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TCP

0165/2026-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
29 de septiembre de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Auto Const. P. 0165/2026-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0165/2026-O Sucre, 29 de septiembre de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 40758-2021-82-AAC Departamento: Tarija

En la queja por sobrecumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Horacio Celsinio Gutiérrez Siles contra Oscar Rossinver Loayza Colque, Jefe Distrital Comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Regional Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por sobrecumplimiento

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2024, cursante de fs. 305 a 308 vta., el Jefe Distrital Comercial de YPFB Regional Tarija -ahora activante de queja por sobrecumplimiento- interpuso impugnación en contra del Auto Interlocutorio 197/2024 de 9 de septiembre ,argumentando que dicho Auto Interlocutorio es ajeno a los fundamentos y razones legales y dispositivas enunció de la que dispuso: "1º Conceder la tutela con relación a los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la vida.

  1. a)Disponer la inmediata reincorporación del accionante -hoy activante de queja- al mismo cargo y nivel salarial..." (sic), que conforme a ello refirió que se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, al efectivizarse la reincorporación del accionante al mismo cargo y nivel salarial, conforme a lo siguiente: a) De la documentación anexada a la queja por sobrecumplimiento de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, se acreditó que el accionante -hoy activante de queja- desempeñaba funciones como trabajador en YPFB Regional Tarija, sujeto a Contrato a plazo fijo, con único contrato signado con el GTHC-UCO-007672/2020, de 6 de mayo de 2020, con vigencia desde el 6 de mayo al 31 de diciembre de 2020, adjuntando copia de la Nota GTHC-DS-0319/2020 de 28 de julio; por la cual, se le asignó nuevas funciones como Auxiliar Administrativo de "EE.SS.", con el mismo nivel salarial, cargo que desempeñó hasta la conclusión del contrato de trabajo el 31 de diciembre de 2020;
  2. b)Se puso en evidencia que no existió despido de parte de YPFB, el accionante habría continuado asistiendo a la empresa por algunos días más posteriores a la finalización de su contrato; razón por la cual, el Tribunal Constitucional Plurinacional a tiempo de reconocer la estabilidad laboral en revisión de la Resolución, de acción de amparo constitucional que le negó la tutela, lo hizo bajo las mismas condiciones, precautelando el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; en razón, a que el accionante estaba sujeto a un único contrato de trabajo a plazo fijo; por lo cual, se cumplió la reincorporación bajo la misma modalidad. Al margen de lo expuesto, el Auto Interlocutorio 197/2024, que ahora se impugna a tiempo de analizar el cumplimiento del inciso a) de la parte dispositiva de la , determinó "...se ordena que la reincorporación del accionante al mismo cargo y nivel salarial sea a través de un Contrato Indefinido, precautelando su derecho a la inamovilidad laboral en razón a la discapacidad de su hijo menor de edad..." (sic). Esa determinación implica el sobrecumplimiento de lo ordenado en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional; ya que, resulta claro que el trabajador estaba sujeto a un contrato temporal a plazo fijo y continuó trabajando por algunos días más; siendo alegado por el accionante a tiempo de demandar la protección constitucional, poniendo de relieve que la estabilidad laboral implica la permanencia en la fuente laboral; empero, ello no conlleva la conversión de contrato a plazo indefinido: lo cual, fue erróneamente determinado en el Auto Interlocutorio 197/2024. Siendo pertinente señalar que existen precedentes jurisprudenciales como la , que resolvió un asunto sobre la conversión de contrato de plazo fijo a plazo indefinido, figura jurídica que tiene su propio tratamiento en derecho laboral y respecto a dicha figura la , no contiene análisis alguno porque jamás fue parte de la pretensión del -ahora activante de queja- en efecto la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, manda y ordena de manera literal la reincorporación del activante de queja al mismo cargo y nivel salarial; sin embargo, si el Tribunal Constitucional Plurinacional a tiempo de resolver en revisión lo hubiese hallado justo y legal se encontraba plenamente habilitado para ordenar la conversión del contrato; empero, no lo hizo porque nunca fue parte de la pretensión del accionante, correspondiendo el resguardo del principio de congruencia "tantun devolutum cuantum apellatum". En ese mismo sentido, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, debe dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional; ya que, la determinación asumida por la referida Sala Constitucional, que ejecuta el fallo genera un sobrecumplimiento de lo dispuesto, conforme al ;
