0161/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia:

1. a)Se deje sin efecto la Resolución FDLP/MACV-R 413/2020, debiendo ordenarse la emisión de nuevo fallo "...sobre la base de los actuados investigados respetando los plazos cumplidos de esta etapa de investigación preliminar y atender y allanarse a la conminatoria de auto de control jurisdiccional N 230/2020" (sic);
2. b)"Se ordene que la autoridad accionada emita nueva resolución con base a todos los actuados de investigación pruebas de cargo y de descargo Y EL DICTAMEN PERICIAL DEL IITCUP acatando lo modulado por la sentencia constitucional Nº 0797/2010-R de 2 de agosto de 2010 respecto a resultados de estudio científico" (sic); y
3. c)"Se ordene que la autoridad accionada emita resolución motivada y fundamentada y congruente con los agravios expuestos por mi parte, el cual seguramente previa compulsa de las pruebas y actuados de investigación determinaran CONFIRMAR LA RESOLUCION DE RECHAZO RES.RECH./E.L.R.L./Nº041/2020 de 11 de septiembre de 2020. Basado en la compulsa adecuada, integra y completa de los actuados de investigación inmersos en el cuaderno." (sic).

La accionante a través de su abogado, ratificó el memorial de acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que:

1. 1)La primera omisión ilegal e indebida, radica en la vulneración al plazo máximo previsto para la etapa preliminar de investigación, misma que fue advertida en el Acto de Control Jurisdiccional 230/2020, emitido por el Juez de la causa
2. 2)El Fiscal de Materia requirió en primera instancia al IDIF realice el examen pericial grafo documentológico, pero debido a la inacción, falta de respuesta y designación de peritos efecto del pico más alto de la pandemia, el Fiscal de la causa cumpliendo con su deber evitando que transcurra el tiempo, de forma responsable y amparado en el art. 75 del CPP modificado por la Ley 1173, que señaló que el Ministerio Público requerirá indistintamente la realización de estudio científico técnico periciales tanto al IDIF como al IITCUP, designó al IITCUP, quien emitió el dictamen pericial concretando con ello el estudio pericial encomendado por el Fiscal Departamental de La Paz en junio de 2019; no obstante, el fiscal demandado sin mayor fundamento resolvió repetir el informe pericial basado en normativa derogada, transcribiendo en su resolución el art. 83 de la Ley de Organización del Ministerio Público (LOMP), el cual fue derogado por la Ley 1173, argumentando que debe priorizarse lo dispuesto en dicha norma, apartándose de lo regulado por el art. 214 del CPP, que señala que cuando los dictámenes policiales sean ambiguos, insipientes o contradictorios, el Fiscal está facultado a ordenar se complemente aclare o finalmente, se repita el estudio pericial, presupuestos normativos que no concurren en el caso, limitándose el Fiscal Departamental demandado a examinar un documento sin eficacia probatoria presentado por las denunciantes, documento mal denominado auditoría grafo documentológica, mismo que fue realizado extrajudicialmente, sin cumplir formalidades, debido a que no fue ordenado por el Fiscal de Materia, no se pudo proponer puntos de pericia, no pudo ser objetado, etc., vulnerando así su derecho a la defensa, ya que tampoco tuvo la posibilidad de recusar al profesional -que elaboró el referido documento-, contratado por las denunciantes que, anteriormente realizó otra pericia complaciente a sus intereses, lo que demuestra una absoluta deslealtad procesal, además de haber sido incorporado al cuaderno sin observar el procedimiento previsto por ley, con la única finalidad de generar confusión, resultando carente de eficacia probatoria; no obstante, el demandado inobservando el mandato de exclusiones probatorias pretende fundar su determinación de repetir el dictamen pericial sin fundamentar la razón jurídica que motiva su determinación, ampliando el plazo de investigación que a la fecha es de dos años y cuatro meses; y,
3. 3)Omitió valorar la prueba que presentó, incluido el dictamen pericial del IITCUP, demostrando una evidente ligereza en los actuados de investigación, la cual se evidencia de la afirmación errada que realiza al señalar que la imputada hoy accionante, no habría prestado su declaración informativa policial, es más advirtió al Fiscal de Materia con sanción disciplinaria por no haber efectuado dicho actuado, cuando el mismo sí existe, habiendo sido acompañado como prueba "número 8" (sic).

