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TCP

0163/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
16 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0163/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0163/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 52476-2023-105-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 03/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 177 vta. a 181 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Albaro Choque Pérez, Jimmy Carlos Aguilar Espíndola, Juan Pablo Sánchez Gómez, Jaredt Vargas Cruz, Josué Moisés Arias Torrez, Sebastián Méndez Sevilla, David Grageda Tali, Isidro Zelaya Fernández, Juan José Valdivia Montenegro y Luis Mateo Hurtado Gutiérrez contra Iván Manolo Lima Magne, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, entonces Ministros de Justicia y Transparencia Institucional y de Gobierno respectivamente; Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, Jhonny Omar Chávez Bascope, Comandante Departamental de la Policía Boliviana y Julio Baldivieso Baldivieso, Comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) estos últimos de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2022, cursante de fs. 3 a 19 vta., los accionantes a través de su representante sin mandato, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incendio, robo agravado, asociación delictuosa, tenencia y porte o portación ilícita, instigación pública a delinquir y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en audiencia de medidas cautelares de 15 de noviembre de 2022, expusieron pruebas con la que demostraron que no tuvieron participación alguna en el incendio de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, debido a que algunos ya se encontraban aprehendidos en ese momento y otros no tenían relación alguna con el hecho, porque no se encontraban en el lugar indicado; de ahí que, el Ministerio Público formuló la imputación formal sin la debida motivación y fundamentación; toda vez que, se limitó a identificarlos, omitiendo precisar su participación en el hecho investigado. Denunciaron nulidad de la imputación y actos de tortura durante su aprehensión en instalaciones de la Policía Boliviana; sin embargo, estos actos no fueron investigados por la citada institución, el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio Público ni por Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy codemandado-, inobservando su obligación de investigar dichos actos.

En la audiencia de medidas cautelares, el Juez de control jurisdiccional dispuso su detención domiciliaria entre otras medidas; pese a que, invirtió la carga de la prueba en su contra, para demostrar su inocencia y la inconcurrencia de los riesgos procesales; además, tergiversó los hechos y omitió valorar la prueba que presentaron, así como pronunciarse respecto a la legalidad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público y la imputación formal; asimismo, no consideró que la SCP "276/2018" prohíbe la aplicación de medidas cautelares sustentadas en suposiciones y conjeturas, como ocurrió en su caso.

Habiendo formulado recurso de apelación -contra el Auto de 15 de noviembre de 2022-, el Vocal codemandado resolvió dicha impugnación a través del Auto de Vista 508 del citado mes y año, revirtiendo la detención domiciliaria -para Albaro Choque Pérez, Sebastián Méndez Sevilla, Isidro Zelaya Fernández y Luis Mateo Hurtado Gutiérrez- y disponiendo su detención preventiva en el centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz; no obstante, dicha determinación de alzada es injusta, infundada, irracional, arbitraria e incongruente; en razón a que, el prenombrado no consideró los agravios que formularon, los cuales estaban referidos a la falta de fundamentación, valoración errónea e incongruente de la prueba y ausencia de individualización de su participación en el hecho investigado, transgrediendo de esa manera los principios de legalidad y seguridad jurídica; así como la proporcionalidad y razonabilidad de la decisión asumida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación y congruencia, vinculado al principio de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), y en audiencia de garantías complementaron el elemento de valoración de la prueba, sin citar disposición constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga:

  1. a)Su inmediata libertad;
  2. b)Dejar sin efecto el Auto de Vista -508- de 25 de noviembre de 2022 dictado por el Vocal codemandado, debiendo este emitir nuevo fallo, determinando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; asimismo, librar inmediatamente el mandamiento de libertad en su favor;
  3. c)El cese de las persecuciones ilegales, detenciones arbitrarias, actos de intimidación y amenazas por ejercer su derecho a la protesta y a la libertad de expresión, de pensamiento y asociación; y, de la injerencia de los Ministerios de Gobierno y de Justicia y Transparencia Institucional en las actuaciones judiciales;
  4. d)La protección de su vida y libertad;
  5. e)Responsabilidad penal para los que cometieron torturas y ataques inhumanos; y,
  6. f)La reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 3 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 170 a 177 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes a través de su representante, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que:

  1. 1)El Vocal codemandado omitió valorar la prueba de descargo consistente en documentos y videos, los cuales acreditan que cuando se incendiaba la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, se encontraban en sus domicilios, de donde salieron al promediar las 15:30 a 16:00 horas;
  2. 2)La indicada autoridad fue inducida en error, debido a que el informe de acción directa y el acta de requisa, falsamente refieren que fueron aprehendidos al interior de dicho predio y que en sus mochilas portaban palos, explosivos, armas blancas y objetos contundentes, con los que hubieran perpetrado los delitos endilgados y documentos; sin embargo, los videos presentados como prueba acreditan otra cosa;
  3. 3)En el caso de Jimmy Carlos Aguilar Espíndola, se demostró que éste salió de su domicilio a horas 15:23; es decir, posteriormente al referido incendio;
  4. 4)En el video se advierte que Juan Pablo Sánchez Gómez y Josué Moisés Arias Tórrez, no fueron aprehendidos en esa sede sindical; es más, a éste último lo detuvieron en el centro de la ciudad, específicamente en la calle René Moreno y Republiqueta, con Bs250.- (doscientos cincuenta 00/100 bolivianos) y las llaves de su vivienda, sin ningún tipo de arma u objeto contundente;
  5. 5)El Ministerio de Gobierno y el de Justicia y Transparencia Institucional carecen de legitimación "pasiva y activa" para intervenir en la acción de libertad, y como terceros interesados no pueden hacer uso de la palabra;
  6. 6)El codemandado Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fue quien emitió el Auto de Vista cuestionado sin la debida motivación y fundamentación, omitiendo valorar prueba; y,
  7. 7)Sebastián Méndez Sevilla, es un periodista que el día y lugar de los hechos se encontraba cubriendo una nota periodística, quien fue incriminado sin sustento fáctico alguno.
I.2.2. Informe de la parte demandada

Iván Manolo Lima Magne, entonces Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, por informe cursante de fs. 25 a 26 vta. del Anexo, y ratificado en audiencia, manifestó que:

  1. i)Dicha repartición gubernamental no se apersonó al referido proceso penal, por lo que desconoce el mismo y los actos investigativos desarrollados;
  2. ii)La parte accionante, antes de acudir a la jurisdicción constitucional debió agotar los mecanismos intraprocesales, en atención a la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad;
  3. iii)Los impetrantes de tutela no acreditaron que sus vidas estén en peligro, ilegalmente perseguidos o indebidamente procesados; de manera que, al no haber acreditado la concurrencia de las causales de procedencia de la acción de libertad, previstas en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), es improcedente; y,
  4. iv)No es evidente que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) realizó actos de hostigamiento y persecución contra los peticionantes de tutela; por lo expuesto, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.

Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, entonces Ministro de Gobierno; a través de sus representantes, por informe escrito cursante de fs. 8 a 12 vta. del Anexo, ratificado en audiencia, refirió que:

  1. a)Los impetrantes de tutela no acreditaron la concurrencia de las causales de procedencia de la acción de libertad; toda vez que, se limitaron a desarrollar una larga transcripción de sentencias constitucionales plurinacionales y fragmentos de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin establecer su vinculación con el caso concreto así como de la audiencia cautelar; además, su propio relato de los antecedentes fácticos del "paro cívico";
  2. b)No individualizaron la manera en la que se lesionó los derechos fundamentales de cada uno de los diez impetrantes de tutela;
  3. c)Tampoco se precisó las partes del Auto de Vista cuestionado que vulneran los derechos de los nombrados; situación que pone en indefensión a los accionados, porque no conocen con precisión el reclamo respecto a cada uno de los prenombrados; y,
  4. d)No basta identificar a los derechos presuntamente transgredidos sino que debe demostrarse la forma en que los accionados provocaron dicha lesión; por lo manifestado, pidió la denegatoria de tutela.

Jhonny Omar Chávez Bascope, Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz, mediante su representante, por informe escrito cursante de fs. 72 a 73 vta., ampliado en audiencia, manifestó que:

  1. 1)Las movilizaciones en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra afectaron el derecho a la libertad de locomoción de la ciudadanía; razón por la cual, la Policía Bolivia realizó operaciones tácticas para evitar mayores daños;
  2. 2)Sebastián Méndez Sevilla, manifestó que no está de acuerdo con lo manifestado en la acción de libertad; en ese sentido, es necesario determinar si dicha acción tutelar fue interpuesta con su consentimiento, a objeto de determinar la responsabilidad de quien la suscribió en su nombre;
  3. 3)En la acción de libertad se cuestiona el Auto de Vista 508, ya que su persona carece de legitimación activa; y,
  4. 4)Las aprehensiones de los impetrantes de tutela se efectuaron en el marco del art. 277 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en ese sentido, encontrándose aperturada una causa penal contra los prenombrados, estos deben acudir ante el Juez de control jurisdiccional para realizar sus reclamos; por lo expuesto solicitó que se deniegue la tutela impetrada.

Roger Rider Mariaca Montenegro, entonces Fiscal Departamental de Santa Cruz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 30. Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe alguno ni concurrió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 35.

Julio Baldivieso Baldivieso, Comandante de la UTOP Santa Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 33.

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