Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0157/2019-S2 Sucre, 24 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 26730-2018-54-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución de 50/18 de 16 de noviembre de 2018, cursante de fs. 42 a 45, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Cosme Yujra en representación sin mandato de Ramón Aguilera Aguilera contra Geovana Claudia Peñaranda Tito, Jueza de Partido y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2018, cursante de fs. 21 a 23 el representante del accionante, expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante sentencia pronunciada dentro del proceso laboral seguido por Manuel Ortiz Arias, se le condenó a pagar la suma de Bs24 942.- (veinticuatro mil novecientos cuarenta y dos bolivianos); esta decisión, fue confirmada en instancia de apelación y también de casación, sin actualización alguna; sin embargo, la Jueza demanda mediante Decreto de 16 de julio de 2018, ordenó el pago de la suma de Bs36 355,45.- (treinta y seis mil trescientos cincuenta y cinco bolivianos 45/100), en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de librarse mandamiento de apremio, sin tomar en cuenta la retención de la suma de Bs29 544,78 (veintinueve mil quinientos cuarenta y cuatro 78/100 bolivianos) que se efectuó el 5 de enero de 2011, de su cuenta en el Banco Nacional de Bolivia (BNB) a inicio del trámite del proceso laboral; vale decir, sin descontar dicho monto, cuando lo que correspondía era ordenar el pago únicamente del saldo pendiente de Bs6810.- (seis mil ochocientos diez bolivianos); por lo que, se encuentra ilegalmente perseguido e indebidamente procesado, sin considerar que como médico veterinario tiene actividades que cumplir.
Asimismo, la autoridad demandada no atendió sus pedidos que fueron efectuados mediante escritos presentados el 17 y 24 de mayo de 2018, para que proceda al pago al demandante de la suma retenida y se deje sin efecto el libramiento de cualquier mandamiento de "...detención..." (sic); puesto que el 29 de octubre de 2018, se emitió el mandamiento de "...aprehensión..." (sic). Lo propio sucedió con los escritos presentados el 1 y 4 de noviembre del mismo año, en los que pidió que se deje sin efecto el mandamiento librado, en mérito de que la retención ya fue efectuada; puesto que, en razón de dicho antecedente debía ordenarse el pago del saldo de Bs6810.-, ofreciendo su pago en efectivo o en la cuenta que se señale. Finalmente el 8 y 9 de del indicado mes y año, el personal auxiliar del Juzgado, por orden de la autoridad demandada, ya no le recibió memoriales.
El art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, que refirió la Jueza demandada, para justificar el reajuste no se encuentra vigente, dado que no se aprobó su reglamentación de la que dependía su entrada en vigencia; además, la actualización efectuada no fue ordenada en la Sentencia.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos a la libertad y a la libertad de locomoción; citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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