Cristina Verónica Loza Candia en representación legal de la CITSA, señaló que ante la acción de amparo constitucional que interpusieron en contra de la Sentencia 191/2020 de 13 de agosto, notificada el 14 de septiembre del mismo año, se emitió la Resolución 232/2020 de 16 de noviembre, que concedió la tutela solicitada. Una vez devuelto el proceso a la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, sin efectuar mayor valoración, se emitió la Sentencia 122/2021 de 4 de octubre, que declaró improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1051/2016 de 29 de agosto.
De acuerdo con el procedimiento constitucional, la decisión de la Sala Constitucional fue remitida en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, emitiendo la , que resolvió confirmar en parte la Resolución 232/2020.
Ahora bien, la Sentencia 122/2021, debió cumplir a detalle con lo establecido en la Resolución 232/2020 como también con la ; sin embargo, no lo hizo, porque la última decisión indicada señala lo siguiente:
- a)Con relación a la exclusión de valoración de inversiones permanentes, la Sentencia 191/2020, no se pronunció sobre el alcance del art. 31 del Decreto Supremo (DS) 24051 de 29 de junio de 1995, tampoco integralmente sobre los arts. 40 y 46 de la Ley de Reforma Tributaria (LRT) -Ley 843 de 20 de mayo de 1986-, con la finalidad de determinar en cabeza de quien se encuentra la utilidad y la fuente productiva y si corresponde se graven o no por dicho impuesto, por lo cual el fallo de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia no se encuentra motivada ni fundamentada, vulnerando el derecho al debido proceso; y,
- b)Respecto a la observación por gastos deducibles, los entonces Magistrados accionados no se pronunciaron sobre dicha observación; por lo que, no existe correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto.
No obstante lo anterior, la Sentencia 122/2021, respecto de los puntos señalados previamente, estableció conclusiones que contrarían lo dispuesto en las decisiones constitucionales, porque:
- 1)Con relación a la exclusión de valuación de inversiones permanentes, dejó de analizar desde un punto de vista jurídico y económico de lo que se trata la "Renta", conforme establece el art. 40 de la LRT, que indica que se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias, las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico; por lo cual, el inexacto análisis literal de la normativa prevista por el art. 31 del DS 24051, entiende por "Rentas" a ese cúmulo de conceptos, que se distribuyen en cabeza del tenedor de acciones, por eso se demuestra el incumplimiento; y,
- 2)Con relación al gasto deducible por pago de regalías y la retención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarias del Exterior (IUE-BE), nuevamente no se respondieron las pretensiones de la empresa, debido a que los entonces Magistrados accionados simplemente basan su fallo en elementos no puestos en consideración por la empresa, y señalan que se trata de un impuesto indirecto, sin fundamentación o motivación alguna. Refieren equivocadamente que los acuerdos o convenios entre partes no son oponibles al Fisco, cuando la retención establecida por el art. 51 de la LRT es un mandato legal que conlleva, por un lado, la obligación de un pago de impuesto directo en cabeza del beneficiario del exterior; y por otro lado, la obligación de retención de dicho impuesto en cabeza del pagador de dicho precio; es decir, de CITSA, y desde ningún punto de vista es un impuesto indirecto ni para la empresa ni para el beneficiario del extranjero.
Conductas con las que los Magistrados de Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, privan a la empresa del cumplimiento efectivo de un fallo constitucional que reparó la vulneración a sus derechos.
Con ello, se vulneran los derechos al debido proceso y a una resolución motivada; a la seguridad jurídica, al desconocerse los efectos de la y de la Resolución 232/2020; y, el derecho de acceso a la justicia constitucional efectiva, por desobedecerse un fallo con fuerza vinculante.
En ese sentido, existe un nexo causal directo, concreto y verificable entre la emisión de la Sentencia 122/2021, por parte de los entonces Magistrados accionados y la persistencia de la vulneración de derechos fundamentales de la empresa, que configura un incumplimiento constitucional material, en los términos exigidos por el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), y habilita plenamente la intervención de la Sala Constitucional para ordenar su reparación.
I.2. Petitorio
Solicita que se declare probada la queja por incumplimiento de la ; y en consecuencia:
- i)Se deje nula y sin efecto legal la Sentencia 122/2021, por incumplimiento de la Resolución 232/2020 y de la ;
- ii)Se instruya a los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, que en el plazo de setenta y dos horas, emitan nueva resolución que cumpla de manera estricta y puntual con todos los fundamentos, parámetros y órdenes establecidas en la Resolución 232/2020 y en la , respecto a:
- a)La exclusión de valuación de inversiones permanentes, realizando una correcta interpretación y aplicación sistemática del art. 31 del DS 24051 con base en los arts. 40, 46 y 51 de la Ley 843, a efectos de establecer en cabeza de quien se grava el impuesto, si de quien la genera o produce, más no en cabeza de quién es el tenedor de la acción; asimismo, realice un correcto análisis de lo que se entiende por los conceptos de "renta", "percibida de otras empresas" y "distribución"; y,
- b)Al gasto deducible por pago de regalías y la retención del IUE-BE a tal efecto se pronuncie expresamente sobre la obligación que tiene el agente de retención, de realizar la retención en favor del Estado, detraer el impuesto del pago del precio, con la debida fundamentación; subsanando el equivocado y forzado criterio relativo a los acuerdos o convenios entre partes y su inoponibilidad al Fisco, valorando expresamente que la retención establecida por el art. 51 de la Ley 843 es un mandato legal, que es por un lado la obligación de un pago de un impuesto directo en cabeza del beneficiario del exterior; y por otro lado, la obligación de retención de dicho impuesto en cabeza del pagador de dicho precio; es decir, de CITSA. Por consiguiente, ese monto pagado al beneficiario del extranjero es el costo que por supuesto es deducible para CITSA y desde ningún punto de vista es un impuesto indirecto ni para CITSA ni para el beneficiario del extranjero; y,
- iii)En caso de incumplimiento de la Resolución 232/2020 y de la , disponer las medidas correctivas y de seguimiento necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo del fallo constitucional, así como la remisión de antecedentes procesales ante el Ministerio Público, a efectos de que dicha instancia promueva las acciones penales correspondientes por la presunta comisión de los delitos de resistencia a decisiones judiciales y desobediencia a resoluciones constitucionales y acción de amparo constitucional.
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