Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0162/2019-S3 Sucre, 16 de abril de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expedientes: 22664-2018-46-AAC 23078-2018-47-AAC (acumulado) 22698-2018-46-AAC (acumulado) Departamento: La Paz
En revisión las Resoluciones 51/2018 de 23 de enero (expediente 22664-2018-46-AAC), 45/2018 de 21 de febrero (expediente 23078-2018-47-AAC) y 06/2018 de 8 de febrero (expediente 22698-2018-46-AAC), cursantes de fs. 748 a 751 vta., 1736 a 1741 y 2620 a 2623 vta., pronunciadas dentro de las acciones de amparo constitucional interpuestas por Carlos Crispín Quispe Lima, Viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero y Marcela Cortez Arnold, Directora General de Control y Fiscalización del Ministerio de Hidrocaburos en representación de Luis Alberto Sánchez Fernández, Ministro de Hidrocarburos contra José Antonio Revilla Martínez, Juan Carlos Berrios Albizu, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Edwin Aguayo Arando, María Cristina Díaz Sosa, Olvis Eguez Oliva, Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Eguez Añez, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
Expediente 22664-2018-46-AAC
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 6 y 15 de diciembre de 2017, así como el 5 de enero de 2018, cursantes de fs. 594 a 612, 615 y vta.; y, 628 a 629 vta., la parte accionante señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante Resolución Administrativa (RA) 0916/2012 de 2 de mayo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) resolvió aprobar el monto de Bs363 167,33.- (trescientos sesenta y tres mil ciento sesenta y siete 33/100 bolivianos) a favor de la empresa Refinería Oro Negro Sociedad Anónima (S.A.), por el Diferencial de Ingresos correspondiente al mes de enero de 2011; contra esta decisión la empresa mencionada interpuso recurso de revocatoria que fue rechazada mediante RA ANH 2344/2012 de 11 de septiembre; posteriormente la misma presentó recurso jerárquico, que fue resuelto a través de la Resolución Ministerial (RM) R.J. 054/2013 de 14 de mayo, revocando parcialmente la Resolución recurrida.
La indicada empresa, interpuso demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Jerárquica mencionada, en cuyo mérito el Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Sentencia 459/2016 de 27 de septiembre, declarándola probada en parte, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Ministerial R.J. 054/2013 y la RA ANH 2344/2012 e instruyendo se realice un nuevo cálculo del Diferencial de Ingresos para el mes de "...octubre de 2010..." (sic). Ante la solicitud de enmienda y complementación el referido Tribunal mediante Resolución 81/2017 de 1 de febrero, complementó y enmendó "...solo en su parte resolutiva, modificando la redacción e incluyendo en ella el reconocimiento de actualización de la variable depreciación" (sic).
Como parte de la tutela del debido proceso en su elemento de motivación, la jurisdicción constitucional puede examinar la legalidad ordinaria de las resoluciones judiciales o administrativas, previo cumplimiento de determinados requisitos. En este comprendido, el Tribunal Supremo de Justicia emitió la Sentencia 459/2016 y la Resolución 81/2017 con una motivación insuficiente, arbitraria, incongruente e ilógica y con error evidente sobre la interpretación de las normas aplicadas como su fundamento.
La Sentencia mencionada, reconoció el revalúo de activos como parte del patrimonio de la Refinería Oro Negro S.A., bajo el único argumento que de acuerdo a la "Norma de Contabilidad N° 4" (sic) aprobada por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), aplicable por analogía, contablemente sería permisible el reconocimiento del revalúo de activos como parte del patrimonio de la empresa, lo que resulta atentatorio a sus derechos, ya que la normativa tributaria tiene un alcance y objetivo específico, cual es de regular el pago de impuestos a las utilidades de las empresas, cuya finalidad es la recaudación impositiva; mientras que el Diferencial de Ingresos en el marco del Decreto Supremo (DS) 29122 de 6 de mayo de 2007, RM 070/2007 de 29 de junio y la Ley de Hidrocarburos, tiene un alcance y objeto específico constituyéndose en un mecanismo de compensación, a través del cual Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) subsidia las operaciones de las empresas refineras "...en el entendido de que los costos incurridos por las mismas son mayores que sus ingresos generados, diferencia que es compensada por YPFB a través del diferencial de ingresos, cálculo que nace como consecuencia de un análisis técnico regulatorio de razonabilidad y eficiencia económica realizado por la Agencia Nacional de Hidrocaburos..." (sic).
