0157/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)Anular la Resolución Recurso Jerárquico SERECI.SCZ/DD/RJ 01/2021, ordenándose emitir una nueva resolución jerárquica que valore y aprecie adecuadamente los medios de prueba, en relación a que: "...de acuerdo a la tarifa legal del Art. 1289 del C.C., en relación al Art. 804 del C.C., el mandato es un contrato que permite a una persona realizar en su representación actos como el de filiación, y que en el caso en particular se ha realizado las 196 partidas de nacimiento inicialmente observadas, por los padres biológicos como consta en las partidas de nacimiento e informes emitidos en el proceso administrativo sancionador, por consiguiente se declare inexistente la acusación de la infracción del inc. h) del Art. 54 del Reglamento de Oficiales y Oficialías de Registro Civil" (sic); y,
2. b)Se le restituya a sus funciones de Oficial de Registro Civil.

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo indicó que:

1. 1)Son tres hechos que identificó el SERECI Santa Cruz: la afiliación se estableció de manera errónea; el curso inadecuado del sistema informático; y que el mandato judicial no podría ser aplicado para una afiliación; acreditando de forma objetiva la inexistencia de cada uno de ellos;
2. 2)El Informe Técnico DD.S.R.C./INSP 175/2020, estableció que cumplió a cabalidad con el Manual de Funciones; es decir, que no vulneró la base de datos; empero, ese elemento de prueba no habría sido valorado, arguyendo que fue emitido por un abogado y no un ingeniero de sistemas;
3. 3)El art. 14.4 de la CPE precisó que nadie estaría impedido de realizar lo que no está prohibido; en ese sentido, no existiría norma alguna que le impediría al padre registrar la filiación de su hijo, mediante un apoderado legal, tomando en cuenta que habrían personas con enfermedad terminal y no podrían asistir a la "notaria"; y,
4. 4)El art. 25 del CFPF, estableció que la filiación podría ser realizada mediante un instrumento público, por ese motivo, el sistema informático permitió sea a través del certificado legal.

Adolfo Ernesto Freire Bustos, Director Departamental; y, Ann Lizbeth Romero Carrasco, Asesora Legal, ambos del SERECI Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 11 de marzo de 2021, cursante de fs. 244 a 255, manifestaron que:

1. i)El impetrante de tutela no identificó con precisión en qué momento existió la afectación a su derecho al debido proceso en su elemento congruencia; ya que, se valoraron las pruebas de descargo, considerándolas en el fondo y en la forma; en ese sentido, respecto a los Informes Técnicos DDSRC/INSP 175/2020 y, D.D.S.R.C./INP. 181/2020 de 19 de noviembre, se estableció la existencia de doscientas once partidas de nacimiento inscritas en octubre de 2020, de las cuales quince se llevaron conforme a procedimiento; solicitadas y firmadas por los padres biológicos, las demás fueron con poder notarial, incurriendo el impetrante de tutela en contravenciones al Reglamento de Oficialías y Oficiales de Registro Civil, así como sus modificaciones;
2. ii)El prenombrado dentro del plazo prudencial, no propuso ni presentó elementos probatorios de descargo, que comprueben la afectación del debido proceso en la causa;
3. iii)No habrían sido valorados los informes que señaló el solicitante de tutela, no existiría certeza que los documentos fueron escaneados en cada partida registral, sugiriendo que la Unidad del TIC- Nacional, sería quien informe si se encontrarían las documentales correctas e idóneas para la culminación de la inscripción;
4. iv)El Informe Técnico D.S.R.C./INSP/ 23/2021, elaborado por José Miguel Callejas Garcés, Técnico-Control Legal del SERECI Santa Cruz, remitió el listado completo de las ciento noventa y seis partidas, observando la existencia de homónimos casi perfectos, generando mayor incertidumbre frente a los posibles progenitores de los inscritos;
5. v)El solicitante de tutela cumplió la función de Oficial de Registro Civil, como un servicio a la comunidad, pero fracturó la confianza de esa noble labor; ya que, actuó al margen del Reglamento para la Inscripción de Nacimientos; lo que, generó sea pasible a una sanción; pues el Código Civil se aplicaría de forma supletoria siempre y cuando la normativa específica tuviera vacíos respecto al procedimiento aplicable, situación que en el presente caso no ocurrió; aspecto que era de conocimiento del aludido;
6. vi)De los poderes adjuntos cuestionados, ninguno hizo referencia de forma expresa, que los supuestos padres otorgaron su voluntad en relación a la filiación; asimismo, verificado el libro físico del asentamiento de las partidas de nacimiento, tampoco se observó en algún casillero que se registró la filiación comprobada y/o otorgada por los presuntos progenitores; lo que devino en la negligencia del accionante; de igual forma, en los libros físicos y digitales del Sistema RCBIO, los posibles padres no fueron plenamente identificados, al no contar con padrón biométrico o preliminar, con lo que se evitaría la confusión con homónimos o multiplicidad de identidades; es decir, al eludir el procedimiento administrativo en el registro de nacimiento, empleando la figura del poder notarial, permitió que sólo se identifique a través del referido padrón al apoderado y no a los posibles progenitores biológicos; incluso, si las partidas de nacimiento fueran incompletas o se hubiera errado en alguna de ellas, los datos no podrían ser subsanados sobre la misma partida, siendo viable solo la instancia administrativa o judicial; por lo que, incumplió las obligaciones inherentes a su cargo; y,
7. vii)La acción de amparo constitucional no estableció de forma apropiada la argumentación y exposición de hechos con los derechos vulnerados, arribando en la inexistencia del nexo de causalidad entre los mismos; tampoco cumplió con los requisitos que prevé la justicia constitucional para la interpretación de la legalidad ordinaria; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