  3. c)El Tribunal Constitucional Plurinacional, fue maliciosamente inducido en error por el accionante al pretender alcanzar la estabilidad laboral a través de la conversión de contratos, aspecto que no fue objeto de análisis en la , correspondiendo que lo resuelto en el Auto Interlocutorio 197/2024, sea revocado por el Tribunal Constitucional Plurinacional;
  4. d)La citada Sentencia Constitucional Plurinacional en el inc. b), determinó expresamente "El pago de los haberes devengados desde el día de su desvinculación hasta el día de la reincorporación efectiva a su fuente laboral, más el pago de derechos laborales que correspondan" ; (sic) de lo cual, dicha Sentencia ordenó no solamente el pago de los salarios devengados sino también el pago de derechos laborales que correspondan, razón por lo que, YPFB a través de memorial de informe de sobrecumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional expresó la voluntad de cumplir con lo determinado en dicho fallo, no obstante a ello solicitó la regulación y cuantificación de los conceptos y cantidades que serán cancelados al accionante como efecto del cumplimiento de la , en razón a que YPFB, se encuentra sujeta al régimen de la responsabilidad por la función pública; por lo que, requieren contar con un monto líquido, exigible regulado judicialmente más aun si existe un proceso ordinario interpuesto por el accionante que se encuentra en curso; el cual, no ha concluido con resolución ejecutoriada, instaurado antes de la emisión de la "...sentencia constitucional pronunciada en revisión..." (sic), donde se demandó la reincorporación laboral y el pago de los derechos laborales, aspecto que obliga como entidad estatal a respaldar de manera clara los pagos a efectivizarse;
  5. e)Por lo expuesto, pidió la aplicación de lo determinado por el art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el inc. b) de la parte resolutiva de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, solicitando que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, ejecutora, establezca los conceptos laborales reconocidos y la cuantificación que deberá ser cancelada en favor del accionante por incumplimiento a efectos de proceder al pago ordenado; empero, el Auto Interlocutorio 197/2024, omitió pronunciarse y resolver sobre lo expresamente solicitado por YPFB, solo se limitó a realizar una transcripción textual de lo dispuesto en la , sin que en ejecución se pronuncie sobre lo expresamente peticionado por YPFB, en cuanto a los conceptos laborales y su cuantificación que deberá cancelarse en favor del activante de queja e ignoró pronunciarse sobre la necesidad de garantizar se evite una doble percepción de recursos públicos, error que no puede ni será aceptado por YPFB, en vista de que el daño económico que se podría producir al Estado, no será excusable por el cumplimiento de una sentencia constitucional y/o resolución judicial de cualquier tipo;
  6. f)En efecto, en el presente caso, el pago ordenado por la , no se hizo con exención de cumplimiento de la normas legales y reglamentarias, tampoco se ordenó que la liquidación se practique por el accionado o autoridad administrativa alguna; por lo tanto, la única autoridad legalmente habilitada para realizar dicha liquidación es la Sala Constitucional "Segunda" del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y,
  7. g)Pidió se revoque el Auto Interlocutorio 197/2024, disponiendo que la Sala Constitucional ejecutora proceda a la regulación de los salarios devengados y derechos laborales a cancelar.
I.1.2. Petitorio

Solicita que se remitan los antecedentes, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, para que previos a los trámites de ley, revoque el Auto Interlocutorio 197/2024, y se declare "NO HA LUGAR" a la queja por incumplimiento de la -presentada por el accionante-, disponiendo que la Sala Constitucional ejecutora proceda a la regulación de los salarios devengados y derechos laborales que correspondan cancelar.

