Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0168/2019-S2 Sucre, 24 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 26675-2018-54-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 579/2018 de 12 de noviembre, cursante de fs. 40 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erick Adolfo Orellana Bleher en representación sin mandato de Luis Alberto Orellana Bleher contra Pedro Ledezma Salinas y Maritza Santalla Alvarado, Juez y Oficial de Diligencias, ambos del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octavo de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2018, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante a través de su representante, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso laboral seguido en su contra a instancia de Luis Quispe Blanco, en circunstancias en que salía de una audiencia celebrada en el piso quinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 9 de noviembre de 2018, fue detenido por Maritza Santalla Alvarado, Oficial de Diligencias del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octavo de la Capital del citado departamento -ahora demandada-, con un mandamiento de apremio que no refería dónde debería ser conducido. Ante la duda, la policía, en principio, se negó a conducirlo; empero, por la insistencia de la funcionaria judicial lo llevaron al Centro Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz.
Finalmente, señala que nunca fue notificado con el proceso laboral en el que se pretende obligarle a pagar al demandante Luis Quispe Blanco, quien no trabajó para él, menos para la empresa Constructora Civil Internacional Bolivia Sociedad de Responsabilidad Limitada (COCIBOL S.R.L.); por lo que, no conoce el motivo de su detención, siendo la misma ilegítima, ilegal y con abuso de autoridad, constituyéndose en una persecución indebida, porque además, no fue notificado en su domicilio.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la igualdad procesal, a la libertad y a la "seguridad jurídica", citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se guarden y restituyan las formalidades de rigor, así como su libertad al ser detenido ilegalmente en el Centro Penitenciario San Pedro de la ciudad de La Paz, por un mandamiento de apremio librado por el Juez demandado y ejecutado por la Oficial de Diligencias codemandada.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 12 de noviembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 36 a 39 vta., produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de sus abogados, ratificó el tenor íntegro del memorial de la acción de libertad interpuesta y ampliándolo manifestó que:
- a)Ante la falta de especificidad del mandamiento de apremio respecto al lugar donde debía ser conducido -solo refería que debía ser conducido a la cárcel pública de esta ciudad-, fue trasladado al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz;
- b)El mandamiento contiene además, datos inconsistentes y carece de idoneidad, porque señala que es ordenado por Auto Interlocutorio 317/2018 de 8 de octubre; empero, dicho mandamiento fue librado el 5 de octubre de 2018; es decir, tres días antes, tornándose en uso de instrumento falsificado previsto en el Código Penal y que causa un tremendo daño a la libertad personal;
- c)De la revisión del expediente laboral, de la diligencia celebrada el 2016, se advierte que a Luis Orellana se le notificó en la av. Busch 1874, entre Díaz Romero y Carrasco, en un domicilio erróneo; puesto que, desde el 2016, su domicilio se encuentra en la calle Casimiro Corrales 1070, zona Miraflores de la ciudad de La Paz, conforme al contrato de arrendamiento, recibos de luz, agua e internet, concluyéndose que las diligencias se realizaron en un lugar distinto a su domicilio real;
- d)Con las últimas actuaciones y conminatoria de pago de Bs83 365.- (ochenta y tres mil trescientos sesenta y cinco bolivianos) de 12 de septiembre de 2018, extrañamente se le notificó en la calle 39 de Achumani y Eustaquio Méndez 107, sin que haya justificativo para hacerlo en esa dirección y sin darle tiempo razonable cuando lo hicieron de forma correcta; es más, por negligencia total se pretendió practicar la notificación a la empresa COCIBOL S.R.L. en el domicilio de la zona Obrajes calle 3, donde la numeración empieza en 221 y termina en 565 y no es correlativa; por lo que, se vulneró su derecho a la defensa, a la igualdad procesal y se incurrió en una persecución indebida, debido a que no fue notificado con los actos procesales y por haberse librado un mandamiento irregular e inidóneo;
- e)Mediante instrumento notarial 30/2014 de 24 de enero, otorgado por el Notario de Fe Pública 39 de la ciudad de La Paz, se evidencia que Igor Martin Orellana Bleher es el representante legal de COCIBOL S.R.L., representación que ha sido revocada, y precisamente, por la emisión del mandamiento de apremio, se apersonaron y constataron el incumplimiento de principios básicos como el de verdad material en el proceso iniciado por "Juan" Quispe; y,
- f)Incluso la conminatoria fue notificada en un domicilio que no le corresponde; por lo que, se le provocó indefensión absoluta.
I.2.2. Informes de la autoridad y funcionaria judicial demandadas
Pedro Ledezma Salinas, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octavo de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia, sostuvo:
- 1)Luis Quispe Blanco presentó demanda de pago de beneficios sociales y derechos laborales contra la empresa COCIBOL S.R.L., dentro la cual se declaró rebelde al accionante y se le designó defensor de oficio, precautelando su derecho a la defensa y a la igualdad procesal, emitiéndose la Sentencia 27/2018, disponiendo el pago de Bs83 365,02.- (ochenta y tres mil trescientos sesenta y cinco 02/100 bolivianos) en favor de Luis Quispe Blanco, e ingresando a la fase de ejecución hasta la emisión del segundo mandamiento de apremio con habilitación de días y horas extraordinarias contra el representante legal de la citada empresa; y, su consiguiente ejecución;
- 2)Las diferentes notificaciones practicadas dentro del proceso, se realizaron en el domicilio que señaló el demandante y que cursa en las certificaciones del Registro de Comercio, es decir, en la av. Busch 1874, entre calles Carrasco y Díaz Romero, zona Miraflores; puesto que, la demanda está dirigida a COCIBOL S.R.L.; según informe del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), el domicilio del accionante se encuentra en la calle 3 número 84, departamento 4 zona Obrajes, donde también el impetrante de tutela fue buscado sin ser habido; por lo que, el Servicio de Registro Cívico (SERECI) refirió un último domicilio del representante ubicado en la calle 39 de Achumani, calle Eustaquio Méndez 107, lugar donde se constituyó la funcionaria judicial codemandada para dejar el aviso judicial y la representación, agotando la posibilidad de notificación personal en el domicilio real de la citada empresa y domicilio real de su representante;
- 3)La Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) también certificó que Luis Alberto Orellana Bleher, es el representante legal de la citada empresa, conforme Poder 305/2017 de 19 de julio, lo cual demuestra que no es cierto lo manifestado por la parte accionante;
- 4)Se cumplió a cabalidad con la normativa que rige la materia y con la emisión de mandamiento de apremio en estricta observancia del art. 216 del Código Procesal del Trabajo (CPT); en tal razón, no se lesionó derecho alguno del representante legal de la mencionada empresa, habida cuenta que toda interpretación debe ser efectuada a favor de los trabajadores y cuyo cumplimiento de pago tiene carácter prioritario ante cualquier obligación; y,
- 5)Evidentemente, "...en el segundo mandamiento de Apremio que se emite cursa erróneamente la fecha de 05 de octubre de 2018 cuando legalmente era 05 de noviembre de 2018, error de taipeo atribuible a la Srta. Secretaria justificable por la recargada labor sin embargo es un error que no repercute ni tiene mayor trascendencia ya que la ejecución es el 09 de noviembre de 2018..." (sic). Por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela impetrada. Maritza Santalla Alvarado, Oficial de Diligencias del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octavo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 12, refirió que:
- i)En el lugar y hora indicados por el solicitante de tutela, en cumplimiento de sus funciones le exhibió al nombrado, el mandamiento de apremio y le comunicó que debía conducirlo al Centro Penitenciario San Pedro de esa ciudad; empero, éste opuso resistencia indicando que no era nadie para llevarlo; y, otra persona, quien decía ser su abogado, en aparente estado de ebriedad, le agredió verbalmente, amenazándola con denunciarla; motivo por el cual, solicitó la ayuda de un efectivo policial, mismo que se rehusó a colaborarla, por lo que, tuvo que requerir la ayuda de otro policía, ante quien, el accionante recién accedió a ser conducido al referido Centro Penitenciario;
- ii)En ningún momento utilizó la fuerza, tampoco el personal policial lo enmanilló, al contrario, su persona fue víctima de agresiones; y,
- iii)En la audiencia, agregó que por el apuro de salir y ejecutar el mandamiento de apremio, puesto que el demandante la estaba esperando y el accionante estaba afuera, no le dio tiempo para revisar los errores de fechas y datos en el citado mandamiento de apremio.
I.2.3. Resolución
La Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 579/2018 de 12 de noviembre, cursante de fs. 40 a 44 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado, en el día, emita el mandamiento de libertad y proceda al saneamiento procesal, conforme a los aspectos que se señalaron en la audiencia; amoneste al personal de apoyo judicial; y, si corresponde, derive a proceso disciplinario a los funcionarios que intervinieron en la causa.
Decisión asumida en mérito a los siguientes fundamentos:
- a)En la presente acción de libertad, la suscrita autoridad no puede reparar y sanear el proceso, por cuanto no tiene competencia y no es la vía adecuada; por lo que, corresponde a la autoridad jurisdiccional efectuar dichas labores;
- b)El mandamiento de apremio fue emitido el 5 de octubre de 2018; empero, el Auto Interlocutorio 317/2018 que dispone su emisión, es de 8 de igual mes y año;
- c)Es evidente la carga procesal existente en los juzgados; empero, no es pretexto para la ejecución de un mandamiento de apremio librado en una fecha que no corresponde; así también, el citado mandamiento no tiene consignado dónde será conducido; en tal razón, esta incongruencia de fechas, afectó al derecho a la libertad;
- d)Si bien el mandamiento de apremio no fue elaborado por la autoridad judicial demandada, sino, por el personal de apoyo que justifica el error por las recargadas labores; empero, es innegable que se deben adoptar las medidas necesarias para que los actos judiciales resguarden el debido proceso y la seguridad jurídica, más aún cuando existe la posibilidad de privación de libertad, como en la especie; y,
- e)Estos aspectos deben ser considerados por la autoridad judicial, para amonestar a la Secretaria y a la Oficial de Diligencias del Juzgado a su cargo, que no tuvieron el debido cuidado y que se tradujo en esta acción tutelar por la privación de libertad del accionante mediante un mandamiento de apremio inidóneo.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
Mostrando 26 de 126 parrafos.