Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0158/2019-RCA Sucre, 4 de junio de 2019
Expediente: 29004-2019-59-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 6 de mayo de 2019, cursante de fs. 44 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Condori Condori contra Oscar Frauz Romero, Secretario General y Basilio Torrez Peña, Secretario de Transporte, ambos del Sindicato Mixto de Transportistas Santa Rosa de Lima.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 2 de mayo de 2019, cursante de fs. 37 a 43, el accionante refiere que está afiliado al Sindicato Mixto de Transportistas Santa Rosa de Lima en la línea 212, donde trabajó desde el 2009 hasta el 16 abril de 2019, momento a partir del cual los demandados de manera ilegal, arbitraria, directa e injusta están impidiendo que trabaje con su motorizado en dicha línea, como demuestra con el acta de verificación o constatación notarial de 17 del señalado mes y año.
Agrega que, los demandados impiden que trabaje con su motorizado de manera directa, sin causa justificada con la excusa de que fue expulsado, abusando del poder que detentan como autoridades, vulnerando de manera flagrante sus derechos constitucionales con dicho acto ilegal que se constituye en medidas de hecho; toda vez, que le ocasionan un daño grave e irremediable, al ser su trabajo la fuente de su sustento y el de su familia, por lo que corresponde que se le otorgue tutela inmediata, ya que al no dejarle realizar sus actividades, están amenazando su vida y la de su familia.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos a la vida, al trabajo, a la alimentación, a la dignidad y a la libertad de asociación, citando al efecto los arts. 16.I, 21, 22, 46 y 47 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
I.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene:
- a)La restitución de su derecho al trabajo, disponiendo de forma expresa que pueda trabajar en su motorizado;
- b)Se recomiende, se abstengan de realizar este tipo de actos;
- c)La calificación de los daños y perjuicios ocasionados; y,
- d)Se condene en costas. I.4. Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, por Resolución de 6 de mayo de 2019, cursante de fs. 44 a 45 vta., declaró la improcedencia de esta acción de amparo constitucional en aplicación del art. 53.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), fundamentando que:
- 1)Se verificó que los argumentos expuestos por el peticionante de tutela en una primera acción de defensa, son los mismos a los de esta acción tutelar; es decir, igual circunstancia fáctica y partes procesales de la acción tutelar declarada improcedente por incumplimiento del principio de subsidiariedad, mediante Resolución de 26 de abril del mismo año, por la Sala Constitucional Primera del citado departamento, que concluyó que no se agotaron previamente los mecanismos de impugnación establecidos en el Reglamento Interno del Sindicato de Transporte aludido, a fin de restablecer sus derechos y garantías supuestamente lesionados, advirtiéndose en la parte in fine de dicha Resolución, que la misma era impugnable en el plazo de tres días a partir de su notificación conforme el art. 30 del CPCo, y ;
- 2)En este sentido, no se tiene constancia de que se hubiera impugnado la Resolución de 26 de abril de 2019, dentro del plazo otorgado a efectos de que pueda ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ni que se hubieran agotado las instancias impugnativas en las que se sustentó el rechazo inicial; consiguientemente, existiría cosa juzgada respecto a los fundamentos del citado fallo, por lo que otro Tribunal de garantías, no puede pronunciarse nuevamente al respecto como si fuera instancia revisora; y,
- 3)El peticionante de tutela tenía los medios impugnativos que la norma procesal y la jurisprudencia constitucional le otorgan, lo contrario implicaría abrir una cadena interminable de acciones de defensa, perdiendo la efectividad del cumplimiento de una decisión ya asumida.
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