Marco Antonio Cossío Viorel, Fiscal Departamental de La Paz, por memorial escrito de 15 de enero de 2021 de fs. 118 a 125, señaló que:

1. i)Incumplió con los presupuestos que hacen viable se ingrese a la revisión de la legalidad ordinaria;
2. ii)El impetrante de tutela señaló que se omitió valorar su declaración informativa y otras pruebas, sin detallar con precisión a cuáles se refirió concretamente, tampoco citó cuál la incidencia ni demostró la lesión a derechos y garantías constitucionales;
3. iii)Si bien es cierto que en la Resolución FDLP/MACV-R 413/2020, se volvió a sugerir actuados investigativos tales como:
4. a)Realizar audiencia de Inspección Técnica Ocular a los Juzgados Públicos Civiles correspondientes a objeto de identificar y colectar el documento cuestionado para su estudio científico; y,
5. b)Requerir ante el IDIF el Estudio Pericial Grafológico y de Comparación, a objeto de determinar si la firma inmersa en el documento de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Venta de 19 de abril de 2006, corresponde a Víctor Bustamante Soria; no obstante, las mismas fueron solicitadas a consecuencia de que el Fiscal de Materia no dio cumplimiento a dichos actos investigativos, no pudiendo entenderse como reiterativo, ya que el ITO tiene como objetivo colectar e identificar el supuesto documento fraguado, extremo que a la fecha no fue realizado;
6. iv)Si bien a momento de sugerir la pericia al IDIF a pesar de la existencia del Dictamen Pericial Documentológico del IITCUP de 17 de julio de 2018, por un error involuntario se hizo mención al art. 83 parágrafo I y II de la Ley 260; no obstante, el mismo se fundó a consecuencia de que el Dictamen Pericial referido, fue desacreditado, afrentada y contrarrestada por la Auditoría Documentológica de 11 de septiembre de 2020, hecho que generó incertidumbre respecto a la veracidad y/o falsedad del documento cuestionado, por lo que al amparo del art. 214 del CPP, corresponde la realización de uno nuevo, siendo el existente insuficiente dentro de la investigación y contradictorio al elemento documental de auditoría presentado por la denunciante, correspondiendo al IDIF como brazo operativo del Ministerio Público, realizar dicho estudio, previo secuestro y colección del documento dubitado a través de la ITO por parte del Fiscal de Materia, sin que se advierta "vulneración a la congruencia", pues considerando además que una vez notificadas las partes con la Resolución de Rechazo 41/2020, únicamente la parte denunciante objetó el rechazo, habiéndose el fallo emitido en sujeción a los puntos impugnados;
7. v)La "acción de libertad" no tutela principios, a no ser que se encuentren vinculados a derechos, lo que en el caso no sucedió;
8. vi)Posteriormente a la emisión de la Resolución FDLP/MACV-R-413/2020, que revocó el rechazo, la parte hoy accionante presentó memorial de 13 de noviembre de 2020, mediante el que pidió al Fiscal de Materia, requerimiento fiscal para que el investigador asignado al caso presente informe y requerimiento fiscal dirigido para el IITCUP a objeto de que remita toda la documentación referente a la pericia realizada; memorial de 25 del mismo mes y año, por el que al amparo de la Resolución aludida -hoy cuestionada- solicitó se emita requerimientos fiscales al IITCUP a objeto de que se remita toda la documentación referente a la calidad de perito del Subteniente Brayan Silva; memorial de 4 de diciembre del citado año, a través del cual ofrece como testigos a Gualberto Cusi Mamani y Nelly Daysi Callejas Loayza, instando su emplazamiento y toma de declaraciones; memorial de 3 del mes y año referidos, por el que señaló que fue notificada con el requerimiento de 19 de noviembre de 2020, por el que se determina la realización de pericia, por lo que en apego al art. 209 del CPP, solicitó requerimiento dirigido a la oficina de Archivo Central de para que permita el acceso y exhibición del proceso de declaratoria de herederos; requerimiento dirigido al SERECI de la ciudad de La Paz, para que permita el ingreso y la toma de muestras para efectivizar la comparación en la partida de matrimonio y legajos matrimoniales y el trámite administrativo de enmiendas; requerimiento fiscal dirigido al SEGIP para que se le permita al perito efectuar las comparaciones con la tarjeta prontuario del ciudadano Víctor Bustamante Soria a efectos de que se realice la pericia por el IDIF, requiriendo además se disponga el desarrollo de la pericia con la propuesta comparativa efectuada por su persona; memorial de 2 de diciembre de 2020, por el que solicitó la suspensión de la audiencia de ITO y fije se fije nuevo día, en el que compromete su participación puntual. Aspectos que demuestran la existencia de actos consentidos, que denotan una equívoca aceptación o consentimiento voluntario y expreso, consiente el presunto hecho vulnerador, extremo que configura una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional de acuerdo al art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), siendo claro que la impetrante de tutela antes de presentar ésta acción tutelar, solicitó requerimientos fiscales a través de los escritos referidos y otros actuados, corresponde que deba denegarse la tutela;
9. vii)El fallo emitido cumple con los cánones y parámetros necesarios; y,
10. viii)Finalmente pidió, posterior a la intervención de la parte solicitante de tutela, se omita considerar argumentaciones fácticas adicionales a las expuestas en el memorial de amparo constitucional, en resguardo de su derecho a la defensa.