La Asesora Legal codemandada, en audiencia de garantías señaló que:

1. a)Dentro del proceso sumario administrativo, al impetrante de tutela se le otorgó el plazo probatorio de diez días hábiles, computables a partir del 10 hasta el 24 de diciembre de 2020, durante ese periodo se evidenció la inexistencia de proposición o presentación de la prueba de descargo; y,
2. b)No se lesionó el derecho al trabajo, en todo caso, el mencionado defraudó la confianza que se le otorgó cuando se le nombró Oficial de Registro Civil, con las ciento noventa y seis partidas inscritas al margen de la normativa específica vigente, no pudiendo delegar ese registro a una atribución con base a un poder notarial, infringiendo así el art. 28 de "...Oficiales de Registro Civil..." (sic).

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 29/21 de 11 de marzo de 2021, cursante de fs. 261 vta. a 267, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)El peticionante de tutela solicitó que en el ejercicio de control tutelar, vía acción de amparo constitucional, se verifique la interpretación realizada por los demandados; y del examen de los presupuestos de las autorestricciones de la jurisdicción constitucional, concluyó que el nombrado expresó en audiencia de garantías expresó que, el Director Departamental demandado interpretó erróneamente el art. 11 de Reglamento para la Inscripción de Nacimientos "616/2004"; ya que, no consideró lo establecido en el art. 204 del CC; además, precisó los derechos fundamentales lesionados que serían el debido proceso y al trabajo; y fundamentó el nexo de causalidad; por lo que, cumplió con los requisitos para revisar si la Resolución Recurso Jerárquico SERECI.SCZ/DD/RJ 01/2021, incurrió en una errónea interpretación de los mencionados preceptos;
2. 2)El acto cuestionado identificó los agravios del peticionante de tutela, realizó una valoración intelectiva y descriptiva de los argumentos vertidos por las partes, y sobre lo reclamado refirió que, el art. 11 del Reglamento para la Inscripción de Nacimientos, estableció que la solicitud de inscripción de nacimiento de un niño, niña o adolescente puede ser presentada primero por padres o tutores, en la ausencia de uno de ellos por parientes hasta tercer grado de parentesco consanguíneo, a falta de ello, por autoridades municipales, administrativas o judiciales, aclarando que no existiría facultad de otorgación de poder, resultando adecuado el razonamiento asumido por el aludido Director, primando la ley especial sobre la general, la primera traducida en una obligación del Oficial de Registro Civil; y,
3. 3)No advirtió afectación del derecho al trabajo; puesto que, fue ejercido por el solicitante de tutela incluso al resolverse el último recurso que planteó; es decir, hasta que se agotó la instancia administrativa.