I.2. Respuesta a la denuncia de sobrecumplimiento

Horacio Celsinio Gutiérrez Siles, no emitió respuesta alguna, con relación a la queja por sobrecumplimiento, pese a su notificación cursante a fs. 329. I.3. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, -con la aclaración que se convocó a su similar de la Sala Constitucional Segunda del referido Tribunal- mediante Auto Interlocutorio 252/2024 de 4 de noviembre, cursante de fs. 324 a 328, resolvió NO HA LUGAR a la queja por sobrecumplimiento de la , presentada por el Jefe Distrital Comercial de YPFB Regional Tarija; bajo los siguientes fundamentos:

  1. 1)Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2024, cursante de fs. 305 a 308 el ahora activante de queja por sobrecumplimiento, planteó impugnación contra el Auto Interlocutorio 197/2024, cuya determinación asumida implica ordenar el sobrecumplimiento de lo dispuesto en la ; ya que, resulta claro que el trabajado -accionante-, se encuentra sujeto a un contrato temporal a plazo fijo, quien alegó que continuó trabajando por algunos días más, a tiempo de solicitar la protección constitucional, poniendo de relieve que la estabilidad laboral implica la permanencia en la fuente laboral; lo cual, no conlleva la reconversión del contrato a plazo fijo a contrato indefinido, siendo -ese aspecto- erróneamente determinado en el Auto Interlocutorio 197/2024;
  2. 2)La queja por sobrecumplimiento de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional planteada por la entidad accionada, se centra en que, la Sala Constitucional Primera, no consideró que la , manda y ordena de manera literal la reincorporación del accionante al mismo cargo y nivel salarial y que si el Tribunal Constitucional Plurinacional a tiempo de resolver en revisión lo hubiera pretendido o hallado justo y legal, se encontraba plenamente habilitado para ordenar la conversión del contrato, pero no lo hizo; porque, nunca fue parte de la pretensión del accionante; por lo que, correspondía que la Sala Constitucional Primera dé estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional sin aumentar o disminuir lo dispuesto por el mismo;
  3. 3)Del referido reclamo, corresponde verificar qué dispuso la , en ese entendido de la revisión, efectuó el siguiente análisis :"...en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y de ejecución inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, Y.P.F.B., esta impelido a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto por esta instancia constitucional, en este sentido, debe reincorporar al accionante al mismo cargo y nivel salarial; así como el pago de todos los beneficios sociales y sueldos devengados desde su desvinculación, so pena de ser inclusive sancionado por el Tribunal de garantías, conforme dispone el indicado art. 17 del CPCo, que con la finalidad de garantizar el cumplimiento podrá efectuar las siguientes acciones:
  4. i)Requerir la intervención de la fuerza pública,
  5. ii)Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda,
  6. iii)Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, finalmente iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley conforme determina el art. 127 de la CPE; consecuentemente, en el caso de un supuesto incumplimiento de la parte accionada, la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija constituida en Tribunal de garantías debe activar las medidas requeridas; máxime, cuando en el caso presente la decisión asumida se otorga la tutela sobre los derechos a la inamovilidad laboral, derecho al trabajo, a la vida y salud que afectan directamente a la familia con incidencia directa al hijo menor de Horacio Celsinio Gutiérrez Siles que presenta la condición de discapacidad..." (sic);
  7. 4)La referida Sentencia Constitucional Plurinacional, dispuso con relación al derecho laboral lo siguiente: "...En el presente caso, Horacio Celsinio Gutiérrez Siles, ahora peticionante de tutela, mediante memorial de 21 de septiembre de 2020, dirigido a Richard Botello, Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B. Tarija; y, Nota de 25 de septiembre ambos del citado año, dirigida a Hugo Efrain Rivera, Distrital Comercial Tarija (Conclusiones II.7. y II.8.), hizo conocer la discapacidad de su hijo y presentando el ?Carnet de Discapacidad', mediante el cual se evidencia su tipo de deficiencia; corroborando de esta forma la inamovilidad laboral de la que goza por la condición del menor a su cargo. De esta forma, se establece que Y.P.F.B. tenía conocimiento sobre la situación del menor, tras haberse demostrado su condición. En ese entender, la autoridad demandada inobservó la normativa y jurisprudencia vigente atinente a los trabajadores con inamovilidad laboral por ser persona que tiene a su cargo un menor con discapacidad, realizando su desvinculación sin tomar en cuenta los antecedentes mencionados, vulnerando de esa forma el derecho a la inamovilidad laboral del ahora accionante, motivo por el cual corresponde conceder la tutela reforzada a su favor.

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