0168/2020-S1

El peticionante de tutela en audiencia, a través de sus abogados y apoderados, ratificó los argumentos de la acción tutelar y ampliándola manifestó que:

1. a)El Auto de Vista 30/2019, en su Considerando II, núm. 5 y 6, refiere que en el caso existe complejidad, relacionando la misma con el cambio constante de los fiscales de materia; por lo que no es justificable dicho razonamiento cuando el Auto Supremo 222 de 7 de marzo de 2007, orienta cuando se debe considerar la complejidad del caso y si bien es evidente que hubo cambio de fiscales no existe prueba de que ello hubiere generado que el caso se encuentre sin la participación del Ministerio Público;
2. b)Siendo que la víctima presentó su memorial de contestación a la excepción de extinción de la acción penal fuera de plazo, por el principio de preclusión el Juez queda restringido de poder ingresar a dichos fundamentos y el art. 398 del CPP le restringe al Tribunal de alzada ingresar a los fundamentos del recurrente ahora tercera interesada, porque en su recurso de apelación reclama que se vulneró sus derechos al no contar con una respuesta a sus puntos alegados, entendiendo de ello que según la víctima se le habría agraviado su derecho a obtener una resolución debidamente fundamentada, pero desconociendo los plazos procesales, en ese mérito el recurso de apelación esta fuera de todo contexto, toda vez que, no tiene fundamento jurídico valedero, porque bajo que excepción tendría el Juez que ingresar a analizar los fundamentos de la contestación del recurrente, cuando esta fue hecha fuera del plazo.

Vilma Pinaya Flores, en audiencia por medio de su abogado, señaló:

1. 1)Dentro del plazo previsto planteó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 10/2018, bajo dos fundamentos; el primero denunciando la falta de fundamentación de la referida resolución que declaro probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; y, el segundo que la resolución incurrió en error en cuanto a la aplicación del art. 133 del CPP, ya que la parte contraria equivocadamente parte de una premisa cuya conclusión es falaz, al sostener que al haber presentado fuera de plazo su contestación a la referida excepción, el Juez de instancia no podía atender sus fundamentos y tampoco el superior en grado; sin tomar en cuenta que tiene todo el derecho de cuestionar dicha resolución y aunque en el supuesto de que no hubiera contestado, el Juez tenía la obligación de emitir una resolución debidamente fundamentada y aplicar correctamente la norma, por lo que con ese argumento falaz pretende hacer entrar en error a este Tribunal;
2. 2)En su demanda de amparo constitucional, en ninguna parte ingresa a discutir sobre el contenido del cómputo de los tres años, ni hizo referencia de la "SC 136/2000", pero si lo hace en esta audiencia, pretendiendo con ello vulnerar sus derechos, porque, el razonamiento del ahora accionante no cumple con el principio de la razón suficiente al criticar el Auto de Vista 30/2019;
3. 3)Efectivamente lo que se reclamó en el recurso de apelación, fue la falta de fundamentación, porque el Juez de primera instancia no realizó un análisis correcto, como por ejemplo el cambio de fiscales, de investigadores, la inconcurrencia de los fiscales por su recargada labor y la suspensión de audiencias, que el mismo accionante confiesa haber incurrido al señalar que su inasistencia fue justificada, circunstancias por lo que el proceso fue extendiéndose en el tiempo; y,
4. 4)El otro punto reclamado fue la errónea aplicación del art. 133 del CPP, en el sentido de que no puede aplicarse únicamente por el transcurso del tiempo y declarar la extinción de la acción penal, sino que debe considerarse otros aspectos como los señalados, conforme también establece la amplia jurisprudencia constitucional y además aplicando el principio iura novit cuira.

La Sala Constitucional Primera de la Capital del departamento de Oruro, mediante Resolución 116/2019 de 15 de agosto, cursante de fs. 73 a 77 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)En el primer Considerando las autoridades demandadas, hicieron alusión al Auto Interlocutorio 10/2018, así como a la contestación con los fundamentos expuestos de dicha resolución, que declaró con lugar y probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, interpuesta por el ahora accionante, disponiendo el archivo de obrados;
2. ii)En el segundo Considerando, realizó una exposición con relación a la excepción de extinción, prevista por el art. 133 del CPP, haciendo mención a los actos realizados de parte del Ministerio Público, Órgano Jurisdiccional y a los actos del imputado, respecto del cual enfatizaron que muchas audiencias se hubieran suspendido por inconcurrencia del mismo, señalando que por esa razón ocurrieron dilaciones en la etapa preparatoria;
3. iii)El Tribunal de Alzada, hizo referencia a la 0SCP 0101/2004-R de 14 de septiembre, citando también el AC 0079/2004 de 29 de septiembre, refiriendo que la citada jurisprudencia al presente no mereció ninguna variante para la procedencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso;
4. iv)Entre otros de sus fundamentos, las autoridades demandadas señalaron que "...la conducta del imputado no tendría que haber influido en absoluto, debió ser impoluto y por ultimo ninguna demora en la dilación o falta de principio de celeridad; más adelante hace referencia al inicio de investigaciones, cita también como sustento las Sentencias Constitucionales como la 0551/2010 de fecha 12 de julio, posteriormente hace referencia a lo dispuesto por el Art. 133 del Código de Procedimiento Penal" (sic); y,
5. v)Como se pudo advertir el Auto de Vista 30/2019, ha expuesto los hechos que dieron lugar a esa decisión, y por otro lado citaron las normas legales, sustentándose también en la línea constitucional referente a la procedencia de la extinción de la acción penal; por lo tanto, no se advierte la vulneración del debido proceso en su vertiente de resolución fundamentada.

II.4. Mediante memorial, presentado el 20 de junio de 2018, la ahora tercera interesada, a través de su abogado-apoderado interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 10/2018, exponiendo los siguientes agravios:

1. a)La carencia de fundamentación y motivación en la referida resolución, señalando que en su memorial de contestación a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, hicieron mención a los Autos Supremos 901/2016² de 15 noviembre y 554/2016 de 15 de julio, los cuales ni siquiera fueron aludidos por el Auto Interlocutorio impugnado, siendo ellos importantes, puesto que la interpretación que le dieron al art. 133 del CPP haciendo alusión a las Sentencias Constitucionales señaladas en ellas, no es mecánica, sino, que "mentan" a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que adoptó tres criterios esenciales, como la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales; por ello, no todo proceso que exceda su plazo máximo de duración vulnera la garantía del juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa, en tal sentido existe complejidad del asunto porque se trata de un proceso de violencia intrafamiliar, la impugnación de la resolución que aplicó medidas cautelares por parte del imputado, la suspensión de la audiencia de juicio oral por inconcurrencia del abogado del acusado, ocasionando la suspensión del mismo por casi un mes, aspectos que merecían tener una respuesta individual, que permitan entender por qué no podían ser considerados para el rechazo de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso;
2. b)Error en la aplicación del art. 133 del CPP, puesto que el Auto impugnado no tomó en cuenta que para la procedencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no solamente se debe hacer una subsunción de los datos del plazo fatal del mismo, sino que se debe ponderar otros criterios que en el proceso se suscitaron, tales como que los fiscales que conocieron el presente caso cambiaron por casi cuatro veces y que los mismos suspendieron varias audiencias de juicio oral, por tener que asistir a audiencias en la ciudad de Oruro, que los investigadores asignados al caso también cambiaron por tres veces; asimismo, cuando realizaron la impugnación al sobreseimiento, hubo cambio de fiscales departamentales, los que por la sobrecarga procesal, no expidieron la resolución correspondiente en el plazo señalado; sin embargo, la resolución impugnada solo tomó en cuenta los datos que señaló el acusado en su escrito de extinción, que no fueron ponderados frente a los hechos que consta en el cuaderno de investigación, el de control jurisdiccional y de juicio oral, así como no observaron las SSCC 0101/2004², 0551/2010-R y AC 0079/2004 ECA, que debían ser tomadas en cuenta al momento de emitirse el Auto impugnado (fs. 16 a 17).

II.5. Consta memorial presentado el 2 de julio de 2018 por el ahora accionante, contestando al recurso de apelación planteado por la hoy tercera interesada contra el Auto Interlocutorio 10/2018 que declaró con lugar y aprobada la excepción de extinción de la acción penal, expresando los siguientes argumentos:

1. 1)Sobre lo alegado por la parte recurrente cabe referir que, en cuanto a la complejidad del asunto, no tiene fundamento legal de hecho y de derecho, toda vez que por la naturaleza de los hechos que denuncia, el caso no es nada complejo, ya que se trata de una presunta agresión a su ex esposa, argumentos que la misma no pudo demostrar en la etapa preparatoria, por lo que fue sobreseído, empero la victima impugnó dicha resolución;
2. 2)Respecto a la actividad procesal, alega que su persona dilató el proceso con un recurso de apelación, contra un auto que resolvió la aplicación de medidas cautelares, lo cual es "descabellado", puesto que el derecho a la defensa está garantizado por la Norma Fundamental, normas internacionales y leyes vigentes, y además los recursos de medidas cautelares no tienen efecto suspensivo, por lo que no se podría alegar dilación por ello; por otro lado, la recurrente no fundamento su postulación con pruebas objetivas, haciendo simplemente una apreciación general;
3. 3)Sobre la conducta de las autoridades judiciales, mal se podría alegar que por constantes cambios de investigadores o en su caso de fiscales se causa dilación, toda vez que el Ministerio Público en todo momento contó con personal si no titular, en suplencia, por lo que no se puede justificar con ello la dilación, más aun cuando la misma victima también causó demora, pero no se pronuncian sobre dichos extremos; y,
4. 4)La recurrente en su recurso de apelación alega falta de fundamentación; empero, debe tomarse en cuenta que su memorial de contestación a la excepción de extinción fue presentado fuera de plazo (fs. 18 a 19).

El accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia; toda vez que, los Vocales demandados, revocaron el Auto Interlocutorio 10/2018 de 11 de junio, que declaró probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, planteada por su persona:

1. i)Considerando aspectos que no fueron alegados por ninguna de las partes, como la inconcurrencia a audiencias de su persona o de su abogado, cuando si ello sucedió, fue debidamente respaldado; justificó la dilación atribuida al Ministerio Público, con el argumento de que habrían intervenido varios fiscales, sin tomar en cuenta que dichos cambios fueron simultáneos, dando lugar a los argumentos de la recurrente -querellante- sin ninguna prueba, constituyéndose en una apreciación subjetiva; y,
2. ii)Validó los fundamentos de la contestación a la excepción de extinción de la acción penal realizada por la parte querellante, misma que fue presentada fuera del plazo establecido por ley; consiguientemente, emitieron una resolución ultra petíta, además de no pronunciarse sobre los fundamentos de su contestación al recurso de apelación.