Juana Rosa Ramallo Soria de Tapia, a través de informe escrito de fs. 112 a 116 vta., citó, que:

1. 1)La parte accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad, respecto a la presunta violación de plazos máximos;
2. 2)Existe la concurrencia de actos consentidos, debido a que la impetrante de tutela once días antes a la presentación de esta acción de defensa, mediante memorial solicitó la ampliación de los puntos de pericia, señalando: "Por lo que de manera respetuosa, instamos que se disponga el desarrollo de la pericia con la propuesta comparativa efectuada de nuestra parte" (sic), además de realizar una serie de peticiones dirigidas a continuar la investigación, enmarcándose en la decisión asumida por el Fiscal Departamental ahora demandado, ingresando en una tácita aceptación;
3. 3)Los principios constitucionales no son objeto de tutela;
4. 4)La accionante pretende que se valore la prueba y se ingrese a interpretar la labor del Fiscal demandado, aspecto que no puede ser analizado por la jurisdicción constitucional, ya que se incumplieron con los presupuestos jurisprudenciales para efectuar dicha revisión;
5. 5)Solicitó se considere que es una persona de la tercera edad, contando a la fecha con setenta y cinco años, además de encontrarse delicada de salud, siendo costoso trasladarse para estar presente al llamado efecto de la presente acción tutelar;
6. 6)Existen dos informes periciales uno emitido por el IITCUP y otro por Enrique Galarza, existiendo contradicción entre ambos, lo que causó incertidumbre en la autoridad fiscal demandada, quien generó la necesidad de un nuevo estudio pericial, ya que conforme delinea el art. 214 del CPP, en caso de contradicción entre pericia la autoridad competente puede solicitar una nueva a efectos de dilucidar las contradicciones existentes; y,
7. 7)La prueba pericial de parte no se encuentra prohibida, por lo que no puede pretenderse su desconocimiento; argumentos en base a los cuales solicito se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 010/2021 de 15 de enero, cursante de fs. 147 a 150 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Respecto a la solicitud de que la autoridad fiscal se allane a la conminatoria efectuada por la autoridad de control jurisdiccional, constituye un argumento que no se encuentra vinculado al fondo de la decisión de la Resolución 413/2020, por lo que la parte accionante puede acudir ante el juez de la causa, ya que conforme al art. 54 del CPP, es quien debe establecer el cumplimiento de la conminatoria efectuada, en ese efecto se tiene entonces que la denuncia esgrimida no puede ser considera al ingresar en una causal de improcedencia como es la subsidiariedad, previsto en el art. 54.I del CPCo, en cuyo mérito no se efectuará pronunciamiento alguno; y,
2. ii)En cuanto a la temática de fondo, conforme la relación de antecedentes, se verifica que posterior a la emisión del fallo ahora cuestionado y antes de la interposición de la presente acción tutelar, la parte accionante se allanó a las directrices emanadas en el dictamen emitido por el Fiscal Departamental de La Paz -hoy demandado-, el cual es identificado como acto lesivo, en cuyo cumplimiento efectuó actos de postulación cuyo despliegue genera actos inequívocos que denotan aceptación de los efectos y directrices que hoy son cuestionados, por las cuales se llega incluso a proponer actuaciones de investigación, correspondiendo denegar la tutela sin ingresar al fondo de la problemática postulada.