Si bien dentro la fórmula de cálculo del Diferencial de Ingresos se encuentra la variable depreciación, la misma se refiere a la depreciación por costos; sin embargo, bajo la normativa tributaria el Tribunal Supremo de Justicia, reconoció la depreciación por revalúo, variable que no se encuentra establecida en la fórmula de cálculo "...pues la realización de un revalúo técnico de activos implica la asignación de un nuevo valor nominal y una nueva vida útil residual del activo en relación a los precios de mercado, de acuerdo a la condición o estado actual en la que se encuentra el bien de uso, por lo tanto, el incremento del valor nominal del activo, que resulte del procedimiento, no implica la realización o erogación del recurso a aplicarse al activo como en una inversión efectiva, por ello, no resulta lógico, coherente o razonable que se incluya dicho concepto en el cálculo del DI..." (sic); razón por la que el fundamento planteado por el Tribunal demandado es erróneo, puesto que la aplicación análoga de las normas requiere de una serie de condiciones o límites que no fueron cumplidos, como la ausencia de cobertura normativa y la identidad de razón entre el supuesto contemplado por la norma y el que se quiere solucionar.
El criterio utilizado por el Tribunal Supremo de Justicia, vulneró también el principio de jerarquía normativa, pues se dio mayor relevancia a una Resolución Administrativa del SIN y no así a la Ley de Hidrocarburos, al DS 29122 ni a la RM 070/2007, que resultan ser correctas. El reconocimiento de la depreciación por revalúo implica que el pago calculado a favor de la empresa refinera deba duplicarse, lo que generaría una afectación económica al Estado; lo expresado muestra la vulneración del debido proceso en su vertiente de motivación "...pues como se demostró el TSJ no justificó en lo mínimo las razones por las cuales determinó aplicar análogamente la normativa interna del Servicio de Impuestos Nacionales en cumplimiento a los requisitos establecidos para su procedencia..." (sic) incluso en contradicción al entre otros; asimismo olvidó que la RM 070/2007, responde a un conjunto de normas sectoriales y prescindió de una interpretación sistemática y teleológica, al determinar que el monto total del balance auditado deba ser utilizado para el cálculo del Diferencial de Ingresos, desconociendo que "...de acuerdo a la propia fórmula del cálculo del DI el reconocimiento del patrimonio debe realizarse únicamente respecto a la actividad de refinación y comercialización, siempre y cuando las mismas representen un incremento de la inversión" (sic), error de interpretación que lesionó su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y jerarquía normativa, al ser insuficiente por falta de motivación y argumentación e incluso arbitraria.
La Resolución 81/2017 modificó la parte resolutiva de la Sentencia 459/2016, lesionando de esa forma el debido proceso en su elemento de congruencia, ya que dejó sin efecto en su totalidad la RM R.J. 054/2013 y la RA ANH 2344/2012, modulando así los efectos de la Sentencia emitida, a pesar que esta última declaró probada en parte la demanda, por lo que debieron mantenerse firmes y subsistentes los puntos relacionados a las cuentas de ingresos e inversiones. Al disponer aquello, dejó sin efecto de manera incongruente lo resuelto a favor de la empresa refinera; además que las autoridades demandadas, resolvieron aspectos no reclamados por la parte demandante, lo que generó que se emita una sentencia ultra petita.
I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados
La parte accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y jerarquía normativa, citando al efecto los arts. 9.4, 109.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:
- a)Dejar sin efecto en parte la Sentencia 459/2016 y en su totalidad la Resolución 81/2017; y,
- b)Se emita una nueva sentencia, debidamente fundamentada y motivada, adecuando sus criterios conforme las atribuciones y competencias descritas en la norma aplicable.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 23 de enero de 2018, según consta en acta cursante de fs. 740 a 745, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La parte accionante por intermedio de su abogada, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional presentada.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
José Antonio Revilla Martínez, Juan Carlos Berrios Albizu, Marco Ernesto Jaimes Molina, Ricardo Torres Echalar, Carlos Alberto Eguez Añez y Olvis Eguez Oliva, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito recepcionado el 19 y 24 de enero de 2018, cursantes de fs. 711 a 712 vta.; y 746 a 747 vta. señalaron que no participaron del acto impugnado, por lo que no corresponde informar sobre el fondo del asunto; sin embargo, estarán a los resultados de la acción de amparo constitucional a afecto de asumir la responsabilidad institucional.
