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TCP

0167/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
24 de abril de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0167/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0167/2019-S2 Sucre, 24 de abril de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 25753-2018-52-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 424/2018 de 20 de septiembre, cursante de fs. 94 a 98, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, ex Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia en representación de Yola Yesenia Zabaleta Salazar contra Ronald Edwin Sánchez Viscarra y Saúl Fernando Torrico Calderón, Directores Nacionales Personal y Administrativo, respectivamente, de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10 y 14 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 19 a 26; y, 33 a 34 vta., el representante de la accionante expresa lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Al culminar sus estudios en la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), su representada fue incorporada a la Policía Boliviana, mediante Memorándum 0057/2018 de 2 de enero, con el ítem de Policía de Línea, estableciendo que la misma debía ponerse a disposición del Comando Departamental de la Policía de Oruro; siendo destinada en forma posterior, por Memorándum 1144/2018 de 10 de marzo, en cumplimiento al Memorándum 013/2018 de 27 de febrero, para desempeñar funciones en el Comando Departamental de Pando.

Ante la sospecha de un posible embarazo, su defendida acudió a la Caja Nacional de Salud (CNS), a efectos de realizarse una revisión médica y análisis, que confirmó su estado de gestación de cinco a seis semanas corroborado por el certificado médico respectivo; razón por la que, acudió al Servicio Social de la Policía Boliviana, para comunicar su situación, emitiéndose un informe por parte de la Dirección Departamental de Salud y Bienestar Social, de 16 de marzo de 2018, en sentido a que tiene toda su familia en Oruro, incluyendo a su pareja, no teniendo en Cobija a nadie que la pueda socorrer ni prestar los cuidados que requiere una mujer embarazada; por lo que, se recomendó respetar el derecho a la inamovilidad laboral por estado de gravidez. En forma ulterior, el 20 de ese mes y año, su representada comunicó formalmente su estado de gestación al Director Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana, pidiendo su cambio de destino, adjuntando a ese objeto el certificado médico e informe social referidos; solicitud que no fue contestada, aspecto que motivó que estuviera obligatoriamente en Pando, a fin de que no se le instaure un proceso por deserción.

Agrega que, presentando una serie de síntomas de un embarazo de alto riesgo, reiteró su pedido de cambio de destino, el 7 de mayo de 2018, sin ser la misma atendida ni respondida; existiendo incluso, un informe de 2 de julio del mismo año, del Departamento de Salud y Bienestar de Pando; por el que, refiere que la accionante se encuentra sola y alejada de su núcleo familiar, teniendo que incurrir en gastos que afectan su economía y los cuidados de su salud, razones por las que se sugirió su traslado a Oruro; aun así, dichos extremos no fueron tomados en cuenta, habiendo sido internada su representada de emergencia dado que su salud empeorada, en el Hospital de la CNS de Pando, bajo atención médica permanente.

En reunión de 11 de junio de 2018, el Director Nacional de Personal, señaló de manera expresa que no se concedería el cambio de destino, porque "nadie se muere de un embarazo"; por lo que, tampoco existiría pronunciamiento sobre los subsidios; sin considerar que la propia jurisprudencia constitucional establece que la inamovilidad laboral de la que gozan las mujeres embarazadas, no solo está relacionada al despido injustificado de la madre hasta el año de nacimiento del hijo, sino también en los supuestos en los que se le reduce el salario o se la cambia de ubicación, con afectación a su situación, por cuanto, en el caso de su representada, no cuenta con soporte familiar en Cobija, y sus gastos en dicha ciudad son aún mayores, obviando que una mujer en esta etapa necesita protección, apoyo emocional y contención familiar, cuestiones que al no ser consideradas la afectan de manera física, psicológica y económica, al no tener asistencia oportuna como en el caso que fue internada de emergencia, sin contar con algún familiar o amigo que pudiera ayudarla en dicha contingencia, que además según informe médico, se produjo por trasladarse en motocicleta, medio de transporte que se usa frecuentemente en Cobija, y que puso en riesgo a la madre como a su hijo por nacer.

Finalmente, alude que, el régimen de asignaciones familiares no fue cumplido, por cuanto, desde el quinto mes de gestación no se entregaron los subsidios pre natales correspondientes a la accionante, impidiendo un desarrollo adecuado de la madre y de su hijo, afectando su salud, más aún si el nuevo lugar de trabajo trajo consigo mayores gastos, desde alquiler, transporte y alimentación, viéndose todo también afectado por la ausencia de entrega de los subsidios referidos. Aclarando que, en cuanto al tema del cambio de destino, se demanda al Director Nacional de Personal, y en el tema inherente a los subsidios no entregados, al Director Nacional Administrativo, ambos de la Policía Boliviana.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante a través de su representante, estima lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral (por cambio de ubicación en el desarrollo de sus funciones) y a la entrega de asignaciones familiares, citando al efecto los arts. 15, 45.I, III y V; y, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela que impetra; y, en consecuencia:

  1. a)Se deje sin efecto el Memorándum 1144/2018, reincorporando a su representada a sus funciones en el Comando Departamental de la Policía de Oruro, a efecto que desempeñe las mismas en dicho radio urbano, conforme efectuó 1 de enero, y el 10 de marzo; de 2018. A ese mismo fin, se desestime también el Memorándum 013/2018; y,
  2. b)Se efectivice el pago de subsidios prenatales a favor de su defendida, a partir del quinto mes de embarazo; es decir, por los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, el 20 de septiembre de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 86 a 93 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar. Resaltando que, desde el momento de la notificación a los demandados, con la acción de amparo constitucional (misma que además se diligenció con dificultad por la renuencia que presentaron), los mencionados hostigaron a su representada y a su pareja, indicándoles a través de terceras personas que, ya existiría un Memorándum de cambio de destino de Cobija a Oruro, y que debía ir hasta Cobija para hacerse notificar con el mismo, obviando que, la impetrante de tutela está pronta a dar a luz, amenazándola incluso en sentido que si no se hacía presente en Cobija, se dejaría sin efecto, resultando claro que, la emisión del memorándum extrañado, es una argucia para que la acción de defensa sea declarada improcedente, siendo que, posteriormente, no se efectivizará el cambio de destino solicitado; debiendo tomarse en cuenta que, para que se considere la cesación de los efectos del acto reclamado, como causal de improcedencia, el acto ilegal debe ser dejado sin efecto y restablecerse los derechos vulnerados, antes de la notificación con la demanda tutelar y ser comunicado asimismo, a la parte agraviada, lo que no aconteció en el caso de autos. De otro lado, precisó que, pese a que la peticionante de tutela hizo conocer su estado de embarazo a la parte demandada, no se consideraron los riesgos que conllevaban su cambio de destino, más aun en Cobija, ciudad en la que como único medio de transporte se tiene el moto taxi, producto del que "se abrió su útero y casi pierde a su hijo o a su hija", adjuntando a ese efecto, la ficha de internación respectiva que demuestra aquello. Por otra parte, debe efectuar mayores gastos, cuestión agravada al no haberle pagado ni un subsidio pre natal, adeudándole hasta la fecha, cuatro subsidios, obviando que, éstos se hallan dirigidos a proveer alimentación a la madre y al ser en gestación. Finalmente, y advirtiendo la actitud de los demandados a partir de su notificación con la acción de defensa, ampliaron el petitorio, requiriendo que se ordene el cese de cualquier tipo de represalia de amedrentamiento contra la accionante o su pareja, al interior de la institución policial, en la que prestan ambos funciones.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

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