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TCP

0166/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
16 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0166/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0166/2026-S3 Sucre, 16 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 52705-2023-106-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 43/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 65 a 68, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental; Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia; y, José Luís Molina Zuazo, Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, todos del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, cursante de fs. 40 a 44 vta., el accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de autoridad jurisdiccional dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rubén Marca Ticona, por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y estupro cometido contra la adolescente AA, quien se encuentra detenido preventivamente; el proceso penal cuenta con acusación formal 04/2022 de 31 de agosto, por el delito de estupro y con Resolución de Sobreseimiento 001/2022 de 13 de septiembre, por el ilícito de trata de personas.

La citada acusación formal fue remitida al Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; sin embargo, el legajo fue devuelto por Auto Interlocutorio 5/2022 de 13 de septiembre; aduciendo que, conforme sus competencias le corresponde sustanciar el proceso por el delito de estupro; no obstante, en la hipótesis que se revoque la Resolución de Sobreseimiento 001/2022 por el ilícito de trata de personas sería de conocimiento de un Tribunal de sentencia, y lo que pretende es evitar un conflicto de competencia a posterior.

Posteriormente, su autoridad dictó la providencia de 21 del referido mes y año, conminando a la Fiscal de Materia -codemandada- a que en el plazo de veinticuatro horas de su notificación informe sobre el cumplimiento estricto del art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a la remisión de la aludida resolución de sobreseimiento al Fiscal Departamental de La Paz -demandado- y si ésta fue ratificada o revocada; por memorial de 23 de ese mes y año, en respuesta, mencionó que con el referido actuado procesal las partes fueron notificadas el 13 del citado mes y año. El 19 de octubre del señalado año, se celebró la audiencia de cesación a la detención preventiva del imputado y se constató que la autoridad Fiscal codemandada no cumplió con el indicado art. 324 del Adjetivo Penal; por consiguiente, ordenó se oficie a la máxima autoridad de la Fiscalía Departamental; sin embargo, al no tener una contestación a través de la providencia de 9 de noviembre de 2022, por segunda vez se conminó al aludido Fiscal Departamental para que en el plazo de veinticuatro horas informe sobre la ratificación o revocatoria de la Resolución de Sobreseimiento 001/2022; misma que, fue recepcionada el 15 de igual data; es así que, las prenombradas autoridades fiscales habiendo transcurrido dos meses desde la emisión de la citada Resolución no cumplieron con lo dispuesto por el art. 324 del CPP y el correspondiente pronunciamiento.

Mediante Auto Interlocutorio 491/2022 de 19 de octubre, se designó como tutor ad litem al Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto de La Paz -codemandado-, para que ejerza defensa legal a favor de la víctima adolescente; al advertirse que, Justina Ramos Mamani, progenitora de la prenombrada presuntamente hubiese firmado un acuerdo transaccional o conciliación; decisión que, vulnera lo previsto en el art. 157. IV del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), profesional abogado que pese a tener conocimiento de lo referido líneas superiores no realizó ningún tipo de acción legal para la prosecución y continuidad con el proceso penal o en favor de la víctima.

Conforme al control jurisdiccional que ejerce al ser el Juez de la causa, facultad prevista por el art. 54.1 del CPP; planteó la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al evidenciar la vulneración de los derechos de la libertad del imputado; al acceso a la justicia y la debida diligencia de la víctima.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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Tribunal Constitucional Plurinacional16 de marzo de 20260166/2026-S3Fuente oficial