Esteban Miranda Terán, Edwin Aguayo Arando y María Cristina Díaz Sosa, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia de garantías, no obstante su notificación cursante a fs. 672, 673 y 676.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
La Refinería Oro Negro S.A. por intermedio de su representante Freddy Manuel Chávez Rocabado, mediante escrito presentado el 23 de enero de 2018, cursante de fs. 722 a 724 vta., señaló que:
- 1)En la acción de amparo constitucional, se reprodujeron antecedentes del proceso contencioso administrativo y sentencias constitucionales, sin demostrar la vulneración de los derechos y garantías acusadas de transgredidas;
- 2)La indicada demanda es contradictoria, puesto que si bien señaló que la aplicación análoga de la "Norma de Contabilidad N° 4" (sic) sería atentatoria a sus derechos; sin embargo, luego aceptó expresamente que la realización de un revalúo técnico de activos es válido y por lo tanto formaría parte del balance de la Sociedad "...entonces resulta ser aplicable lo determinado en el artículo 3 de la Resolución Ministerial No.070/07 de 29 de junio de 2007..." (sic);
- 3)Las afirmaciones efectuadas por los apoderados del Ministerio de Hidrocarburos, resultan falsas e infundadas; y,
- 4)En la Sentencia 459/2016 y la Resolución 81/2017, se ejerció el control de legalidad para evitar abusos que cometieron la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos; razones por las que solicitó se deniegue la tutela.
YPFB por intermedio de su representante Wilson Falcón Mamani, Profesional Abogado de la Unidad Legal de Análisis Jurídico, mediante escrito presentado el 23 de enero de 2018, cursante de fs. 733 a 739 vta., señaló que:
- i)El art. 2 de la RM 070/2007, establece el cálculo del Diferencial de Ingresos, mediante una fórmula que fue aplicada en su momento por el Ente regulador;
- ii)El Diferencial de Ingresos, consiste en la compensación económica de recursos que otorga YPFB a las empresas de refinación beneficiadas "...por la elaboración de crudo reconstituido (RECON) y gasolinas blancas, con capacidad de procesamiento menor o igual a 5.000 barriles por día en base a la información técnica, mismo que comienza a calcularse a partir del mes de enero de 2011, hasta la aprobación del Decreto Supremo N° 3080 de 08 de febrero de 2017" (sic);
- iii)La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, apartándose por completo de la normativa legal establecida, declaró probada en parte la demanda contenciosa, respecto a la controversia 3, instruyendo a la ANH se considere dentro del cálculo una nueva variable consistente en la depreciación por avalúo;
- iv)De acuerdo al art. 362.I de la CPE, los contratos suscritos con las empresas públicas o privadas en materia hidrocarburífera no pueden implicar pérdida para YPFB o el Estado;
- v)La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia 459/2016 incorporó un nuevo elemento a la fórmula para el cálculo del Diferencial de Ingresos, consistente en la depreciación por revalúo, lo que ocasionará el incremento del monto inicialmente calculado hasta en un 100%, duplicando el importe que correspondería por concepto de Diferencial de Ingresos, probando millonarias pérdidas a YPFB y al Estado;
- vi)Al aplicar por analogía normas de carácter tributario para la conceptualización y comprensión del revalúo, no consideró la materia objeto de la controversia, las normas especiales que rigen la materia y el art. 8.III del Código Tributario Boliviano (CTB) que establece que en virtud a la analogía no pueden modificarse normas existentes; y,
- vii)La referida Sentencia, ocasionará un menoscabo en el pago de beneficios a favor de la sociedad, como el bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy, así como en el ámbito fundamental de la exploración y explotación.
Asimismo, en audiencia indicó que:
- a)En materia regulatoria las normas están claras y son concretas, estableciendo en el art. 100 de la Ley de Hidrocarburos (LH) los parámetros por los cuales regirá el diferencial de ingresos;
- b)La fórmula elaborada por el Ministerio de Hidrocarburos a través de la "RM 70" tuvo el cuidado de establecer todo y cada uno de los componentes señalados por la indicada Ley, por lo que no corresponde aplicar por analogía otras normas;
- c)Se vulneró el art. 362.I de la CPE, al incrementar un componente en la fórmula que ocasiona que los contratos suscritos estén en desmedro de los intereses de YPFB y del Estado; y,
- d)El Tribunal Supremo de Justicia al disponer aplicar la analogía, no tomó en cuenta que no se estaba ingresando a analizar el orden tributario, sino el regulatorio en materia de hidrocarburos; la normativa del ramo no establece que ante vacíos legales pueda aplicarse la analogía; y, el art. 8 parágrafo 3 del CTB no puede usar esta última para modificar normas legales, por lo que solicitó se conceda la tutela impetrada.
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