Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0161/2019-RCA Sucre, 6 de junio de 2019
Expediente: 29044-2019-59-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 61/2019 de 7 de mayo, cursante a fs. 203 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Félix Velarde Quispe y María Luz Herrera contra María Tereza Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental; y, Susana Yvón Ávila Vargas, Jueza Agroambiental de Punata del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 2 de mayo de 2019, cursante de fs. 190 a 202 vta., la parte accionante señala que son propietarios de un terreno ubicado la zona "El Rosal" de la provincia Punata del departamento de Cochabamba, con una superficie de 2021.96 m², registrado en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 3.14.1.01.0003793, asiento A-1 de 22 de septiembre de 2009.
El Sindicato Agrario denominado "El Rosal", al ver que introdujeron mejoras en su terreno, pretendieron arrebatarle su bien sin tener ningún derecho sobre el mismo, lo cual derivó en acciones penales. El 24 de octubre de 2007, Ángel Delgadillo Barrientos, Secretario de Justicia del citado Sindicato, les inició un proceso de nulidad de documento, ante el Juez Agroambiental, adjuntando un certificado de defunción de "Guillermo Parrilla Montaño", quien habría fallecido el 10 de julio de 1964, sin que tenga vinculación alguna con el nombrado.
El documento cuya nulidad se pidió es de 14 de diciembre de 1992, donde aparece como vendedor "Guillermo Parrilla", y el certificado de defunción que se adjuntó pertenece a "Guillermo Parrilla Montaño", persona distinta, si bien en el citado documento privado interviene como vendedor "Guillermo Parrilla", no tiene relación con el nombre del mencionado certificado; además no procede tal nulidad si ya está registrado su derecho propietario en DD.RR. desde el 22 de septiembre de 2009, nadie perturbó su posesión, tampoco les dijeron que ese documento era falso, habiendo adquirido el bien en cuestión de Félix Orellana Veliz, Oscar Bernardino Orellana y José Marcelo Montaño Orellana, cancelando la suma de $us18 000.- (dieciocho mil dólares estadounidenses), inclusive el 12 de mayo de mismo año, suscribieron un documento aclaratorio.
Alega que, la demanda versa sobre la nulidad de un contrato de compra venta, de acuerdo a los hechos, no se configura la causal que prevé el art. 549 inc. 3) del Código Civil (CC) invocado por el demandante, en todo caso debía fundarse en la falta de consentimiento, requisito que no es causal de nulidad del contrato sino de "anulabilidad" conforme dispone el art. 554 inc. 1) del citado Código.
Presentaron excepción previa de incompetencia, alegando que la judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria, siendo que se discute la eficacia jurídica de un contrato de compra venta de carácter civil y no agraria, además la procedencia de la acción de nulidad intentada, no está determinada por el contenido del acto que se impugna, ni por los efectos que de éstos puedan derivar, sino por la naturaleza de la pretensión que se formule. El conflicto suscitado no tiene por objeto conflictos emergentes de las acciones de defensa del derecho de propiedad como ser: el reconocimiento del mejor derecho de propiedad, la reivindicación, la acción negatoria, acciones de posesión como son los interdictos, entre otros, cuando tiene por objeto la discusión de tierras agrarias, como determina el art. 30 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-, sólo en los casos descritos corresponde que sea conocida dentro la jurisdicción especializada; asimismo, interpusieron excepción de impersonería del demandante, argumentando que el actor no es dirigente principal del Sindicato Agrario "El Rosal", entre otros cuestionamientos; sin embargo, la Jueza demandada, por decreto de 30 de noviembre de 2017, dispuso estese al Auto de 28 de igual mes y año, negando su memorial de contestación y las excepciones formuladas, con el fundamento que fue presentado fuera del plazo estipulado en el art. 79 de la LSNRA. Interpuesto el recurso de reposición éste fue contestado por Auto de 8 de enero de 2018, resolviendo que el plazo para responder la demanda es de quince días calendario, el cual debe computarse sólo los días hábiles, en este caso el término para responder la demanda vencía el 1 de diciembre de 2017 y no así el 27 de noviembre del mismo año, que por supletoriedad son aplicables los arts. 90 y 91 del Código Procesal Civil (CPC), actuación que vulnera su derecho al debido proceso en su elemento de motivación, fundamentación y a la defensa.
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