Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0165/2020-S1 Sucre, 27 de julio 2020
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 30707-2019-62-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 03/2019 de 23 de agosto, cursante de fs. 72 a 74, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Victoriano Justo Apaza contra Oscar Vargas Cayna y Hugo Roque Presidente y Tesorero respectivamente, del Comité de Aguas Potables " Gral. Armando Escobar Uría" Distrito 5 de Ocobaya de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 15 de agosto de 2019, cursante de fs. 9 a 12, el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En la necesidad de contar con el elemento vital de agua potable, él y su hermana tuvieron que obtener, "dos acciones" (sic) del Comité de Aguas Potables "Gral. Armando Escobar Uría" de Ocobaya de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, que amplió sus instalaciones a la comunidad de "Quiaconi Rancho", por las cuales cancelaron Bs800.- (ochocientos bolivianos), para cubrir los trabajos de instalación de agua, conforme se demuestra por recibo que les fue entregado el 25 de enero de 2019; en consecuencia, se procedió a la instalación del líquido elemento en sus domicilios.
Empero, por razones que desconocen, de forma arbitraria, ilegal y sin motivo alguno, el 29 de julio de 2019 el Comité de Aguas Potables, les cortó el suministro de agua; por lo que, se apersonaron a las oficinas de los Responsables Directivos, Oscar Vargas Cayna y Hugo Roque; Presidente y Tesorero respectivamente del Comité de Aguas Potables "Gral. Armando Escobar Uría" Distrito 5 de Ocobaya de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, para solicitar explicaciones por el corte efectuado, pero los responsables no dieron razones, y de forma alevosa indicaron que el servicio de agua potable permanecería cortado y que ellos podían ir a quejarse a donde quisieran.
Intentaron hacerles entender que no podían prohibirles del servicio de agua potable, porque es un derecho que se encuentra protegido por la Constitución Política del Estado, en sus artículos 13, 14, 373 y 374; y, Sentencias Constitucionales que amparan el uso de este recurso hídrico vital para la vida, incluso acudieron ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua Potable y Saneamiento Básico, para denunciar esta situación, quienes dieron orden de reconexión; empero, los demandados hicieron caso omiso; por lo que, platearon la presente acción de amparo constitucional, a efectos que cesen los actos arbitrarios y se restituya el suministro de agua potable.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Considera lesionado su derecho al agua, citando al efecto los arts. 373 y 374 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se disponga, la inmediata restitución del servicio de agua potable en su domicilio, ubicado en la comunidad de "Quiaconi Rancho".
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 23 de agosto de 2019; según consta en el acta cursante de fs. 69 a 71 vta.; produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
El abogado de la parte accionante, en audiencia, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional. I.2.2. Informe de las personas demandadas
Oscar Vargas Cayna, Presidente del Comité de Aguas Potables "Gral. Armando Escobar Uría" de Ocobaya de la provincia Sud Yungas, en audiencia manifestó que:
- a)Fue electo para ejercer el cargo el "8 de julio" y conoce al accionante porque, el anterior Director del Comité, señaló que el domicilio donde se realizó el corte del suministro de agua potable, no es la residencia habitual del impetrante de tutela, y que tendría otro domicilio donde vive de manera habitual, en el cual tiene agua potable;
- b)El accionante realizó la solicitud de conexión, pero esta no se encuentra con la autorización de todos los miembros del Comité de Aguas; toda vez que, fue el mismo solicitante de tutela, quien en su condición de Presidente se autorizó la conexión en su momento y fue en asamblea que se habría decidido realizar el corte de suministro de agua, al haber sido declarada clandestina, porque no contaba con la autorización del funcionario que debe realizar la conexión, y las tuberías utilizadas no cumplían con los estándares exigidos y autorizados por el Comité;
- c)Dicho corte del suministro no habría sido arbitrario; puesto que, se basaron en el estatuto y reglamento del Comité de Aguas, específicamente en el art. 39 que les faculta a suspender el agua cuando se trata de conexiones clandestinas; y,
- d)Respecto a la denuncia de corte de agua realizada a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), quienes ya habrían coordinado para otorgar una solución amistosa al demandante de tutela, bajo el compromiso que acepte su accionar y reconozca las atribuciones del Comité de Aguas, "extremos que debían resolverse en asamblea que se iba a convocar recién ese mes" (sic).
Hugo Roque Tesorero del Comité de Aguas Potables "Gral. Armando Escobar Uria" Ocobaya del departamento de Sud Yungas, no compareció a la audiencia programada, ni presentó informe alguno, pese a su legal citación cursante de fs. 33 a 35.
I.2.3. Resolución del Juez de garantías
El Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani de la Provincia Sud Yungas, del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2019 de 23 de agosto, cursante de fs. 72 a 74, declaró "improbado" el recurso de acción de amparo constitucional, fundamentando que:
- 1)El actual presidente del Comité de Aguas, Oscar Vargas Cayna, informó que para la conexión del servicio de agua potable existe un procedimiento, debiendo toda persona que desee obtener el servicio, presentar una solicitud ante el Comité referido como primer presupuesto, para la autorización, la misma debe estar firmada y refrendada por todo el directivo del citado Comité como segundo presupuesto, tercero se autoriza el pago, la conexión debe ser realizada por un plomero certificado y autorizado por el Comité mencionado y debe responder a ciertos estándares respecto al uso del tipo de tuberías y de la forma de conexión;
- 2)El accionante efectivamente hubiera presentado su solicitud de ingreso a la cooperativa; sin embargo, se advierte que dicha solicitud hubiera sido autorizada por el mismo en su calidad de ex presidente del comité de aguas; por lo tanto no se hubiera cumplido con el primer presupuesto, porque no se encontraría autorizado por el total de sus miembros o por lo menos la mayoría;
- 3)Respecto al segundo presupuesto existiría un pago de Bs800.-(ochocientos bolivianos), aspecto que no fue negado por el demandado;
- 4)Respecto al último presupuesto, el accionante no demostró contar con la autorización de un funcionario acreditado y la conexión no cumplía con el uso de tuberías estandarizadas, y que el demandante habría realizado una conexión clandestina con tubería que no responde a los parámetros establecidos por el Comité de Aguas, por lo que los directivos aplicaron el art. 39 de su Estatuto y Reglamento frente a conexiones clandestinas y procedieron a la suspensión temporal del suministro de agua potable;
- 5)Respecto a la denuncia ante la AAPS, estos ya habrían resuelto realizar nuevamente la conexión, siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos y los estándares solicitados por el Comité referido y que reconozca la autoridad que tiene el mismo; por lo que la problemática ya hubiera sido resuelta en la vía administrativa; y,
- 6)Si bien es cierto que el suministro de agua potable es un servicio que se encuentra vinculado al derecho a la vida; empero, en un Estado de derecho todos los ciudadanos tienen la obligación de cumplir con los requerimientos legales, y si una vez cumplidos aún se le negara el acceso al agua, ahí se denotaría la vulneración de derechos, pero el impetrante no cumplió con los requerimientos legales para obtener el servicio; por lo que, no podía alegar vulneración de sus derechos, y no considera que el demandado haya realizado el corte de manera arbitraria, sino en cumplimiento de un estatuto y reglamento, que el solicitante en su condición de ex presidente del Comité, no puede alegar su desconocimiento; por tanto, no corresponde conceder la tutela.
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