Texto del fallo
Sintesis del caso
El accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa, toda vez que en su condición de Fiscal de Materia, fue sometido a un proceso disciplinario que concluyó con la emisión de la Resolución jerárquica FGE/RART/DAJ/RJ-PD 156/2016 de 16 de noviembre, por la cual declarándosele responsable de la comisión de la falta disciplinaria muy grave prevista en el art. 121.20 de la LOMP se dispuso su destitución definitiva y retiro de la carrera fiscal, fallo en el que:
- i)La autoridad codemandada alejándose del orden jurídico positivo, efectuó una interpretación errónea y arbitraria de la citada norma sustantiva disciplinaria, sin que se deduzca ningún método de interpretación que sustente lo aseverado en la resolución emitida, al pretender que sea su persona quien se encargue de justificar la inactividad de la que se le declaró responsable, cuando es el acusador quien tiene la carga de la prueba, y dar por sentado el elemento del dolo sin efectuar un análisis fáctico y jurídico; y,
- ii)No consideraron los descargos presentados, omitiéndose realizar una valoración integral en base a la sana crítica
Sintesis de la ratio decidendi
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve, DENEGAR la tutela, toda vez que, se evidencia la insuficiencia de la carga argumentativa, que impide a esta justicia constitucional ingresar a analizar la presunta vulneración de derechos y garantías fundamentales por la autoridad codemandada, en su labor de interpretación de la norma, por ende se debe evidenciar una relación de vinculación entre la actividad interpretativa argumentativa desplegada por la autoridad demandada y los derechos presuntamente vulnerados.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.2. "Conforme estos lineamientos jurisprudenciales, se advierte que el accionante al cuestionar la errónea interpretación de la norma prevista en el art. 121.20 de la LOMP, sustentó su reclamo en que la sanción que le fue impuesta no distinguió con objetividad la falta disciplinaria que se le atribuyó, a partir del alejamiento del orden jurídico en dicha labor interpretativa, al no englobarse ningún método de interpretación que la respalde, invirtiéndose la carga de la prueba en cuanto a justificar la inactividad por la cual se le declaró responsable de la falta disciplinaria muy grave contenida en dicho precepto legal y sin realizar un análisis fáctico jurídico dar por sentado el elemento del dolo; sin embargo, a más de ello, no expuso ante esta jurisdicción por qué la labor interpretativa de la autoridad codemandada, resulta -como tiene denunciado- arbitraria, no habiendo identificado las reglas de interpretación que fueron omitidas por la prenombrada autoridad, ni que la aducida inversión de la prueba conlleva por sí misma una errónea interpretación de la norma como tampoco explicó de qué manera la denunciada ausencia de análisis fáctico jurídico importa un asentimiento del dolo como elemento de la falta disciplinaria que se le fuere responsabilizada; aspectos que necesariamente debieron haberse cumplido a fin de que este Tribunal dentro de la excepcionalidad establecida en la precitada jurisprudencia pueda ingresar a analizar las reclamaciones deducidas por el accionante, evidenciándose así la insuficiencia de la carga argumentativa, que impide a esta justicia constitucional ingresar a analizar la presunta vulneración de derechos y garantías fundamentales por la autoridad codemandada, en su labor de interpretación de la norma, cuando como se tiene señalado la jurisdicción constitucional para revisar un actuado jurisdiccional, debe evidenciar una relación de vinculación entre la actividad interpretativa argumentativa desplegada por la autoridad demandada y los derechos presuntamente vulnerados, lo cual no implica -como pretende el accionante- que la jurisdicción constitucional efectué una revisión de oficio de la actividad jurisdiccional de otros tribunales, respecto a la interpretación de las normas. De similar forma, respecto a la denunciada omisión de valoración integral en base a la sana crítica de la prueba de descargo presentada dentro del proceso disciplinario, el accionante se limitó a señalar que presentó abundante prueba, a efectos de desestimar la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 121.20 de la LOMP; sin embargo, no señaló de manera concreta ni específica, qué prueba o pruebas no fueron tomadas en cuenta por la autoridad codemandada, menos detalló las pruebas que fueron presentadas, o las que fueron valoradas; apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles de ellas habiendo sido recibidas no fueron debidamente producidas o compulsadas, como tampoco indicó, en qué medida aquella valoración cuestionada de irrazonable, inequitativa o que no llegó a practicarse, tiene incidencia en la resolución final; al respecto, la , señala: “Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria;…”
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0156/2018-S1 Sucre, 25 de abril de 2018
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 21773-2017-44-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 7-2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 571 a 583, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Héctor Alberto Cornejo Ferrufino contra Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado y Roberto Antonio Ramírez Torres, Fiscal Departamental de Chuquisaca en suplencia legal del anterior.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 31 de julio y 26 de septiembre de 2017, cursantes de fs. 441 a 449 vta., y 471 a 472 vta., el accionante manifiesta que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
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