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TCP

0159/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de abril de 2026
Resumen del caso

Auto 0159/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0159/2026-CA Sucre, 8 de abril de 2026

Expediente: 82782-2026-166-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución de 25 de septiembre de 2025, cursante de fs. 11 a 12 pronunciada por Yoly Fabiana Saavedra Vaca, Directora Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra, por la que rechazó la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Roy Adams Claure Soliz, demandando la inconstitucionalidad del art. 15 inc. b) del Reglamento del Código de Ética del indicado GAM, por ser presuntamente contrario a los arts. 14.III y IV, 24, 109.I y II, 115.I y II, 120.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 23 de septiembre de 2025, cursante de fs. 160 a 165 vta., el accionante indica que a primera vista, la norma carece de taxatividad y precisión; además, las ordenes que emanen de la autoridad por más que sea la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Municipio, deben estar en sujeción estricta a la norma. De la forma como está redactado el artículo tachado de inconstitucional, da a entender que las órdenes deben ser cumplidas sin ninguna objeción sean legales o no, lo cual resulta inconstitucional, lo mismo si la entidad quiere reglamentar aspectos ajenos a la norma con la sola voluntad del ejecutivo, al margen de los manuales de funciones y la ley, que establece el alcance y parámetros de funcionamiento de la entidad edil, lo contrario la convierte en una carta blanca para que impartan ordenes al margen de la norma, la ley establece los deberes que tiene los servidores públicos; en consecuencia, la parte patronal no tiene tuición para reglar obligaciones más allá de lo que la ley señala.

Señaló también que en materia sancionatoria rige el principio de taxatividad y legalidad; lo que, implica que las faltas deben estar debidamente legisladas de manera concreta y lejos de subjetividades que pudieran constituirse en carta blanca para sancionar indebidamente cualquier conducta.

Al respecto la jurisprudencia constitucional en la , delimitó tres aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta en cualquier sustanciación de proceso que no han sido cumplidas en el caso que nos ocupa, que son: "a) La sujeción a los principios que rigen la acción disciplinaria como: la legalidad procesal, por la cual tanto los juzgadores como los administrados tienen que adecuar sus actuaciones al marco legal vigente en todas las etapas del sumario; el de tipicidad que regula que las conductas reprochadas (por omisión o comisión) deben encontrarse previamente descritas en norma específica así como la sanción que corresponde a faltas disciplinarias o contravenciones administrativas; el de culpabilidad, por el que el Juez o autoridad disciplinaria tiene que determinar la culpabilidad del administrado y si esa fue a título de dolo o de culpa; y, el de proporcionalidad, que remarca que en mérito a las agravantes y atenuantes, se determinará la imposición de la sanción la cual debe ser proporcional a la comisión de la falta o contravención: b) El respeto a la garantía del debido proceso, (...)" (sic.)

I.2. Respuesta a la acción

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