0166/2022-S1

Solicita se conceda la tutela solicitada; y, en consecuencia, se disponga:

1. a)Dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 011/2019 de 25 de marzo; y,
2. b)Que los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental dicten una nueva Sentencia, confirmando la Resolución Administrativa RA-SS 0942/2016 de 4 de mayo, emitida por el INRA.

Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasguido, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, presentaron el informe escrito que cursa de fs. 291 a 293, manifestando lo siguiente:

1. 1)La acción de amparo interpuesta resulta ser extemporánea, ya que mediante decreto de "18 de agosto de 2019", se dispuso que con carácter previo a considerar la admisión, la parte accionante debe complementar y aclarar la demanda; sin embargo, presentó su memorial de subsanación el 6 de enero de 2021, es decir fuera del plazo de tres (3) días establecidos en el indicado decreto; por lo que, piden se verifique por Secretaría dicho extremo, y en caso de evidenciarse la presentación extemporánea, se tenga como no presentada la acción tutelar interpuesta;
2. 2)Sin perjuicio de lo peticionado anteriormente, el argumento del INRA en sentido que no se podría considerar el derecho del interesado Alex Cabrera Cabrera, que deriva del expediente agrario 33968 denominado "Miguel Ángel" en el proceso de saneamiento del predio "Cañuelar IV", porque no recae en el área de saneamiento, carece de sustento lógico y jurídico, toda vez que no existe ningún informe técnico que sostenga ese extremo, es por ello que la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 011/2019 de 25 de marzo, dispuso que se consideren los resultados de la reposición del expediente 33968, antes de proceder a negar o no el derecho del administrado;
3. 3)En lo relativo a que según el accionante, no correspondía el reconocimiento de la actividad forestal para cumplimiento de la FES, si no hay antecedente agrario; se tiene que esta reclamación tienen estrecha relación con la anterior y nuevamente se constata que el INRA da por hecho y presume sin un sustento sólido la inexistencia de antecedente agrario sobrepuesto al predio objeto de saneamiento, sin que previamente constate tal extremo, mediante la consideración de los resultados de un trámite de reposición de expediente que determine la existencia de antecedente agrario. Se puede advertir que la Sentencia ahora cuestionada, en ningún momento desconoce el art. 170 del DS 29215, sino que constata que se vulneraron los derechos del administrado, quien tiene todo el derecho a que se demuestre la existencia o no de antecedente agrario, para que en función a ello recién se aplique dicha norma; por lo que, las pretensiones del INRA invocando forzadamente presuntas vulneraciones al debido proceso y a la seguridad jurídica, no tienen asidero legal y fáctico, menos las invocaciones a los principios de concentración y celeridad, que no están vinculados a ningún derecho o garantía constitucional y que son mal entendidos por el accionante, pretendiendo que el concentrar los actuados y acelerar la tramitación, resulta ser más importante que el retrotraer un procedimiento mal llevado; y,
4. 4)Se percibe de manera clara que el INRA, mediante esta acción pretende dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental, buscando eludir sus responsabilidades como autoridad encargada de la realización del saneamiento legal de la tierra, ya que la referida Sentencia Agroambiental contiene toda la carga argumentativa para sostener sus determinaciones, manteniendo congruencia interna y externa, cita de leyes infringidas y los derechos constitucionales resguardados; por lo que piden se deniegue la tutela solicitada.

Javier Gil Justiniano, en representación legal de Alex Cabrera Cabrera, por memorial presentado el 22 de febrero de 2021, cursante de fs. 189 a 192, señaló lo siguiente:

1. i)La presente acción fue interpuesta el 16 de octubre de 2019, y al no cumplir con los requisitos mínimos, se conminó a la parte accionante subsanar las observaciones en el plazo de tres (3) días, bajo alternativa de aplicarse el art. 30.I.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), sin embargo la parte accionante pese a su legal notificación, recién el 7 de enero de 2021, después de un año tres meses subsana dicha observación, por lo tanto se debe tener por no presentada la demanda;
2. ii)Sin perjuicio a lo referido precedentemente, indica que la acción presentada, únicamente se limita a efectuar una relación de los antecedentes del saneamiento y del proceso contencioso administrativo, sin que exista una relación precisa de cómo la Sentencia ahora objetada habría vulnerado derechos y garantías constitucionales, tampoco es claro su petitorio, por lo que la acción no cumple con los elementos esenciales para su interposición, la misma que debe ser rechazada;
3. iii)La parte accionante refiere que el expediente agrario 33968 del predio denominado "Miguel Ángel" no se sobrepone al predio mensurado; además que se encontraría desplazado y que este hecho no habría sido motivado ni fundamentado en la Sentencia ahora cuestionada. En relación a este punto, el argumento del INRA es una transcripción idéntica del memorial de respuesta a la demanda contenciosa administrativa, aspectos sobre los cuales las autoridades ahora demandadas se han pronunciado de manera motivada, fundamentada y congruente;
4. iv)En lo que respecta a que la Sentencia ahora cuestionada habría omitido valorar el Informe Técnico 274/2012 y el Legal 0677/2013, en los que se establecería que el predio denominado "Cañuelar IV" no se sobrepondría a ningún expediente agrario; sin embargo, existe también el Informe Técnico 017/2018, emitido por el profesional especializado Geodesta del Tribunal Agroambiental, el que concluye señalando que no existe una precisión técnica exacta que compruebe o afirme que efectivamente sería cierto tal desplazamiento, existiendo duda razonable al respecto, la misma que debe favorecer al administrado;
5. v)La Sentencia ahora impugnada en ningún momento omitió fundamentar respecto a la función social de la propiedad, conforme se evidencia en el último Considerando de los Fundamentos Jurídicos del fallo; y,
6. vi)Corresponde aclarar que el expediente agrario 33968 del predio denominado "Miguel Ángel", titulado a nombre de Miguel Ángel Murillo Peñaranda y Jorge Germán Murillo Peñaranda, fue fraccionado y transferido en cuatro (4) propiedades denominados "Cañuelar I" a nombre de Luis Fernando Justiniano Gally, "Cañuelar II" a nombre de Carlos Romero Quiroz, "Cañuelar III" a nombre de Timoteo Callejas, y "Cañuelar IV" a nombre de Alex Cabrera Cabrera; estas cuatro propiedades fueron afectadas con la emisión de la Resolución Final de Saneamiento dictada por el INRA, interponiéndose de manera separada demanda contenciosa administrativa, declarándose en todos los casos probada la demanda; sin embargo, pese a ser casos idénticos, el INRA en los tres primeros casos en ningún momento objetó dichos fallos; haciéndolo solo en el presente caso, pretendiendo generar inseguridad jurídica; por lo que pide se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 49/2021 de 5 de marzo, cursante de fs. 245 a 248, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos:

