Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0160/2026-RCA Sucre, 27 de abril de 2026
Expediente: 83291-2026-167-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 30 de marzo, cursante de fs. 117 a 118 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jarlin Coca Orozco, Juan Diego Camacho Orellana y Fabiola Leyla Bustillos en representación de Juan Carlos Copaja Tirado contra Edgar Veizaga Montaño, Director Departamental de Educación; Karina Martínez Huisa, Directora Distrital de Educación de Colomi, y Beatriz Elena García de Achá, Encargada de Registro Docente Administrativo dependiente del Ministerio de Educación, todos del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memoriales presentados el 18 y 27 de marzo de 2026, cursante de fs. 80 a 103 vta. y 113 a 116 vta., el accionante a través de sus representantes manifiesta que, en su condición de docente del Sistema Educativo Plurinacional, fue sometido a proceso disciplinario ante el Tribunal Disciplinario Administrativo dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Colomi del departamento de Cochabamba, por la supuesta comisión de la falta muy grave de acoso sexual; proceso en el que se emitió la Resolución 03/2016 de 28 de noviembre, y se dispuso su destitución del Sistema Educativo Plurinacional, determinación que posteriormente fue confirmada mediante la Resolución 04/2017 de 26 de enero, consolidando su retiro definitivo del servicio, con la consiguiente afectación a su estabilidad laboral, registro en el Registro Docente Administrativo (RDA) y pérdida de haberes.
Paralelamente, por los mismos hechos, se sustanció un proceso penal, dentro del cual se pronunció la Sentencia 31/2018 de 9 de julio, mediante la cual fue absuelto, adquiriendo dicha decisión la calidad de cosa juzgada material, al haberse determinado que los hechos atribuidos no fueron acreditados. No obstante, dicha absolución penal firme, las autoridades educativas mantuvieron vigentes las Resoluciones 03/2016 y 04/2017, sosteniendo una sanción disciplinaria basada en los mismos hechos que fueron descartados por la jurisdicción penal.
Asimismo, gestionó el retiro del rótulo y la regularización de su situación administrativa conforme a los Decretos Supremos (DS) 1302 y 1320; sin embargo, la Responsable del RDA se negó a dar curso a sus solicitudes mediante proveídos de 23 de diciembre de 2025, 29 de enero y 19 de febrero de 2026, bajo el argumento de que existiría una resolución administrativa definitiva de retiro del Sistema Educativo, con calidad de cosa juzgada y preclusión, impidiendo cualquier restitución laboral; por lo que, permanece separado de su fuente laboral, sin percepción de salarios y con afectación a su estabilidad laboral, dignidad y proyecto de vida.
La Resolución 03/2016 utilizó actos acusatorios como prueba y omitió efectuar una subsunción disciplinaria autónoma, motivada e independiente, por su parte, la Resolución 04/2017 no respondió a los ocho agravios planteados en el memorial de 27 de diciembre de 2016.
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