0167/2023-S3

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia:

1. a)Se anule y deje sin efecto la RA de 3 de septiembre de 2021; y,
2. b)Se ordene al Registrador de DD.RR. del departamento de Santa Cruz la restitución del Asiento A-4 de 24 de mayo de 2021 del Casillero de Titularidad sobre el Dominio, correspondiente a la inscripción de su derecho propietario sobre el inmueble de su propiedad.

La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido de la acción de amparo constitucional, y ampliando en audiencia, manifestó que:

1. 1)La autoridad accionada obró de forma arbitraria e ilegal, por cuanto sin que exista orden judicial que ordene o se le encomiende que cambie de situación, o cancele o anule un registro que ya se encontraba debidamente inscrito en el Asiento A-4 de la matrícula 7.03.1.01.0001947 de -24- de mayo de 2021, sobre un bien inmueble ubicado en la localidad de San Ignacio de Velasco, U.V. 4, manzano 6, lote 22, con una extensión superficial de 1 410 m2, en copropiedad con el hoy tercero interesado -Marcelo Justiniano Roca- efectuada en virtud a la Resolución Judicial de "11" -siendo lo correcto 21- de marzo de 2019, emitida por la Jueza Pública de Familia Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, en la que se realizó la división y partición de bienes gananciales de la comunidad de gananciales que adquirió dentro de la unidad marital con su ex cónyuge;
2. 2)No se podía bajo ningún pretexto cancelar de oficio la inscripción, porque ello no fue ordenado por autoridad judicial y si se pretendían realizar dichos cambios por lo menos debió informar a los copropietarios del inmueble a efecto de que puedan ejercer su derecho a la defensa, emitiendo una decisión debidamente fundamentada, motivada y congruente con los antecedentes del trámite; y,
3. 3)La inscripción se realizó a merced de una resolución judicial debidamente ejecutoriada con autoridad de cosa juzgada y que permitió la inscripción de su derecho propietario; por otro lado, el art. 14 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales -de 15 de noviembre de 1887-, establece que ningún título sujeto a inscripción conforme a esa Ley, surte efectos contra terceros, sino desde el momento de su inscripción, la cual se encuentra debidamente protegida por el art. 1538 del CC al estar debidamente inscrita en registros públicos.

Juan Miguel Velásquez Gutiérrez, Registrador de DD.RR. del departamento de Santa Cruz, por informe escrito, cursante a fs. 64 y vta., manifestó que:

1. i)Mediante decreto de 3 de septiembre de 2021, previa verificación del Sistema Informático de DD.RR., con referencia al Asiento A-4 con present. 6161827 de 21 de marzo de 2019, el cual fue vaciado en el indicado Sistema y se adjuntó una fotocopia legalizada de un proceso familiar por el que adquieren la titularidad Marcelo Justiniano Roca -hoy tercero interesado- y Mirian Paola Ardaya Mejía -impetrante de tutela-;
2. ii)Por Auto de 2 de septiembre de 2021, emitido por la Jueza Pública de Familia Decimoprimera de la Capital del citado departamento, quien hizo referencia a que "...NO EXISTE NINGUNA DISPOSICION DE LA PARTE RESOLUTIVA..." (sic) que haga referencia a la inclusión del derecho propietario del inmueble en cuestión con número de matrícula 7.03.1.01.0001947 a favor de Miriam Paola Ardaya Mejía -peticionante de tutela-, siendo que la causa todavía continuaría en proceso; por lo que, se habría inducido en error al momento del registro del Asiento A-4, el cual debía ser subsanado, ya que ello ocasionaría un perjuicio para el ahora tercero interesado, afectando su derecho propietario e interés legítimo; teniendo en cuenta que existe un requerimiento fiscal de 20 de agosto del referido año; y,
3. iii)En ese entendido se ordenó a la Unidad de Cómputo de DD.RR. proceda al cambio de estado del documento 4702193 con matrícula 7.03.1.01.0001947, Asiento A-4, present. 6161827 de Mesa de Salida a Inscripción para su correspondiente observación.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 30 de 14 de marzo de 2022, cursante de fs. 70 a 71 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La parte accionante tenía dos posibilidades; la primera, cuestionar la resolución -alegada de ilegal- en el ámbito administrativo que corresponderá su tramitación vía impugnación y resolución posterior ente el entonces Juzgado de Partido en lo Civil y Comercial -hoy Juez Público Civil y Comercial-; y por otro lado, acudir ante la Jueza Pública de Familia Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz -Jueza de la causa- que dispuso la orden judicial sobre la propiedad ya que correspondía seguirla a través de esa vía;
2. b)En el caso la parte impetrante de tutela tenía a su disposición la vía en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional del proceso donde emergió la orden ahora cuestionada, y que habría sido mal entendida o ejecutada por el Registrador de DD.RR. del indicado departamento y habría dispuesto más allá de lo ordenado, a fin de proteger el derecho que reclama;
3. c)Pudo haber reclamado ante la Jueza de la causa que ordenó se proceda a la inscripción y cuestionar dicha decisión o en su caso también demandar a esa autoridad judicial; puesto que, lo que se cuestiona es básicamente que la mencionada Jueza ordenó una inscripción en una indebida forma y que la autoridad accionada, en este caso el Registrador de DD.RR. del señalado departamento, procedió de una manera distinta; debiendo ser ese el cuestionamiento ante la Jueza de causa que dispuso cómo debería haberse ejecutado la inscripción; y,
4. d)Si el referido Registrador de DD.RR. incumplió una disposición judicial, debió ser la misma autoridad que dispuso esa inscripción la que subsane dicha situación, en ese sentido queda claro la concurrencia de los presupuestos de subsidiariedad; por cuanto, se pudo acudir al ámbito administrativo, así como ante la Jueza de la causa que dispuso dicha inscripción, pero aun así, si la peticionante de tutela dice haber acudido ante la mencionada autoridad judicial que es el origen de esa resolución, también existe un supuesto de legitimación pasiva; toda vez que, la presente acción de defensa también debió haberse planteado contra la indicada Jueza para que dé una respuesta.