1. a)Esta Sala Constitucional, entiende que el único requisito exigido por la jurisdicción constitucional cumplido por el INRA fue identificar derechos y garantías; sin embargo, no ha cumplido con la labor establecida por la jurisprudencia constitucional respecto a la valoración de la prueba cuando se cuestiona el método valorativo de la misma, en ese sentido la Sentencia Constitucional Plurinacional 038/2018-S2, enseña que en caso de solicitarse la cuestión valoratoria probatoria, el accionante deberá demostrar cómo y en qué medida las autoridades se apartaron de los márgenes de razonamiento y equidad que marcan la valoración razonada de la prueba, estableciendo con claridad cuál o qué medio probatorio ha sido omitido, por lo que la Sala entiende que respecto a la valoración de la prueba, la tesis expuesta por el accionante no es sólida, por lo que el criterio de las autoridades demandadas respecto a la figura repositoria del expediente y con el análisis de esta figura que tiene que ver esencialmente con el derecho de acceso a la justicia, debería pronunciarse el INRA, por lo que se ha dejado sin efecto una Resolución Administrativa constriñéndole a que provea el acto procesal administrativo y lo valore en sus términos, decisión que no puede significar una lesión a la valoración de la prueba, cuando el Tribunal Agroambiental lo que ha buscado en el caso concreto ha sido la uniformidad de los actos procesales, precisamente bajo las reglas de concentración;
2. b)El INRA evade el principio de relevancia constitucional, esta Sala considera que no existe el cumplimiento del segundo universo de requisitos para alegar la inobservancia de la valoración de la prueba, esto es, una valoración racional de la prueba, por lo que la decisión emitida por las autoridades agroambientales cumple con la suficiente fundamentación y motivación de la decisión y no se aparta de los límites de razonabilidad y equidad que uniforma las decisiones jurisdiccionales y en consecuencia, no existe mérito para la concesión de la tutela planteada.

La parte accionante denuncia que la Sentencia Agroambiental S2 011/2019 de 25 de marzo, vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones, valoración de la prueba; y, los principios de seguridad jurídica, concentración y celeridad; al considerar que las autoridades demandadas, basaron su determinación en un aspecto formal, referido a que en el proceso de saneamiento se emitió un Informe en Conclusiones que hubiera ignorado la tramitación de la reposición del expediente agrario 33968, que correspondería al predio "Miguel Ángel" y que resultaría ser el antecedente del derecho propietario del predio "Cañuelar IV"; es decir, asumen esa determinación porque el INRA no hubiera esperado la conclusión de un proceso de reposición del expediente agrario señalado; además que el INRA debió valorar el cumplimiento de áreas efectivamente aprovechadas en actividad forestal; sin embargo, la Sentencia Agroambiental no ha tomado en cuenta el Informe Técnico 274/2012 de 14 de junio, el cual refiere que el indicado predio no se sobrepone a ningún expediente agrario, no se acredita posesión anterior a la promulgación de la Ley 1715, y tampoco considera los informes Técnicos emitidos por Geodesta del Tribunal Agroambiental que cursan en el proceso contencioso administrativo. Por lo que solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga:

1. i)Dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2 011/2019 de 25 de marzo; y,
2. ii)Que los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental dicten nueva Sentencia confirmando la Resolución Administrativa RA-SS 0942/2016 de 4 de mayo, emitida por el INRA.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas:

1. a)De la fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
2. b)La valoración de la prueba, facultad privativa de la jurisdicción ordinaria; y,
3. c)Análisis del caso concreto.

Respecto al contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre1, desarrolló las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y/o motivada, ya sea judicial, administrativa o cualesquier otra, que resuelva un conflicto o una pretensión:

1. i)El sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado, conformada por: i.a) La Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, i.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia de los principios de constitucionalidad y de legalidad;
2. ii)Lograr el convencimiento de las partes, que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. iii)Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación;
4. iv)Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad; posteriormente, a través de la SCP 0100/2013 de 17 de enero²2, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; cual es:
5. v)La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos.