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TCP

0164/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
16 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0164/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0164/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 52625-2023-106-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 021/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 46 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fernando Arispe Crespo contra Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 24 a 26, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio suicidio, el 23 de noviembre de 2022, el Juez de Instrucción Cautelar Cuarto de la Capital del departamento de Oruro celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares, disponiendo su detención preventiva debido a una supuesta concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), relativo a la obstaculización en la averiguación de la verdad.

Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, mediante Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ahora demandada, confirmó íntegramente la Resolución apelada, señalando que el juez de instancia, habría valorado la conducta integral del imputado, incluso su accionar previo a la reunión desarrollada en su oficina.

Por lo señalado, considera que la Vocal demandada, incurrió en una inadecuada valoración de los antecedentes porque, si bien en la reunión en su oficina dijo: "...sino se comportan bien la víctima y la testigo, se llamaría a la fuerza pública...", esa advertencia respondía al carácter impulsivo de la víctima y de su abogada y no tenía nada que ver con el hecho que se investiga, tampoco se consideraron los elementos de prueba ni los fundamentos presentados en audiencia, ordenando una detención preventiva desproporcionada en contradicción a la normativa penal, sin hacer mención alguna a los principios de favorabilidad y progresividad, tampoco consideraron que la carga de la prueba correspondía a la parte acusadora conforme al art. 231 bis del CPP.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus vertientes de presunción de inocencia, a la motivación y fundamentación, valoración de la prueba y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia:

  1. a)Se deje sin efecto el Auto de Vista 336/2022 de 2 de diciembre; y,
  2. b)Se disponga la procedencia de su apelación y en el plazo más breve posible, se emita una nueva resolución disponiendo y dando por enervado el núm. 2) del art. 235 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública de 13 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 36 a 45 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que:

  1. 1)La Vocal demandada no realizó fundamentación propia, se limitó a señalar "...estar de acuerdo con el criterio y la posición adoptada por el A quo..." (sic), no expuso las razones por las que la misma sustenta su decisión; lo cual, repercute en una resolución sin motivación;
  2. 2)Tanto la Vocal demandada como la Jueza, aplicaron retroactivamente el riesgo de obstaculización, pues la reunión con la que sustentaron su detención preventiva se produjo un mes y un poco más antes que fallezca la víctima, pero no han invocado norma alguna que les habilite a actuar de esa forma;
  3. 3)Al inicio de la audiencia de medidas cautelares, denunció que fue aprehendido en su oficina mediante allanamiento con policías bajo amenazas y permaneció detenido por más de ocho horas, casi veinticuatro horas; empero, la autoridad judicial rechazó su reclamo sin efectuar un análisis adecuado de los hechos denunciados, omitiendo pronunciarse de manera fundamentada sobre la legalidad de la aprehensión; y,
  4. 4)Fue tratado como culpable desde un inicio, sin considerar la presunción de inocencia.
I.2.2. Informe de la parte demandada

Rocío Celia Manuel Choque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe escrito presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 34 a 35 vta., señaló que:

  1. i)El impetrante de tutela no consideró que la tutela al debido proceso en acciones de libertad, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino que está reservado para aquellos casos que estén vinculados con la libertad física o de locomoción; caso contrario, debe ser tutelado por la acción de amparo constitucional; por lo que, no basta con señalar la vulneración de un derecho, sino, que se debe argumentar y motivar de manera suficiente;
  2. ii)Si bien el accionante señala escuetamente y solo de manera enunciativa que no se hubiera realizado una adecuada valoración de los elementos de prueba y de una falta de fundamentación del Auto de Vista cuestionado, esto no basta, sino, que debe existir una argumentación suficiente a efectos de establecer la existencia de lesión a algún derecho, principio o garantía constitucional por la suscrita Vocal;
  3. iii)El accionante pretende revalorizar la prueba pero la jurisdicción constitucional no es una instancia revisora, solo procede si hay arbitrariedad, apartamiento de razonabilidad y uso de prueba inexistente;
  4. iv)Respecto al agravio contenido en el núm. 2 del art. 235 del CPP, se evidenció que sí existían elementos suficientes para ver que concurre ese riesgo procesal, pues existe una testigo plenamente identificada -Janet Soria Pardo, tía de la fallecida-, quien relató que hubo amenazas, intimidación; además, se realizó una valoración integral considerando que es válido analizar los hechos en conjunto, no es retroactividad, sino que es una valoración integral de hechos previos; y,
  5. v)A través de esta acción tutelar, se están introduciendo nuevos argumentos como la observación de la inexistencia de elementos probatorios para acreditar el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP, que no se denunció ante el juez cautelar y menos ante la suscrita Vocal.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Ronald Martin Armando Vargas en representación del Ministerio Público, por informe oral, cursante de fs. 43 vta. a 44, solicitó se deniegue la tutela impetrada manifestando que:

  1. a)En lo sustancial, la investigación seguida contra el accionante no constituye persecución ilegal ni procesamiento indebido, sino, que se sustenta en elementos indiciarios, principalmente la declaración de una testigo presencial, quien refirió la existencia de actos de coerción y amenazas ejercidos contra una mujer que posteriormente se quitó la vida;
  2. b)Si bien el accionante no sería autor directo del hecho, su conducta se encontraría vinculada bajo la figura de cooperación en el ilícito investigado, adecuándose preliminarmente al tipo penal de homicidio suicidio, conforme a los elementos cursantes en el cuaderno de investigación;
  3. c)En las audiencias cautelar y de apelación, se acreditaron los presupuestos establecidos en el art. 233 del CPP, así como la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del mismo cuerpo normativo, referido a la posibilidad de influir negativamente en testigos, debido a actos de intimidación atribuidos al imputado;
  4. d)Si bien el requerimiento fiscal inicial solicitó detención preventiva por cuatro meses, la autoridad jurisdiccional, en aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad, dispuso su reducción a dos meses; plazo dentro del cual, el Ministerio Público deberá concluir la etapa investigativa;
  5. e)Con relación a las denuncias de vulneración de derechos, sostuvieron que no existió aprehensión ilegal ni persecución indebida, señalando que el accionante fue conducido a dependencias policiales y posteriormente aprehendido conforme a procedimiento y dentro de los plazos legales establecidos en el art. 226 del CPP; y,
  6. f)El solicitante de tutela no identificó ni fundamentó de manera clara los derechos presuntamente vulnerados, limitándose a invocar genéricamente el debido proceso; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela impetrada y se mantengan firmes las resoluciones emitidas por la autoridad demandada.
I.2.4. Resolución

La Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital de departamento de Oruro en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del citado departamento, por Resolución 021/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 46 a 56 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

  1. 1)El accionante denunció un supuesto procesamiento indebido, alegando vulneración del debido proceso en sus vertientes de presunción de inocencia, fundamentación, proporcionalidad y valoración de la prueba; sin embargo, del análisis del Auto Interlocutorio de medidas cautelares y del Auto de Vista cuestionado, se evidenció que ambas resoluciones se encuentran debidamente fundamentadas y motivadas, con una valoración integral de los elementos indiciarios;
  2. 2)Se verificó que la concurrencia del presupuesto material del art. 233.1 del CPP fue sustentada en elementos de convicción como declaraciones testificales y otros indicios que permiten inferir la probable participación del imputado, sin que en esta etapa se requiera prueba plena;
  3. 3)En cuanto al riesgo procesal de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, se estableció que el mismo fue acreditado en base a hechos objetivos, como la existencia de una reunión en la que se habrían producido amenazas a la víctima y testigos, lo cual fue valorado integralmente por las autoridades jurisdiccionales;
  4. 4)Se determinó que los agravios del accionante se dirigen a cuestionar la valoración probatoria y la determinación de riesgos procesales, aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no pueden ser revisados mediante la acción de libertad; y,
  5. 5)Esta acción tutelar no constituye una instancia adicional para revisar decisiones judiciales ni sustituir la labor de la justicia ordinaria, correspondiendo al accionante; en su caso, enervar los riesgos procesales a través de mecanismos propios como la cesación a la detención preventiva.

En vía de complementación, el accionante indicó que:

  1. i)No se analizó su cuestionamiento respecto a la aplicación del riesgo de obstaculización, ya que el hecho utilizado para sustentar dicho riesgo ocurrió antes del inicio de la investigación; por lo que, considera que se aplicó indebidamente y de forma retroactiva el art. 235.2 del CPP;
  2. ii)No se explicó ni fundamentó bajo qué norma legal se puede valorar conductas anteriores a la apertura de la investigación para sustentar un riesgo procesal;
  3. iii)No se dio respuesta a su denuncia de aprehensión ilegal; y,
  4. iv)Tampoco se verificó si la Vocal demandada resolvió o no estos reclamos, omitiéndose pronunciamiento al respecto.

Al respecto, la Jueza de garantías señaló que:

  1. a)La Vocal demandada sí dio respuesta a los cuestionamientos planteados, indicando que la valoración de las circunstancias del hecho no se limita al momento de la imputación formal, sino que puede considerar conductas previas del imputado;
  2. b)Asimismo, explicó que la imputación formal se sustenta en una investigación previa que incluye hechos anteriores y que existen mecanismos legales para impugnar dicha imputación si se considera indebida; y,
  3. c)En cuanto a la denuncia de aprehensión ilegal, sostuvo que este aspecto debía ser reclamado y resuelto ante el juez cautelar en ejercicio del control jurisdiccional; instancia en la cual, ya habría sido atendido.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

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