Texto del fallo
Texto de la resolucion
Sucre, 20 de septiembre de 2021
Expediente: 41128-2021-83-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Oruro
En revisión la Resolución de 24 de mayo de 2021, cursante de fs. 225 a 227, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Manuel Barrientos Fernández en representación legal de la empresa Proveedora de Maquinarias, Insumos y Servicios Sociedad Anónima (PROMISA S.A.) contra Tomás Gonzales Cayo y Florencio Condo Cari, ex y actual Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pampa Aullagas del departamento de Oruro.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 30 de abril y 17 de mayo de 2021, cursantes de fs. 186 a 199 vta.; y, 214 a 224 vta., el accionante manifestó que, el acto ilegal que sustenta la presente acción de defensa es la falta u omisión de pago por parte del referido Gobierno Autónomo Municipal, por concepto de venta de un equipo pesado, resultado de un proceso de contratación que concluyó con la Resolución Administrativa de Adjudicación 01/2019 de 3 de julio y el Contrato Administrativo 002/2019 de 12 de agosto, que estableció la modalidad de pago contra entrega; por lo que, dentro del plazo acordado cumplió con el objeto del Contrato, siendo el equipo entregado el 26 de agosto de 2019, con la correspondiente factura, también se canceló las obligaciones tributarias a causa de la emisión de esa factura, que generaron erogaciones económicas a la empresa que representa.
Señala que, la falta de pago del equipo ocasionará daños irreparables e irremediables, pues al no contar con esos recursos se estaría con una alta probabilidad de incumplir el pago de salarios, lo que provocará el despido de varios trabajadores; asimismo, será imposible cubrir los gastos propios del funcionamiento de la citada empresa y cumplir las obligaciones periódicas que se tiene con distintas entidades financieras, siendo inminente el cierre de las operaciones y el inicio de procesos judiciales y coactivos.
El tiempo de espera del pago del equipo ocasionó un gasto en intereses bancarios, lo que implica el poco margen de utilidad que se preveía por la venta del equipo pesado fue absorbido por el pago de intereses bancarios, generando falta de liquidez económica, que induce a realizar reducciones en gastos de otros rubros. La falta de pago no tiene sustento ni asidero legal alguno, pues no existe precepto legal que avale o sustente la demora o la omisión de pago, ingresando dicha omisión en vías de hecho, pues el referido Gobierno Autónomo Municipal debió cumplir los plazos establecidos en el aludido Contrato Administrativo.
La entidad municipal desde el 26 de agosto de 2019, debió efectuar el pago acordado, es decir, la suma de Bs740 300.- (setecientos cuarenta mil trescientos bolivianos); empero, únicamente canceló el monto de Bs296 120.- (doscientos noventa y seis mil ciento veinte bolivianos), siendo que el contrato establece que el pago total se realizaría contra entrega. Posteriormente, por insistencia de pago, el citado Gobierno Autónomo Municipal canceló la suma de Bs200 000.- (doscientos mil bolivianos), persistiendo un saldo de Bs244 180.- (doscientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta bolivianos).
Ante el incumplimiento de pago, se realizó una denuncia al Concejo Municipal como instancia de fiscalización, sin que la misma hubiera surtido efecto, pues continuaron en su posición de no pagar el monto adeudado; por lo que, la omisión de pago de un proyecto totalmente cumplido al 100% constituye una privación arbitraria de los bienes o del patrimonio de la empresa.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
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