Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0156/2019-S4 Sucre, 25 de abril de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 25747-2018-52-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 05 de 24 de septiembre de 2018, cursante de fs. 275 a 279 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Alviz Rojas contra Elisa Sánchez Mamani, Vocal Presidenta de la Sala Mixta Civil y Familiar, Niñez y Adolescencia y Javier Rodrigo Celiz Ortuño, Vocal Presidente de la Sala Civil Primera ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Maricel Violeta Guzmán Camacho, Jueza Pública Civil y Comercial Primera del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2018, cursante de fs. 256 a 263 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 10 de abril de 2012, suscribió un contrato privado de arrendamiento con Guillermo Chambilla Garrido como propietario del inmueble a ser alquilado, con un cánon de alquiler establecido en $us3 500.- (tres mil quinientos dólares estadounidenses). Posteriormente, el 7 de septiembre de 2015, el indicado propietario interpuso demanda ejecutiva en su contra, faltando a la verdad y refiriendo que desde el 10 de febrero de 2014, su persona no canceló los cánones de alquiler como se acordó en el contrato, al efecto y con la única intención de pretender justificar que éste no daba recibos por ese concepto, hizo aparecer de manera fraudulenta dos recibos de alquiler por Bs434 480.- (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta bolivianos); equivalente a $us63 000.- (Sesenta y tres mil dólares estadounidenses) y fuera de todo contexto legal presentó los referidos recibos por Bs243 609.- (doscientos cuarenta y tres mil seiscientos nueve bolivianos) y Bs194 880.- (ciento noventa y cuatro mil ochocientos ochenta bolivianos), siendo que su persona únicamente adeuda tres meses de alquiler cuyo monto total asciende a $us10 500.- (diez mil quinientos dólares estadounidenses), correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2015.
Por otra parte, según certificación emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), su domicilio real se encuentra en la calle Hermógenes Salazar 030, sin embargo, el demandante del proceso ejecutivo, señaló que dicho domicilio se ubicaba en la calle Hermógenes Salazar 1865, solicitando se notifique con "la demanda y auto" en dicho domicilio, procediéndose a efectivizar el citado actuado procesal, mediante cédula, en un lugar donde ya no vivía junto a su familia desde el 16 de noviembre de 2013, razón por la que nunca tuvo conocimiento de la demanda ejecutiva, en dicha labor de notificación, se extrañó la representación del Oficial de Diligencias, que refiera que su persona no vivía en aquella propiedad, para de esa manera habilitar la notificación por edictos, sin embargo, al no haberse obrado de esa manera se le provocó un estado de indefensión absoluta.
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