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TCP

0163/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
26 de abril de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0163/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0163/2019-S1 Sucre, 26 de abril de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 25644-2018-52-AAC Departamento: Pando

En revisión la Resolución de 11 de septiembre de 2018, cursante de fs. 280 a 281, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rodrigo Choque Solares contra Santiago Delgadillo Villalpando, Presidente; Juan Luis Cuevas Guagama, Vocal Permanente; Alfredo Miguel Vilca Conde y Javier Freddy Huanca Tintaya, Vocales Suplentes, todos del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; y, Juan Carlos Villafuerte Flores, Presidente; Miguel Ángel León Escobar, Vocal Permanente; y, William Castañeta Cruz, Vocal suplente, todos del Tribunal Disciplinario Departamental de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de julio de 2018, cursante de fs. 191 a 196 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 17 de octubre de 2017, se inició de oficio en su contra proceso administrativo disciplinario policial, por la supuesta infracción del art. 14.4 y 17 -entiéndase de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB [Ley 101 de 4 de abril de 2011])-, que textualmente refieren: ""...Recibir como consecuencia de las funciones policiales dádivas y otros beneficios personales..."" (sic); y, ""...Ser encontrado en Flagrancia cometiendo acciones delincuenciales dolosas o con vinculación con personas del Hampa, comprometiendo gravemente la imagen y prestigio institucional"" (sic); proceso en el cual el 30 de octubre del mismo año, el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando -cuyos integrantes son hoy codemandados-, mediante Resolución Administrativa (RA) 046/2017 de 30 de octubre, resolvió absolverle de la infracción establecida en el art. 14.4 de la citada Ley; y, sancionarle con baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación por la vulneración al art. 14.17 del cuerpo legal señalado.

Como antecedentes señala que, desde el inicio del desarrollo investigativo se vulneraron su derecho a la defensa y la garantía a la igualdad procesal, al efectuarse actos investigativos que no respondían a la realidad de los hechos e incumpliéndose los plazos procesales establecidos en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana; en razón a que el Fiscal policial, no remitió la acusación al Tribunal Disciplinario Departamental de Pando -hoy codemandado- dentro del plazo de cuarenta y ocho horas previsto en la norma.

Así, la señalada RA 046/2017, vulneró su derecho al debido proceso y la garantía a la igualdad procesal, por cuando a partir del art. 91.f de la LRDPB, debió efectuar el análisis y valoración de las pruebas producidas por las partes; sin embargo, el Tribunal Disciplinario Departamental de Pando -ahora codemandado-, se limitó a efectuar una transcripción de las pruebas de cargo sin asignarles un valor para generar convicción sobre la falta que se le atribuyó; omitiendo valorar la prueba de descargo que ofreció haciendo única mención a que presentó un memorial aparejando prueba, sin señalar por qué la misma no servía o desvirtuaba la falta atribuida; soslayando fundamentar y motivar su decisión. Asimismo, en el análisis de las declaraciones de cargo, -concretamente- sobre la declaración del Tte. Mauricio Molina de la Torre, asumió que "...el Pol. Rodrigo Choque Solares fue sorprendido cometiendo acciones delincuenciales como es el entregar la motocicleta INCAUTADA a altas horas de la noche..." (sic), sin que exista prueba fundamentada que determine que participó del hecho, cuando jamás incurrió en dichas acciones delincuenciales; y, ante la exclusión probatoria formulada sobre el secuestro ilícito de un celular y remisión a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para ser sometido a pericias sin informarse al Ministerio Público, la misma fue rechazada pese a tener conocimiento de su ilicitud.

Ante tal determinación, el 10 de noviembre de 2017 presentó recurso de apelación contra la RA 046/2017, que fue resuelto -mediante Resolución 062/2018 de 11 de mayo- por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana -cuyos integrantes son hoy demandados-, sin que se efectúe una valoración correcta de los fundamentos esgrimidos en dicha apelación, bajo el argumento de que la misma solo contenía elementos fácticos y no cumplía con los requisitos del art. 97 de la LRDPB, denotándose que no revisaron la referida impugnación de forma integral; toda vez que, en la misma se hizo mención de forma clara a las omisiones ilegales y vulneración de derechos en las que incurrió el Tribunal inferior; omitiendo la previsión del art. 99.f de la citada Ley, en cuanto a la observancia de fundamentación legal que dé lugar a la Resolución, al haber efectuado una transcripción textual de la apelación planteada y la respuesta del Fiscal policial, para con escuetos argumentos declarar improbada la mencionada impugnación, confirmando la RA 046/2017 e incumpliendo los arts. 29.a y b; y, 99 incs. d), e) y f), ambos de la aludida Ley -relacionados con el contenido de la resolución de apelación-.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, alega como lesionados el derecho al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación; y, la garantía a la igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga la nulidad de la RA 046/2017 de "07/11/2018" -lo correcto es 30 de octubre de 2017-; y, la nulidad de la Resolución 062/2018, que ratifica dicha determinación; y, en consecuencia se efectúe un procesamiento debido y transparente, respetando los derechos y garantías consagrados en la Norma Suprema y la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

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